El disidente Wang Dan probablemente será juzgado este mes por subversión, en un caso que servirá para subrayar aun más las anomalías en el sistema jurídico chino, opinaron grupos de derechos humanos y observadores.
"La gestión del inminente proceso de Wang por las autoridades de Beijing revela claramente que el sistema legal es usado para servir los intereses del partido comunista", dijo un diplomático occidental en la capital china.
Wang, de 26 años, que fue el líder estudiantil más buscado durante el movimiento prodemocrático de 1989 en Beijing, cumplió una condena de cuatro años por crímenes contrarrevolucionarios pero sigue recluído en una prisión desde mayo de 1995.
El fin de semana último, el fiscal acusador reveló que Wang había sido acusado de distribuir material antigubernamental en el exterior, recolectar fondos para apoyar a disidentes y aceptar una beca de la Universidad de California, Estados Unidos.
También está acusado de aceptar donaciones y ayuda económica de organizaciones extranjeras. Expertos legales opinaron que si es condenado, Wang deberá cumplir una pena de 10 años de carcel.
El proceso pendiente de Wang ocurre en un momento que el gobierno chino ha lanzado una campaña masiva contra "la infiltración de ideas que provienen de Occidente".
En una nueva ofensiva de pureza ideológica llevada a cabo por el jefe del Partido Comunista, Jiang Zemin, la "polución espiritual" desde Occidente es anatemizada como el principal enemigo. Los cargos contra Wang reflejan esa tendencia.
No obstante, los grupos humanitarios dijeron que las acusaciones contra el líder estudiantil manifiestan no solo intolerancia de parte de los dirigentes comunistas, sino tambien cierta paranoia.
Amnistía Internacional (AI), basada en Londres, expresó en recientes informes desde China que los cargos formulados contra Wang eran "una creciente señal de represión y mostraban un aumento de la paranoia oficial contra cualquier forma de oposición".
La Alianza de Hong Kong en Apoyo del Movimiento Patriótico Democrático en China, que ayudó a disidentes de ese país a escapar a Occidente y es considerado un grupo "subversivo" por Beijing, consideró absurdo que el estudio fuera considerado una forma de insurgencia en el país.
El padre de Wang declaró telefónicamente desde Beijing que no había nada peligroso que su hijo siguiera un curso a distancia en la Universidad de California.
"Ni él ni sus compañeros de curso (en el movimiento demócrata) recibieron permiso para asistir a la universidad en China, por lo cual solicitó poder realizar cursos a distancia en la Universidad de California, y lo aceptaron", apuntó.
Los cargos suscitaron clamor en Hong Kong, la colonia británica que pasará bajo la soberanía de China el 30 de junio de 1997, y ha obligado a funcionarios de Beijing a ponerse a la defensiva.
Un representante del gobierno chino en Hong Kong, Weng Xinqiao, dijo que Beijing no aprobaba algunos de los cursos a distancia ofrecidos por institutos extranjeros, si bien no aclaró de qué tipo de cursos se trataba.
Wang Lingyun, la madre del líder estudiantil, dijo que defenderá a su hijo en el tribunal de los cargos de colaboracionimo con fuerzas subversivas foráneas. Afirmó que fue idea suya que solicitara ser admitido en la universidad estadounidense.
Analistas familiarizados con el proceso judicial opinaron que la madre de Wang seguramente no obtendrá permiso para presentar su caso. Hasta ahora, la mujer ignora la fecha del juicio, si bien se estima que comenzará a fin de mes.
En un proceso que tuvo lugar a comienzos de octubre contra otro activista prodemocrático, Wei Jinsheng, quien tambien fue acusado de publicar artículos en el exterior "en una conspiración para subvertir al gobierno", el acusado no pudo llamar a sus testigos, o sea, funcionarios chinos que le permitieron esas publicaciones.
Wei resultó condenado y sentenciado a 14 años de cárcel.
Tambien hace dos semanas, Liu Xiaobo, un crítico literario y disidente, probó el rigor de la justicia china porque fue arrestado y condenado extrajudicialmente a tres años de trabajo forzado por haber firmado una declaración contra el presidente Jiang.
Siete años atrás, la periodista disidente Dai Qing fue encarcelada 10 meses por su apoyo a las protestas prodemocráticas en Plaza Tienanmen, sin ser informada de los cargos en su contra. La policía no tiene obligación legal de dar información al reo.
"Durante más de cuatro meses (despues de haber sido encarcelada) no tuve ninguna información sobre mi caso", afirmó Dai en una reciente entrevista.
Grupos de derechos humanos han documentado casos de prisioneros recluídos durante más de 10 años sin proceso previo, y sin que sus abogados o familiares fueran notificados de los cargos.
China aseguró que esto cambiara el año próximo cuando las enmiendas a la ley de procedimiento criminal, aprobadas este año por el Congreso Nacional del Pueblo, entren en vigor limitando la detención administrativa y permitiendo la presencia de abogados defensores, hasta ahora ausentes en los procesos.
Sin embargo, todavía no está claro en qué medida esas reformas limitarán el poder de la parte acusatoria. Los grupos humanitarios dijeron que las normas judiciales fueron ampliamente ignoradas hasta ahora, y los críticos dijeron que las reformas tenían menos que ver con la justicia y más con mejorar la imagen del partido.
Por el momento, los abogados defensores pueden examinar los expedientes vinculados con el caso apenas un día o una semana antes del proceso. Si el abogado quiere formular un alegato de inocencia de su cliente, debe solicitar antes permiso gubernamental.
Expertos legales dijeron que incluso con las reformas vigentes el año próximo, el problema de la interferencia política en los procedimientos judiciales perdurará debido a la manera que funciona el sistema.
El gobierno chino mantiene un riguroso control sobre los 97.000 abogados del país, incluyendo sus exámenes de calificación y cualquier tipo de sanciones por desviaciones de conducta. Tambien el 70 por ciento de las firmas legales pertenecen al estado. (FIN/IPS/tra-en/ys/cpg/ego/ip-hd)
