ALIMENTACION: Desacuerdo sobre documentos de Cumbre

El Tercer Mundo y los países desarrollados no lograron ponerse de acuerdo sobre la Declaración Política y el Plan de Acción que deberán suscribir los jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se celebrará del 13 al 17 de noviembre en la capital de Italia.

Al cabo de una semana de intensas negociaciones y de una prolongación de dos días de una reunión que debía concluir el viernes pasado, los países decidieron este martes no clausurarla, sino solo suspenderla.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial celebró con este objetivo su 22 período de sesiones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, al cual asistieron 128 de los 136 países miembros.

La reunión avanzó en la redacción de estos documentos, que habían sido preparados por un Grupo de Trabajo, pero no lo suficiente como para llegar a su redacción final.

Los países miembros deberán decidir cuándo y cómo continuará el debate sobre los documentos que deberán firmar los cerca de 200 jefes de Estado y de gobierno invitados por la FAO a esta Cumbre.

El Comité redujo a la mitad -de 400 a 200- los llamados "corchetes", las materias entre paréntesis sobre las cuales se mantienen las divergencias entre los países industrializados y las naciones en desarrollo.

Uno de los puntos más polémicos y sobre el cual no se produjo acuerdo fue la propuesta del Grupo de los 77 (G-77), formado en la actualidad por 130 países en desarrollo, en el sentido de que "los alimentos no deben ser usados como instrumento de presión política y económica".

Esto significa en el fondo una condena del embargo económico, como el que aplica desde hace más de 30 años Estados Unidos a Cuba y el acordado por las Naciones Unidas (ONU) contra Iraq.

La propuesta del G-77 reafirma la "importancia de la cooperación y la solidaridad internacional, y la necesidad de eliminar la aplicación de medidas unilaterales económicas y comerciales", que afecten el comercio internacional y pongan en peligro la seguridad alimentaria.

Tampoco hubo acuerdo en declarar a la Alimentación como un derecho humano fundamental, en un mundo donde según la FAO hay todavía 800 millones de personas que padecen desnutrición crónica y 200 millones de niños menores de cinco años que sufren carencias de proteínas y energía.

En la Declaración Política, que se llamará "Declaración de Roma", se insiste en que los países desarrollados cumplan el acuerdo suscrito en la Asamblea General de la ONU de 1970 de destinar el 0,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) a la cooperación al desarrollo del Tercer Mundo.

"Todo ser humano tiene el derecho fundamental de no padecer hambre y malnutrición y consideramos intolerable que más de 800 millones de personas de todo el mundo, y en particular de los países en desarrollo, no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas", afirma.

La Declaración de Roma subraya que "los problemas del hambre y la seguridad alimentaria tienen dimensiones mundiales".

Advierte que "es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas regiones si no se adopta con urgencia una acción decidida y concertada, dado el incremento de la población mundial previsto y la tensión a que están sometidos los recursos naturales".

También hace hincapié en la urgencia de adoptar ahora medidas para cumplir con el "cometido de alcanzar la seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras".

Reconoce la necesidad de inversión en el desarrollo de los recursos humanos, en investigación e infraestructura para conseguir la seguridad alimentaria mundial, impulsar la generación de empleo e ingresos, y promover un acceso equitativo a los recursos productivos y financieros. (FIN/IPS/jp/ag/dv/96