El gobierno de España se comprometió hoy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones durante la actual legislatura, pero propuso recortar el gasto de seguridad social y elevar la edad de jubilación de 65 a 70 años.
Con estas medidas, la administración del centroderechista José María Aznar aspira a reducir el gasto público y poder cumplir con los criterios de convergencia para participar de la moneda única europea.
El consejo de ministros aprobó el paquete de medidas para reducir el gasto del Estado en pensiones a partir de 1997, y las presentará al parlamento y a los agentes sociales firmantes del Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo es un compromiso firmado en abril de 1995 por los partidos políticos con representación parlamentaria y los agentes sociales, con el fin de garantizar el pago de pensiones y de las prestaciones de la seguridad social.
El pacto establece que los gastos de sanidad y las pensiones no contributivas deben ser costeados por los presupuestos generales del Estado y no por la seguridad social, que sólo se hará cargo del pago de las pensiones contributivas.
El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pidió al gobierno, en moción presentada al Congreso de los Diputados, un proyecto de ley para desarrollar el conjunto de recomendaciones del Pacto de Toledo.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Aznar elevan cinco años la edad de jubilación, hasta los 70. Pero se trata de una edad de retiro indicativa, y no vinculante, y las jubilaciones prematuras tendrán descuentos por cada año de adelanto.
También se propone que a partir de 1997 y hasta el 2003, el cálculo para establecer la base de la pensión se eleve progresivamente de 8 a 15 años.
Quien se jubile tras 15 años de cotización cobraría sólo 50 por ciento de la base reguladora y no el 60 por ciento actual. A partir de esos 15 años, habrá un aumento de 2,5 por ciento por por año cotizado, y serán necesarios 35 años de aporte para llegar a 100 por ciento.
Así mismo, no se podrá compatibilizar pensiones de invalidez y de jubilación, y se fijará una proporcionalidad en las pensiones por invalidez permanente, según la gravedad de la incapacidad.
El proyecto propicia el trabajo a tiempo limitado de personas con invalidez parcial. El ingreso que reciban se descontaría de su pensión.
El gobierno pretende que las prestaciones sociales guarden una mayor proporción con el esfuerzo de cotización. El gobernante Partido Popular cuenta con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, y de los empresarios.
Sin embargo, el déficit está dado por el gasto en sanidad y el pago de pensiones no contributivas, ya que la recaudación es suficiente para financiar las pensiones contributivas.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Javier Arenas, informó que el déficit de la seguridad social en sanidad y pensiones no contributivas suma 12.000 millones de dólares.
Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), se apresuró a advertir que su central sindical, de tendencia socialista, no acepta el aumento del número de años para el cálculo de la pensión, "porque inexcusablemente lleva a un recorte" de los pagos.
Esa posición es compartida por Antonio Gutiérrez, líder de Comisiones Obreras, la central de orientación comunista. Gutiérrez afirmó que "se puede reducir el déficit no recortando, sino luchando contra el fraude y reduciendo drásticamente los incentivos a las empresas".
Los socialistas avalan el ajuste en términos generales, pero pretenden asegurar mediante una ley que las medidas no abran la puerta a eventuales disposiciones contrarias al principio de solidaridad y al Estado de bienestar.
El ex ministro de Economía socialista Carlos Solchaga advirtió el jueves que la participación de España en la moneda única anunciada por la Unión Europa exige la reducción del gasto en pensiones, sanidad y subsidios de desempleo. (FIN/IPS/jc/ff/ip/96)
