COLOMBIA: Protesta de estatales ante plan de ajuste

Empleados públicos realizaron hoy en Colombia una jornada de protesta contra el plan de ajuste presentado por el gobierno al parlamento, que prevé para 1997 despidos y un recorte de siete puntos del salario real del sector.

En la jornada participaron trabajadores del sector judicial, telecomunicaciones, ministerios e institutos descentralizados, y de las empresas de energía y agua corriente.

La protesta se cumplió bajo la advertencia del Ministerio del Trabajo de que, en caso de paro en los servicios públicos, sería declarada ilegal y se aplicarían las sanciones previstas por la Ley.

Los trabajadores se limitaron a realizar concentraciones y asambleas informativas, sin suspender la prestación de servicios.

La protesta fue convocada por la Central de Trabajadores de Colombia, la Confederación General de Trabajadores democráticos, la Central Unitaria de Trabajadores, las tres confederaciones obreras del país.

También participó la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase).

"No podemos permitir que el gobierno de (Ernesto) Samper siga cobrando a los trabajadores del Estado" y al pueblo colombiano "la reducción del déficit fiscal", dijo Wilson Borja, presidente de Fenaltrase.

El ajuste anunciado suprime cerca de 12.000 empleos al eliminar o unir varias entidades del Estado y contempla un aumento salarial de 13 por ciento para los funcionarios públicos.

El incremento previsto es insuficiente y "pauperiza aún más la situación de los trabajadores colombianos, si se tiene en cuenta que la inflación llegará al finalizar el año a 20 por ciento", advirtió Fenaltrase.

El plan del gobierno consiste en el ahorro de 379 millones de dólares en gastos de funcionamiento y servicios y de 260 millones en concepto de inversiones.

Según el Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal de Colombia llegará a fin de año a 2.400 millones de dólares, una cantidad equivalente a 3,3 por ciento del producto interno bruto.

El deterioro de las cuentas fiscales se debe principalmente al impacto en la economía de la crisis institucional estallada al denunciarse la infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña electoral de Samper. (FIN/IPS/yf/ff/lb/96

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