El descubrimiento de dos nuevos cementerios clandestinos, en los que fueron presumiblemente enterradas centenas de personas ejecutadas y torturadas, replanteó el tema de la violación a los derechos humanos en Guatemala entre 1979 y 1993.
Los cementerios fueron descubiertos este jueves en la localidad de San Martín Jilotepeque en el occidental departamento de Chimaltenango, a unos 65 kilómetros de la capital, por denuncias realizadas por vecinos.
Expertos del Equipo de Antropología Forense de Guatemala afirmaron que las osamentas enterradas en uno de los cementerios, llamado El Tablón, podrían sumar entre 200 a 300 víctimas. Hasta la noche de este jueves se habían extraído 16, de un pozo de 80 metros de profundidad.
Junto con las osamentas se encontraron las prendas de vestir que las víctimas llevaban.
Otros cinco cadáveres fueron encontrados en la aldea Chijolón, cercano al anterior.
Olga Alvarez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Chimaltenango, informó que las denuncias acerca de la desaparición, masacre y posterior entierro en una fosa común de 285 a 300 personas se conocen desde hace tres años, pero recién ahora fueron realizadas las exhumaciones.
Las denuncias fueron presentadas por Rosa Hernández Camey y Gudelia Jacobo, cuyos esposos fueron secuestrados de sus domicilios por militares y civiles a principios de los años 80.
"A mi esposo lo sacó de la casa el ejército hace años, cuando mis hijos todavía eran pequeños", dijo Hernández.
Médicos forenses explicaron que las osamentas evidencian muerte por arma de fuego, fracturas ocasionadas por golpes con objetos contundentes y heridas provocadas posiblemente con machetes. Por el hallazgo de lazos y alambres espigados se supone que las víctimas fueron torturadas.
Las víctimas son indígenas de sexo masculino de edades comprendidas entre los 25 y 45 años aproximadamente.
Roberto Cumés, alcalde de San Martín Jilotepeque, aseguró que durante la década pasada fueron asesinados en esa región más de mil campesinos indígenas y que los habitantes saben de otro cementerio clandestino en una aldea cercana.
"Ahora se comprueba lo que ya sabíamos y nos duele lo que sucede, pero tenemos la esperanza de que finalmente las viudas y huérfanos encuentren a sus familiares que desaparecieron entre los años 1979 y 1983", señaló.
La peor represión ocurrió durante los gobiernos de facto de los generales Romeo Lucas García( 1978-82) y Efraín Ríos Montt (1982- 83).
Mario Polanco, de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, que nuclea a familiares de detenidos desaparecidos, dijo este viernes a IPS que entre 1980 y 1983 muchas aldeas fueron arrasadas por el ejército por considerar a los campesinos como base social de la guerrilla.
Los enfrentamientos armados comenzaron en Guatemala a principios de los años 60. Desde 1991 gobierno y guerrilla negocian un acuerdo de paz, que podría ser firmado a fines de este año.
"Si el ejército tiene voluntad real de contribuir a la construcción de la democracia y la paz con justicia social, debería por iniciativa propia realizar una profunda investigación que esclarezca los hechos de terror vividos durante muchos años por la sociedad guatemalteca", dijo Polanco.
"Lo fundamental sería llevar a juicio a todos los militares involucrados en esos hechos, por lo que es imprescindible que de inmediato se inicie el trabajo de una 'comisión de la verdad', para destruir el muro de impunidad que tanto daño ha causado a este país", señaló.
"Una sociedad que vive del olvido y el perdón es una sociedad que jamás alcanzará la paz y la tranquilidad", concluyó.
Desde la democratización del país, en 1986, fueron descubiertos más de 60 cementerios clandestinos y centenares de osamentas, la mayoría en el altiplano indígena, en el occidente del país. (FIN/IPS/cz/dg/hd-ip/96) – – – – –
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