El presidente Alberto Fujimori vacila en solicitar a la Unión Europea (UE) la extradición de insurgentes peruanos, pues teme una negativa acompañada de críticas a la situación de los derechos humanos en este país.
De ese modo interpreta el activista en derechos humanos Javier Sponda del escaso entusiasmo de Fujimori ante el acuerdo de los 15 países de la UE para la extradición de extranjeros acusados de terrorismo, concertado a fines de junio en Florencia, Italia.
"Probablemente, los gobiernos europeos negarían el pedido de extradición, señalando que en Perú no habrá garantías de juicio justo mientras los acusados de delitos políticos sean juzgados por tribunales compuestos por militares enmascarados", dijo Sponda.
La decisión que declara sujetos a extradición a los acusados de terrorismo que busquen refugio en el área de la UE fue adoptada por iniciativa de España, que intenta privar de bases en el extranjero a la organización separatista vasca ETA.
El acuerdo europeo contó con el respaldo de Washington, impactado por el atentado del 25 de junio contra un cuartel de soldados estadounidenses en Arabia Saudita.
Se aguardaba que la administración de Fujimori aprovechara la oportunidad para reiterar pedidos de extradicion formulados años atrás y sin resultado a Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña y Suecia.
Se trata de seis países miembros de la UE en que funcionan agencias de propaganda y de captación de fondos de los dos partidos insurgentes peruanos. Pero Fujimori desalentó esas expectativas con una respuesta cautelosa.
"Todavía no hemos tomado una decisión. Se estudiará. Además, para qué necesitamos traer a Perú a esas personas, que ya no representan ningún peligro, pues la subversión está derrotada", dijo el presidente en rueda informal de prensa.
Esa declaración contrastó con la reacción inicial de algunos voceros de su gobierno, incluyendo al congresista Daniel Espichan, ex procurador del Estado para casos de Terrorismo, quien propuso cursar nuevamente los pedidos de extradición.
Fujimori anunció en septiembre de 1992 que solicitaría a varios países europeos la entrega a la justicia peruana de 15 militantes de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, a quienes llamó "embajadores del terror".
Espichan recordó que, entonces, la cancillería pidió efectivamente la extradición de 15 dirigentes de ambas organizaciones que se encontraban asilados en Europa y donde aún hoy desarrollan tareas de propaganda y proselitismo.
"Todos ellos tienen juicios abiertos por los delitos de participación en la preparación de actos terroristas o de hacer apología al terrorismo", agregó.
Los casos más conocidos son los de Luis Arce Borja, dirigente en Bruselas de un aparato de prensa senderista que opera a través de la red Internet, Adolfo Olaechea, director del Comité Sol Perú, en Londres, y Javier Mujica, jefe de la oficina senderista en España.
Los pedidos de extradición fueron rechazado por los destinatarios, que no consideraron delito la apología de la subversión invocada por Perú y porque los requeridos no estaban implicados directamente en hechos de sangre.
La participación de los activistas asilados en Europa en actos de terrorismo o de propaganda subversiva no es clara en todos los casos. Algunos, como Carlos La Torre y Arturo Morote, afirman que son perseguidos por su parentesco con líderes senderistas.
Así mismo, el hijo de un conocido jurista y ex embajador de Perú en Brasil asegura desde Francia no haber militado nunca en Sendero Luminoso, aunque aclara que no regresará a su pais mientras no pueda ejercer su defensa en un juicio justo.
Patricio Ricketts, columnista del oficialista diario Expreso, descartó la posibilidad de que la gestión del gobierno peruano para reclamar la extradición de los 15 asilados sea rechazada u objetada por los seis países europeos.
"Sería un acto de soberbia y desatino, pues tendríamos que entender que los gobiernos europeos consideran crminales los atentados terroristas contra ellos, y tolerables los que se cometen contra las poblaciones e instituciones de los pa'oses del Tercer Mundo", argumentó Ricketts.
Entre tanto, el gobierno soporta una intensa campaña exterior qye reclama el respeto de los derechos humanos en Perú.
No solamente se condena la presencia de procedimientos irregulares en el juzgamiento de acusados de terrorismo, sino también las condiciones de reclusión de los condenados.
El compositor griego Mikis Theodorakis exhortó a Fujimori en una carta abierta a humanizar las condiciones de encarcelamiento de Abimael Guzmán, líder y fundador de Sendero Luminoso, y le pidió "poner fin a las condiciones de exterminio de miles de presos políticos". (FIN/IPS/al/ff/ip hd/96
