El juez que investiga el atentado contra la Asociación Mutual Israelíta Argentina (AMIA) hace dos años dijo hoy que el caso "está resuelto en 70 por ciento" y la de los policías presuntamente involucrados no es la única pista.
El juez federal Juan José Galeano declaró que si bien aún no puede discutir públicamente la calidad de las evidencias con que cuenta, hay otras pistas bajo reserva que se conocerán en un futuro próximo.
Galeano, quien admitió este sábado haber recibido amenazas, intenta desde hace 10 días tomar declaración a 13 policías de la provincia de Buenos Aires detenidos por su presunta participación en el atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994, que costó la vida a 86 personas, pero se niegan a declarar.
El magistrado sospecha que hay agentes entre los detenidos que recibieron el vehículo utilizado como coche-bomba de manos del único detenido en la causa, Carlos Telleldín, un mecánico que se dedicaba a reparar y revender automóviles robados.
Los negativa a declarar de los policías detenidos, pertenecientes a la división Sustracción de Automotores, está dentro de los derechos de todo ciudadano, pero fue severamente criticado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
"Es intolerable que se nieguen a colaborar con la investigación, esto evidencia una actitud corporativa", dijo Duhalde, dirigente del gobernante Partido Justicialista, quien evalúa la posibilidad de exonerarlos de la fuerza, al margen de que se dictamine su responsabilidad en el crimen.
Además, el jueves pasado, al cumplirse dos años del atentado, el periodista Walter Goobar, del diario Página 12, publicó el testimonio anónimo de una persona que aseguró que una banda de policías fue contratada por terroristas extranjeros que les pagaron tres millones de dólares para que organizara el atentado.
La banda consiguió los explosivos y la camioneta, y preparó todos los elementos. La misma mañana del atentado entregó las llaves a un extranjero de unos 40 años que condujo el vehículo hasta la sede de la AMIA, donde lo hizo estallar, relató la fuente, que aseguró tener buenos contactos con la policía.
La explicación es coherente con las hipótesis judiciales en el sentido de que el ataque habría sido planificado por el grupo fundamentalista islámico Hezbollah, pero con un apoyo local que habría sido el que aportó la banda de policías argentinos, con inclinaciones antisemitas.
En este sentido, una fuente consultada por IPS que pidió el anonimato admitió que el testimonio aportado por Goobar está siendo considerado seriamente por el juez y por los fiscales.
Galeano sabe que la ley permite a los periodistas no revelar la identificación de sus fuentes, pero no se descarta la posibilidad de que el informante acepte incorporar su testimonio a la causa a cambio de protección.
En el diálogo con Goobar, la fuente reconoció su temor a ser asesinado si se revela su identidad, sobre todo si la justicia no consigue probar la intervención policial en el hecho y deja en libertad a los detenidos. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
