Dos condenados a muerte en Guatemala por la violación y asesinato de una niña de cuatro años en 1993 serán fusilados el martes próximo, al ser negado el indulto solicitado al presidente Alvaro Arzú.
Roberto Girón y Pedro Castillo, que serán ejecutados en la Granja Penal Canadá, 68 kilómetros al sur de la capital, han agotado ya todos los recursos que contempla la ley y sólo les quedaba la solicitud de indulto presidencial.
Pero Arzú denegó el jueves la solicitud, como había anticipado, en tanto el pedido del Papa Juan Pablo II, a quien también acudieron los condenados, aún no ha llegado.
"El día que firme la denegatoria del indulto solicitado por los dos condenados a muerte será el más desgraciado de mi vida", había dicho el mandatario, quien consideró que la justicia debe prevalecer sobre los sentimientos personales.
El Secretario General de la Presidencia, Héctor Cifuentes, dijo que el Ministerio de Gobernación (Interior) deberá informar a la Corte Suprema de Justicia la resolución del Poder Ejecutivo.
Estas serán las primeras condenas a muerte que se cumplan en Guatemala bajo un gobierno democrático, pues no se aplicaba desde la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-83), cuando fueron ejecutados al menos 16 delincuentes.
La niña Sonia Marisol Alvarez fue violada y asesinada por Girón y Castillo en abril de 1993, cerca de su vivienda en la finca Atiú, en el departamento de Escuintla.
La madre, al notar que la pequeña no regresaba, salió en su búsqueda, encontrando a los dos acusados en el lugar de los hechos y a la niña muerta a machetazos.
El examen médico forense determinó que la niña había sido violada y el machete que fue incautado tenía sangre de la víctima.
El vocero de la Presidencia, Ricardo de la Torre, dijo que al denegar el indulto Arzú "ha sentado un precedente" y mantendrá la posición de no entrometerse en las decisiones de la justicia, por lo que todos los recursos de gracia que se planteen serán rechazados.
Carlos Aldana, jefe de la Oficina de Información del Arzobispado, dijo este viernes a IPS, que la Iglesia Católica ya no hará ningún trámite al respecto y no se espera ninguna petición del Papa.
"Ya no hay nada que hacer, y aunque la Iglesia se opone a la pena de muerte, la ley es la ley, y lo único que pedimos es que no se tome este hecho con morbosidad, porque esto no puede ser tomado con alegría", afirmó Aldana.
Encuestas recientes indican que la mayoría de la población de Guatemala está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos se manifestaron en contra, aunque también han expresado su respeto a la ley, por lo que no se espera mayor oposición.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mario Aguirre Godoy, dijo que el proceso de Girón y Castillo está cerrado y sólo queda cumplir con la orden de fusilamiento.
Además de Girón y Castillo, hay otras cinco personas condenadas a muerte en Guatemala, entre ellas tres policías acusados de asesinato.
Miembros de la Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA) y diputados discuten el proyecto de un nuevo Código Penal, que suprimiría la pena de muerte, para lo que sería necesario también reformar la Constitución, que contempla su aplicación.
Pero algunos parlamentarios se han opuesto al proyecto por considerar que no es el momento adecuado para ello, dado el alto índice de delincuencia existente en Guatemala. (FIN/IPS/cz/ag/hd/96
