El gobierno de España expresó este sábado a través de su embajada en Chile "profunda decepción" por la aplicación de una ley de amnistía en el asesinato del diplomático Carmelo Soria, cometido en 1976 por agentes represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet.
En tanto, Carmen Soria, hija del ciudadano español que prestaba servicios en un organismo de Naciones Unidas, se apresta a promover desde el lunes una acusación constitucional contra los cinco jueces de la Corte Suprema que ratificaron la amnistía este viernes.
La cuarta sala de la Corte ratificó un anterior fallo del juez Eleodoro Ortiz que absolvió al coronel retirado del Ejército Guillermo Salinas y al sargento también en retiro José Ríos San Martín.
Ambos formaban parte de la brigada "Mulchén" de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que entre el 14 y 15 de julio de 1976 secuestró y mató mediante torturas a Soria, funcionario del Centro Latinoamericano de Demografía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La Corte estimó que no fue suficientemente acreditada la condición de "funcionario internacional protegido" de Soria, en cuyo caso cabía dictaminar la inaplicabilidad de la ley de amnistía que Pinochet expidió en abril de 1978.
La embajada española lamentó ese criterio y junto con solidarizarse con la familia Soria señaló que la seguirá apoyando en sus esfuerzos por alcanzar una adecuada reparación por este crimen.
Carmen Soria expresó en la noche del viernes que el fallo judicial, de carácter inapelable, es un atropello a las Naciones Unidas y al gobierno de España, que desde la recuperación de la democracia en Chile, en marzo de 1990, demandaron justicia en el caso.
Agregó que iniciará conversaciones con las dirigencias de los partidos políticos para promover en el Parlamento una acusación constitucional contra los cinco jueces de la cuarta sala de la Corte Suprema que ratificaron por unanimidad la amnistía.
En 1993, otra acusación constitucional por la aplicación de la amnistía en la desaparición del dirigente izquierdista Alfonso Chanfreau, tuvo como desenlace la destitución de un juez de la Corte Suprema por parte del Senado.
El caso puede ser llevado igualmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que determine el probable incumplimiento de los convenios sobre protección a diplomáticos y funcionarios de Naciones Unidas suscritos por el estado chileno.
Alfonso Insunza, abogado de la familia Soria, dijo que el gobierno chileno tiene que informar ahora sddobre el resultado del proceso al secretario general de Naciones Unidas, el cual a su vez debe informar a todos los estados signatarios de la convención que protege a los funcionarios internacionales.
Cualquiera de estos estados podría objetar el fallo y demandar un arbitraje, y si éste no desemboca en una fórmula de acuerdo, este mismo estado podría recurrir a la Corte de La Haya.
Esto implicaría, explicó Insunza, que el Poder Judicial, como órgano del Estado "ha comprometido gravemente la responsabilidad de Chile ante la comunidad mundial al no cumplir un tratado de carácter internacional".
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, se abstuvo de emitir una opinión sobre las implicancias del fallo, indicando que encargará un estudio al respecto a los juristas de la Cancillería.
En el caso Soria estuvieron encausados por lo menos seis miembros del Ejército que formaron la brigada "Mulchén" de la DINA, incluyendo a los coroneles Jaime Lepe y Pablo Belmar, aún en servicio activo.
Salinas y Ríos San Martín fueron los únicos finalmente inculpados y su absolución definitiva coincidió este viernes con el 23 aniversario del nombramiento de Pinochet como comandante en jefe del Ejército.
El hombre que encabezó el régimen dictatorial que se prolongó desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990 dijo en 1989, poco antes de entregar el gobierno al presidente Patricio Aylwin, que "el día que toquen a uno de mis hombres se acaba el estado de derecho".
Esta amenaza, respaldada por dos demostraciones de fuerza de los militares bajo el gobierno de Aylwin, parece pesar sobre el proceso de transición, caracterizado por la falta de justicia en las violaciones de derechos humanos.
La excepción es el encarcelamiento en 1995 de los jefes máximos de la DINA, el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier, excluído de la ley de amnistía por presiones de Estados Unidos.
Según el informe oficial más actualizado de violaciones de derechos humanos, entregado el jueves al presidente Eduardo Frei, bajo la dictadura de Pinochet hubo 3.197 víctimas, entre asesinados y detenidos-desaparecidos. (FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/96
