Amplio rechazo provocó en México la decisión de las autoridades de la fronteriza ciudad estadounidense de San Diego, de declarar un estado de emergencia y pedir intervención militar contra los emigrantes indocumentados, a quienes vinculan con el aumento de la criminalidad y los incendios forestales.
El gobierno y grupos humanitarios de este país consideraron la medida una agresión más, dentro del clima de xenofobia y racismo que enfrentan los migrantes en Estados Unidos.
No hay evidencia de que los mexicanos ilegales sean los responsables de incendios forestales ni existen pruebas de un incremento de la criminalidad como consecuencia del fenómeno migratorio, tal como asegura la Junta de Supervisores de San Diego, California, señaló la cancillería.
La Junta de la ciudad estadounidense, órgano superior al cabildo, declaró el martes el estado de emergencia por el incremento del flujo de indocumentados y pidió al Congreso de California el envío de militares asi como el reforzamiento de la vigilancia que aplica la patrulla fronteriza.
"Es demasiado ventajoso acusar sin pruebas", dijo Enrique Loaeza, jefe de la Dirección de Protección y Asuntos Consulares, tras criticar la decisión de la Junta por considerarla "injustificada".
El tema de la migración a Estados Unidos ha ocupado los últimos meses las primeras planas de los diarios mexicanos por el endurecimiento de los controles fronterizos, episodios de violencia contra los ilegales y reiterados anuncios del gobierno norteamericanos de que apelará a medidas policiales.
Roberto Martínez, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, calificó la medida adoptada en la ciudad de San Diego como una "declaración de guerra" hacia México.
Para Jorge Bustamente, presidente del Colegio de la Frontera Norte, centro académico dedicado a estudiar los conflictos migratorios, la decisión de los supervisores de pedir la intervención militar "está determinada más por una ideología racista que por hechos concretos".
Según México, país que reclama la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos en el marco de los convenios de libre comercio, los ataques que reciben los indocumentados y las tesis que mantiene Washington sobre el tema, buscan criminalizar un fenómeno de características sociales e históricas.
La mayoría de los más de un millón de ilegales que cruzan cada año la frontera de 3.200 kilómetros entre México y Estados Unidos lo hacen para trabajar por bajos salarios. Se estima que la actividad agrícola en California no tendría sus actuales niveles productivos si no contara con mano de obra mexicana.
Fue en ese estado que en 1994 se aprobó, con el voto de 60 por ciento de la población, la ley 187, ahora suspendida por decisión judicial, que restringe los servicios educativos, sociales y de salud a los inmigrantes ilegales.
Un estudio de la cancillería mexicana señala que la violencia de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos contra los migrantes mexicanos provocó alrededor de 100 muertos entre 1989 y 1995.
En la mayoría de los casos las autoridades de Estados Unidos no reportaron los resultados de las investigaciones y 70 por ciento de las agresiones quedaron impunes, apunta el estudio.
"Hay preocupación por la aparición de grupos que tienen como bandera el odio a quienes son diferentes. Estas actitudes que en otras partes del mundo han dejado heridas profundas no pueden ser mantenidas en nuestra era y ello nos obliga a mantenernos alertas ante su potencial de violencia", agrega.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo prometió mejorar las condiciones económicas del país, alertó a sus consulados en Estados Unidos y emprendió una campaña informativa sobre los derechos de los indocumentados, con la distribución de cartillas y la difusión de programas radiales.
Un sondeo realizado en abril por los diarios mexicanos "El Norte" y "Reforma" en las zonas de frontera con Estados Unidos indicó que 67 por ciento de las personas que intentan cruzar la línea limítrofe lo hacen porque no tienen empleo en México.
La encuesta señala que 81 por ciento de quienes pretenden ingresar al país vecino tienen entre 18 y 35 años y sólo siete de cada 100 son mujeres. Casi 60 por ciento son personas casadas con una o más personas a su cargo.
El 23 por ciento de los ecuestados dijo que en México era agricultor, 16 por ciento obrero, 15 por ciento albañil, y el resto aseguró que trabajaba como comerciante, técnico o en "cualquier cosa".
La cancillería sugirió al gobierno en abril actuar con urgencia para elevar los niveles de escolaridad de los migrantes y sus familias "a fin de que dejen de ocupar un lugar marginal en la sociedad estadounidense y defiendan sus derechos civiles y laborales en un entorno creciente de racismo y xenofobia".
Según la cancillería, 60 por ciento de quienes migran a Estados Unidos no han concluido la secundaria. Añade que el flujo de indígenas al país vecino, que muchas veces no manejan ni siquiera el castellano, aumenta 10 por ciento cada año. (FIN/IPS/dc/jc/pr/96)
