Cientos de funcionarios de la fuerza policial de Haití enfrentan la expulsión del cuerpo debido a su participación en el tráfico de drogas y armas, robos o violaciones de los derechos humanos, informaron fuentes del gobierno.
La medida se tomó tras el reciente anuncio del director general de Policía, Pierre Denize, de que el cuerpo de 5.000 miembros, creado en mayo de este año, sería objeto de un "proceso de limpieza y unificación".
Denize dijo que se solicitará a los funcionarios responsables de mala conducta que dejen la fuerza policial, aunque no se refirió a un número concreto. No obstante, una fuente policial estimó que "entre 300 y 500 policías serían separados de sus cargos".
En un informe sobre la actuación de la nueva fuerza policial que cubre el período entre junio de 1995 y junio de 1996, la Misión de Observación Internacional (MICIVIH) examinó varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por policías.
En una recomendación al gobierno de Haití y las autoridades policiales, MICIVIH estimó necesario clarificar los deberes y responsabilidades de los diferentes cuerpos que vigilan el cumplimiento de las leyes.
"Todavía hay algunas áreas ambiguas, como los deberes de las unidades especializadas, pero no es necesario recurrir a medidas legales para resolver este problema. Puede superarse mediante decretos suplementarios", dijo Colin Granderson, integrante de la misión.
Aunque se negó a discutir los contenidos del informe, el representante de la MICIVIH afirmó que la situación de derechos humanos en Haití es "satisfactoria".
Granderson declaró que las violaciones de los derechos humanos cometidas por policías continúan siendo incidentes aislados, atribuibles a problemas emergentes de la conducta individual, que no constituyen un patrón sistemático presente en el conjunto deL cuerpo.
Según el funcionario de la misión, se realizaron "exámenes exhaustivos sobre la situación", y lo importante es "la disposición y voluntad política de las autoridades para castigar a los responsables".
Un funcionario policial admitió que el informe de la Misión de Observación contiene información crucial sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por policías.
"Es un informe objetivo que nos permitirá corregir la situación. El informe no sólo revela el lado negativo; también reconoce los esfuerzos que hemos hecho, y las dificultades que enfrenta la policía", añadió.
Mientras, en Puerto Príncipe, trabajadores de la Administración Nacional de Penitenciarías (APENA) protestaron este jueves y viernes contra una supuesta agresión policial.
El personal de APENA se negó a admitir nuevos prisioneros o ejecutar órdenes de extradición de autoridades judiciales, en unos 12 centros de detención de los 18 controlados por guardias de APENA.
"Si nosotros mismos no estamos seguros, ?cómo podemos ocuparnos de la seguridad de los prisioneros?", se quejó un guardia.
En diciembre, trabajadores de APENA hicieron una huelga para demandar la renuncia de un alto funcionario administrativo, mejores condiciones de trabajo y los mismos uniformes que la policía.
El funcionario fue retirado de su cargo y los trabajadores obtuvieron uniformes, pero deben pagar la mitad de su costo. (FIN/IPS/tra-en/imc/all/lp/hd-ip/96
