El Senado colombiano deberá decidir el martes próximo si reimplanta la figura de la extradición de narcotraficantes.
En caso de ser aprobado en esa cámara legislativa, el proyecto, que deroga una disposición constitucional de 1991 que prohibió la extradición de comobianos a cualquier país, deberá pasar a Diputados y luego ser sometido a un segundo análisis en el período parlamentario que se inicia en marzo de 1997.
El fiscal Alfonso Valdivieso y el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Fernando Arboleda coincidieron en que la prohibición de la extradición constituyó "un error histórico".
En opinión de Valdivieso, gran parte de las dificultades que padece Colombia en sus relaciones internacionales parten de esa decisión.
El país necesita ponerse "a la par con el resto del gran número de naciones que tienen en sus constituciones vigente la figura de la extradición de nacionales", dijo, e invitó al Ejecutivo a ser "más claro y contundente en su posición frente al trema".
El gobierno tiene una posición ambigua, pues "habla de extradición pero condiciona su ejecución a otras acciones laterales", señaló.
En su intervención ante la 51 asamblea general de las Naciones Unidas el presidente Ernesto Samper planteó un plan de lucha global contra el narcotráfico en el que la extradición estaría vinculada a la implantación de un tribunal internacional para juzgar a los delincuentes.
Para Arboleda, restableciendo la extradición Colombia "se ajustaría al derecho público internacional al ponerse a la altura de los tratados internacionales vigentes".
En 1991, el país sufrió "un traspiés jurídico", pues tres años antes había ratificado el Convenio de Viena, que sienta las bases de unba cooperación internacional en política criminal.
Colombia se puso así "en contravía con la nueva juridicidad de las naciones, que buscan convenios para poder combatir a la delincuencia", estimó.
El restablecimiento de la extradición forma parte de las exigencias de Estados Unidos para volver a cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, interrumpida este año.
Washington reclamó a mediados de 1996 la entrega de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, presuntos jefes del extinto Cartel de Cali, que controlaba 80 por ciento del mercado mundial de la cocaína.
La reimplantación de la extradición despierta resistencia en amplios sectores, que la asocian con la llamada época del narcoterrorismo (1989-1991), cuando los jefes del narcotráfico presionaron con atentados dinamiteros que causaron la muerte de más de mil personas para evitar su aplicación. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
