El Parlamento de Chile debe ratificar hacia comienzos de agosto el tratado de asociación con el Mercado Común del Sur (Mercosur), aunque se aguarda un arduo debate en torno del tema agrícola.
El presidente Eduardo Frei firmó el martes en San Luis, Argentina, la asociación comercial de Chile con el Mercosur, y en los próximos 15 días enviará el tratado al Congreso para su ratificación.
El documento, suscripto también los presidentes Carlos Menem, de Argentina, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay, y Julio Sanguinetti, de Uruguay, entrará en vigencia el 1 de octubre.
Fuentes del cogobernante Partido Demócrata Cristiano dijeron que el gobierno calificará el proyecto de ratificación con "simple urgencia", lo cual implica que el trámite en las dos cámaras legislativas deberá cumplirse en 30 días.
La "cuestión agrícola" estará sin duda en el centro del debate sobre la asociación con el Mercosur que se desarollará en el Poder Legislativo, cuya sede se encuentra en la ciudad de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
La impresión generalizada en Chile es que el tema del agro no comprometerá la ratificación parlamentaria del tratado, que cuenta con el apoyo no sólo de la mayoría de los sectores políticos, sino también de casi todos los gremios empresariales.
Incluso la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que se opuso infructuosamente a las negociaciones Chile-Mercosur, parece ahora dispuesta a aceptar el acuerdo, pero a cambio de un conjunto de compensaciones.
La SNA representa a los agricultores tradicionales del centro- sur del país, ligados a la producción de granos, carnes y lácteos, que temen la competencia en estos rubros de países miembros del Mercosur.
El acuerdo Chile-Mercosur estableció plazos de desgravación de 15 a 18 años para el ingreso de esos productos a Chile. Esa disposición representa un tratamiento excepcional al sector agrícola, ya que el 1 de octubre serán reducidos los aranceles aplicados a más de 60 por ciento de los bienes comprendidos en el comercio entre las dos partes.
Parlamentarios de los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, de la oposición derechista, anticiparon que condicionarán su voto a favor de la ratificación a las compensaciones que se otorguen al agro.
Una posición más o menos similar anunciaron diputados del oficialista Partido Por la Democracia, quienes propondrán sobre todo medidas en favor de los pequeños productores y de los campesinos asalariados de las regiones agrícolas.
Personalidades y grupos ecologistas rechazan también el tratado con el Mercosur, aduciendo que la ausencia de claúsulas laborales y ambientales agravará el impacto de la liberalización del comercio en la agricultura tradicional.
Según los ecologistas, habrá una reconversión productiva forzada en el campo, que redundará en la erradicación de los cultivos tradicionales, para su reemplazo por actividades forestales intensivas, con el consiguiente impacto ambiental y social.
El presidente de la SNA, Ernesto Correa, se entrevistó el lunes, víspera de la firma del tratado en San Luis, con miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y Agricultura de la Cámara de Diputados y el Senado.
Correa expuso las compensaciones que la SNA espera, resumidas en propuestas que harían más competitivo el sector agropecuario chileno frente a la "producción subsidiada" de Argentina y los otros miembros del Mercosur.
En primer término, Correa demandó la eliminación de aranceles para la importación de equipos, insumos y maquinarias agrícolas desde cualquier país.
Una segunda compensación consistiría en bonificar en 25 por ciento a través del Estado las compras de fertilizantes de los agricultores, y, en tercer lugar, la creación de una línea de crédito agrícola hipotecario de largo plazo, a 20 años.
La SNA pidió igualmente participar en la Comisión de Distorsiones, que vela contra "dumpings" y otras prácticas comerciales ilícitas en las importaciones, y exigió el fortalecimiento y la autonomía de ese organismo.
Los parlamentarios que apoyan al sector agrícola tradicional sostienen que se debe legislar sobre medidas compensatorias simultáneamente al debate para la ratificación del tratado con el Mercosur.
De acuerdo con la Constitución, el Congreso debe aprobar o rechazar el tratado, mediante votación, pero no puede introducir enmiendas en el texto negociado por los cinco gobiernos.
Si bien el gobierno parece dispuesto a arbitrar medidas paliativas para la agricultura tradicional, es improbable que acepte subordinar el ritmo de la ratificación del tratado a la promulgación de las compensaciones que pide la SNA.
El gremio de los agricultores tampoco parece contar con fuerzas, ni en el ámbito empresarial ni en el político, para complicar la asociación del país con el Mercosur, que está respaldada por un vasto y heterogéneo conjunto de fuerzas.
Las agrupaciones de empresarios industriales, del comercio, la minería, la energía, la banca y las finanzas, así como los productores frutícolas, vitivinícolas y forestales, apoyan sin reservas el acuerdo con el bloque sudamericano.
Incluso, la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne a todos los gremios empresariales, estima que el tratado tiene plazos "exageradísimos" de liberación hacia el arancel cero, que se espera alcanzar en la mayoría de los rubros dentro de ocho años, y se pronunció por reducir el plazo a cuatro años.
En el frente político, sólo los senadores y diputados de las regiones agrícolas tradicionales parecen dispuestos a jugarse por las demandas de la SNA, mientras los órganos de dirección de los partidos oficialistas y opositores privilegian los objetivos generales de la integración y el libre comercio.
Hasta el opositor Partido Comunista, que no cuenta con representación parlamentaria, señaló a través de Hugo Fazio, uno de sus principales expertos económicos, que el tratado tiene "seis años de atraso", ya que a su juicio Chile debió aceptar en 1990 la invitación a ser parte del Mercosur. (FIN/IPS/ggr/ff/ip if/96
