El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) de España denunció al Ministerio del Interior por drogar a un centenar de inmigrantes africanos negros, que fueron expulsados del país sin orden judicial.
Los 103 inmigrantes fueron expulsados entre el 22 y el 25 de junio, después de ser detenidos en la ciudad de Melilla, una plaza fuerte española en la costa norte de Africa rodeada por territorio marroquí, y trasladados a la península.
El Defensor del Pueblo consideró ilegal la expulsión, al haber sido efectuada sin intervención de la justicia, como lo prescribe la ley.
El Defensor del Pueblo es una institución prevista en la Constitución, cuyo titular es designado por el parlamento con al menos dos tercios de los votos. Su titular es el democristiano Fernando Alvarez de Miranda, quien presidió las cortes constituyentes (1976-78) que elaboraron la Constitución vigente.
El SUP, el más fuerte de los sindicatos policiales españoles, denunció ante el Defensor del Pueblo que el Ministerio del Interior suministró sustancias sedantes a los inmigrantes, sin informarles a estos e introduciendo la droga en el interior de las botellas de agua suministradas durante su detención.
Un portavoz autorizado del Ministerio dijo a IPS que los citados inmigrantes recibieron un trato correcto, supervisado por un juez y sin ningún maltrato.
"Y, por supuesto, sin drogarlos", añadió.
En un informe remitido al Defensor del Pueblo, el SUP identifica al sedante como "Alhoperidol".
El Ministerio del Interior tampoco informó de esa acción a los policías que custodiaban al centenar de inmigrantes. Tres de ellos bebieron el agua embotellada y resultaron sedados, hecho que permitió al sindicato enterarse de lo ocurrido con los inmigrantes.
Cuando se produjo la expulsión, Juan José Rodríguez Ugarte, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, afirmó que los expulsados fueron entrevistados con engaño para averiguar su país de procedencia y así poder deportarlos, "cuando lo que se les dijo era que iban a ser trasladados a la península".
Refiriéndose a unos incidentes ocurridos días antes de la expulsión y que, según el Ministerio del Interior, justificaron ese acto, Rodríguez Ugarte afirmó tener pruebas fehacientes de que el operativo de expulsión fue planificado desde antes de que se produjeran dichos incidentes. (FIN/IPS/td/ag/hd-pr/96
