La justicia militar de Chile emitiría en noviembre su fallo sobre un caso de contrabando de armas que supuestamente involucra a Cuba, para hostigar la presencia del presidente cubano Fidel Castro en la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en este país, denunciaron dos abogados.
Pamela Pereira y Hugo Gutiérrez, defensores de cuatro acusados en el llamado "caso arsenales", señalaron que el fiscal militar a cargo de la causa busca acelerar el juicio con la intención de lograr un fallo simultáneamente con la llegada de Castro al país.
El presidente de Cuba es uno de los 23 jefes de Estado y de gobierno que participarán en la VI Cumbre Iberoamericana, anunciada para el 7 y el 11 de noviembre en Santiago y Viña del Mar, 130 kilómetros al oeste de la capital.
Pereira y Gutiérrez, conocidos abogados en juicios por violación de derechos humanos, advirtieron la probable manipulación del "caso arsenales" en el marco de la campaña derechista contra la visita de Castro.
La presencia del líder cubano en el país es rechazada por los dos principales partidos de la oposición derechista y por el denominado Movimiento Acción por Chile, vinculado a grupos anticastristas radicados en Miami.
Rodrigo Eitel, presidente del movimiento, declaró a la prensa que cuenta con asesoría y financiamiento del Partido Social Conservador Cubano para organizar actos contra la presencia de Castro en la VI Cumbre.
Eitel está vinculado al brigadier Pedro Espinoza, uno de los jefes de la policía represiva durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), condenado a presidio en 1995 por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
Los derechistas partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente exigen al gobierno de Eduardo Frei que prescinda de rendir a Castro los honores militares habituales para los gobernantes extranjeros.
El comandante de la Fuerza Aérea, general Fernando Rojas, dijo hace dos meses que para su institución "no será grato" rendir honores en el aeropuerto al presidente cubano, pero garantizó que cumplirá con sus obligaciones protocolares.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, rechazó categóricamente la posibilidad de programar el arribo de Castro en horario nocturno, pero la derecha insiste en esa fórmula para evitar los honores militares.
El creciente clima de hostilidad derechista contra el líder cubano puede tener un ingrediente adicional si los tribunales castrenses reactivan el "caso arsenales", uno de los procesos más conflictivos en la historia contemporánea del país.
En agosto de 1986, los organismos de seguridad de la dictadura de Pinochet, alertados por el gobierno de Estados Unidos, descubrieron en el norte de Chile unas 13 toneladas de armas ingresadas ilegalmente.
El contrabando fue obra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo de orientación comunista que promovía la rebelión armada contra la dictadura, y que el 6 de septiembre del mismo año atentó contra Pinochet, matando a cinco de sus escoltas.
Las armas fueron desembarcadas en la caleta de Carrizal Bajo, unos 700 kilómetros al norte de Santiago, por botes pesqueros que a su vez las recogieron en alta mar, supuestamente de cargueros cubanos.
La mayoría de los capturados y condenados bajo la dictadura por el contrabando de armas fueron favorecidos con el indulto por el presidente Patricio Aylwin, quien gobernó desde marzo de 1990 hasta marzo de 1994.
En la actualidad hay sólo cuatro procesados por el fiscal militar Roberto Reveco, incluyendo al único preso, el pescador de 60 años José Astorga, quien en enero se entregó voluntariamente luego de vivir en la clandestinidad casi 10 años en Argentina.
El actor Sergio Buschmann, sindicado como autor intelectual del contrabando, se fugó de la cárcel en 1988 y salió clandestinamente del país, para retornar en 1994 y entregarse también a las autoridades.
La justicia militar, que aplica en Chile la ley de control de armas, busca revertir un fallo de una corte civil de apelaciones que a fines de 1995 concedió la libertad bajo fianza a Buschmann, ex dirigente del FPMR.
La abogada Pereira presentó un recurso en favor de Astorga, demandando su libertad y pidiendo la prescripción de los cargos en su contra, así como el rechazo de la pena de 15 años pedida por el fiscal contra él y Juan Abarzúa, otro de los procesados.
Gutiérrez, defensor de Buschmann, afirmó que no está probado que las armas llegaran a Chile en un carguero cubano, pese a lo cual el fiscal quiere iniciar la fase probatoria del proceso, según indicó.
Las armas eran de diverso origen y en el conjunto predominaban fusiles automáticos y lanza-cohetes fabricados en Estados Unidos y presuntamente perdidos por las tropas estadounidenses en Vietnam.
Pereira reclamó un tratamiento estrictamente legal del caso, advirtiendo que "cuando un asunto judicial se entremezcla con razones politicas o ideológicas se puede llegar a resultados aberrantes desde el punto de vista jurídico". (FIN/IPS/ggr/ff/ip/96
