HONDURAS: Demandarán al Estado por violar derechos humanos

El periodista Oscar Reyes Bacca, víctima de la represión política vivida en Honduras en los años 80, entablará una demanda contra el Estado por violación de los derechos humanos, se informó hoy en esta capital.

Leo Valladares, representante del estatal Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, dijo que el periodista, que se encuentra autoexiliado en Estados Unidos, formalizará la acusación porque "desea limpiar su imagen y prestigio".

"Reyes Bacca fue víctima de una brutal represión política en nuestro país y considera que llegó el momento de esclarecer los hechos, probar que no era un delincuente y se le indemnice por daños y perjuicios", afirmó Valladares.

Reyes Bacca, ex director de la Escuela de Periodismo de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue objeto en julio de 1982 de un operativo policial que concluyó con su captura, tortura y destrucción de la vivienda.

La policía atribuyó el hecho a que el periodista estaba vinculado a los grupos armados de izquierda en Honduras y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.

Reyes Bacca fue liberado por gestiones de los grupos humanitarios y enviado a Estados Unidos, donde actualmente trabaja en un diario de la Iglesia Católica en Washington.

Ahora, cuando en el país centroamericano se han entablado juicios contra los militares responsables de violaciones de derechos humanos, Reyes Bacca anunció que está dispuesto a identificar sus torturadores y demandar al Estado por los daños físicos y materiales causados a él y su familia.

Según el periodista, lo que más lamenta de esa época es que lo obligaron a abandonar el país y el saqueo de sus bienes, que se ha comprobado están ahora en viviendas de algunos jefes militares.

La demanda estará a cargo de un grupo de abogados estadounidenses, que agotarán las instancias judiciales internas, antes de llevar el caso a una jurisdicción internacional.

Honduras vivió en la década pasada la desaparición forzada de 184 personas por motivos políticos, de la que se acusa a grupos paramilitrares. (FIN/IPS/tm/ag/hd/96)

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