Las violaciones a los derechos de la población por parte de militares en operativos de erradicación de cultivos ilícitos y de control del orden público en el sur de Colombia fueron el detonante de una protesta de miles de campesinos contra la política gubernamental.
Delegados de 45.000 campesinos de la provincia de Putumayo firmaron este martes con el gobierno un acuerdo que permitió aquietar provisoriamente las aguas. Pero otros 75.000 campesinos de la provincia de Caquetá se mantienen en tensa calma tras enfrentamientos que dejaron un muerto y más de 50 heridos.
Las peticiones de los huelguistas fueron respaldadas este jueves por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Nacional de Campesinos (ANUC), que en un comunicado conjunto pidieron al gobierno y la comunidad internacional que busquen soluciones reales al conflicto.
En Colombia, país con 34 millones de habitantes, unas 350.000 familias se dedican a los cultivos ilícitos, un número similar a las que viven de la caficultura.
La destrucción de al menos 20 hectáreas de cultivos de coca, de las 45.000 que según cifras oficiales hay en Colombia, es uno de los puntos que Estados Unidos tomará en cuenta este año para evaluar la cooperación del país sudamericano en la lucha contra el narcotráfico.
Denuncias recogidas por representantes de 15 organizaciones no gubernamentales en Guaviare indican que la fuerza pública venía cometiendo desde mayo, durante los operativos, agresiones contra la población civil, sus bienes y sus cosechas, que provocaron una primera protesta el 13 de julio.
En un comunicado del 5 de julio, la Asociación de Campesinos de la localidad de Miraflores denunciaba que en los operativos de erradicación fueron desalojados de sus viviendas por el ejército, que incendió sus cultivos y realizó varias detenciones arbitrarias.
Uno de los damnificados, Jesús Suárez, denunció que en una de estas acciones la fuerza pública lo despojó de un equipo de radiocomunicaciones (amparado con licencia del gobierno) con el que prestaba servicios a la comunidad, bajo la acusación de que estaba al servicio de la guerrilla.
Los campesinos de Miraflores dijeron también que las fumigaciones, en las que se utiliza el herbicida Glifosato, se hacen "no sólo sobre los cultivos ilícitos sino sobre los de subsistencia, sobre la población y en la selva".
El uso de Glifosato para destruir los cultivos de coca ha sido cuestionada por expertos, por los daños que causa al medio ambiente y la salud humana.
Directivos del Fondo de Fomento Cauchero aseguraron también que por esas fumigaciones se destruyeron en los últimos tres años 100 hectáreas de 400 sembradas de caucho de un programa de sustitución de cultivos.
El daño es este caso es irreparable, pues los campesinos que participan en el proyecto tienen que esperar seis años para comenzar a recibir ingresos por la sustitución de sus cultivos ilícitos.
Los pobladores denunciaron asimismo ante las organizaciones no gubernamentales otras violaciones cometidas por las fuerzas militares al amparo de los poderes extrordinarios conferidos por la declaración de la región como "zona especial de órden público".
El gobierno se basó para esta declaración en las facultades que le otorga el Estado de Conmoción Interior (estado de sitio), con el argumento de cortarle el suministro de insumos y alimentos a los narcotraficantes y guerrilleros de la región.
Uno de los abusos más frecuentes, según las denuncias, es el del control arbitario, mediante retenes militares, de la circulación de bienes como gasolina, cal y cemento, por considerárseles precursores químicos para la elaboración de la pasta de coca.
Como consecuencia de estos controles se generó un tráfico clandestino, en el que según las denuncias "se han visto involucrados miembros de la fuerza pública, como lo reconoció un jefe del ejército, quien señaló que por esa causa hay seis oficiales procesados.
Tras la declaratoria de "zona especial", el galón de gasolina, que normalmente costaba en Miraflores cuatro dólares, se elevó a 26 dólares.
Igualmente, los pobladores, para poder circular normalmente en su propia región, debieron tramitar carnés que llevan la firma del alcalde y el comandante del ejército.
"Es como si nos estuviesen pidiendo una visa para circular en nuestro propio territorio", dijo a IPS Gilberto Sánchez, negociador del Comité de Paro de Putumayo.
El tercer tipo de denuncias tiene relación con agresiones producidas en la represión de las movilizaciones de los campesinos.
En opinión de Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Andina de Juristas, lo que los marchantes están haciendo es "protestar por la militarización del departamento, por las restricciones que han sufrido sus derechos, por la fumigación y la forma como se está haciendo".
Según las denuncias, para impedir el avance de los campesinos hacia las capitales de los departamentos afectados (Guaviare, Putumayo y Caquetá) la fuerza pública usa gases lacrimógenos, armas de fuego, tanquetas y hasta "han electrificado los puentes".
"Se han utilizado gases contra las embarcaciones que se desplazan por los ríos" y como la gente no está familiarizada con estos elementos "se ha lanzado al agua y varios han desaparecido", afirmó Jaime Burbano, dirigente del paro de Putumayo.
Como resultado de las acciones directas contra los manifestantes, Sánchez considera que han muerto por lo menos seis campesinos, 300 han sido detenidos y 14 estan desaparecidos.
Los militares argumentan en su descargo que las marchas están influenciadas y obedecen a los intereses de la "narcoguerrilla y el narcotráfico.
Sin embargo, para Ricardo Vargas, investigador del Centro de Educación y Cultura Popular (Cinep), este argumento sólo pretende justificar la represión.
En opinión de Vargas los campesinos cocaleros "son el último eslabón en la cadena del narcotráfico" y más que un problema militar representan un conflicto social y "social debe ser la respuesta del Estado".
Para el experto, la solución al problema de los cultivos ilícitos debe empezar "por la toma de decisiones soberanas", libres de la presión que Estados Unidos viene ejerciendo en la política antidrogas del gobierno de Samper.
Entre las sugerencias de Estados Unidos al gobierno para normalizar las relaciones bilaterales está la de erradicar este año por lo menos 20.000 hectáreas de coca, de las 160.000 que según Vargas existen en el país.
Según el investigador de Cinep, Estados Unidos formalmente está de acuerdo con el programa de desarrollo alternativo de Samper "pero en la práctica no, porque los resultados no los evalúa por los cocales sustituidos sino por los destruidos".
Los campesinos argumentan que no quieren sembrar coca pero piden para sustituir sus cultivos inversión, tierras, electrificación, escuelas y vías.
Y el gobierno, en un "juego a dos bandas", sin renunciar a su estrategia de erradicación, firmó este martes un primer acuerdo con los cocaleros de Putumayo, en el que se comprometió a continuar con sus programas de desarrollo económico y social.
Sin embargo, en 1986, cuando se registraron las primeras protestas de los cocaleros del sur, el gobierno también se comprometió con acciones similares, que 10 años después aún no han sido cumplidas. (FIN/IPS/yf/jc/ip/96
