Críticas, marchas de protesta y amenazas de paros laborales provocó en Ecuador la negativa del gobierno y la indecisión del Congreso, de brindar apoyo a 112 comunidades indígenas que plantearon un juicio internacional contra la petrolera Texaco de Estados Unidos.
La demanda se basó en los daños ambientales provocados por la empresa, encargada de la explotación de yacimientos petrolíferos en la región amazónica de este país.
Los trabajadores de la estatal Petroecuador amenazaron este jueves a través de un comunicado de prensa con paralizar sus actividades "si el gobierno continúa rehuyendo a su obligación de defender los intereses de los ecuatorianos y no de las petroleras extranjeras".
"Nadie preguntó si queríamos que Texaco trabajara en nuestras tierras, ahora debemos esperar a que todos estén de acuerdo en enjuiciar a esta petrolera por los daños que provocó", dijo Miguel Capuy, miembro de una de las comunidades afectadas.
Capuy, al igual que decenas de indígenas y ambientalistas que participaron en una manifestación frente al Palacio de Gobierno, portaba un ramo de rosas negras que pretendía entregar al presidente, Sixto Durán Ballén, como símbolo de los daños ambientales que Texaco provocó en la región amazónica.
"Rosas negras para el Presidente, como respuesta a la decisión de quitarnos el apoyo en esta lucha por la vida", sentenció Emilia Grefa, otra manifestante.
La demanda que 30.000 indígenas de las provincias de Napo y Sucumbíos, ubicadas 200 kilómetros al nororiente de Quito, fue acogida por la Corte de Justicia de Nueva York. Un fallo de esta Corte a favor de las comunidades significaría una indemnización de ocho millones de dólares por daños ambientales y sociales.
Sin embargo, al tratarse de un juicio internacional, la justicia norteamericana requirió del pronunciamiento oficial de las autoridades de este país andino.
El gobierno, a través de su embajador en Washington, Edgar Terán, negó el apoyo a la demanda indígena, al considerar que este asunto debe resolverse en territorio ecuatoriano, pues "no se permitirá que cortes extranjeras tramiten demandas ambientales en asuntos donde intervenga la soberanía nacional".
Por su parte, Cristobal Bonifaz, representante de los demandantes, argumentó que el juicio contra Texaco debe ser planteado ante la justicia norteamericana, ya que esta petrolera trabajó, a lo largo de 25 años, por medio de empresas subsidiarias.
Para Bonifaz, "una sentencia dictada en Ecuador sólo tendría efecto sobre las compañías contratadas y no sobre Texaco".
Ante esta polémica, el Congreso unicameral ecuatoriano envió la semana pasada al juez de la Corte de Nueva York un pronunciamiento de apoyo a las 112 comunidades amazónicas, que sin embargo fue anulado más tarde por el presidente de los legisladores, Fabián Alarcón.
Según Alarcón, "existen términos oscuros y confusos" en el texto enviado a Nueva York, que deben ser reconsiderados "por tratarse de un asunto internacional que requiere de cuidado y absoluta responsabilidad".
La indefinición del Congreso ecuatoriano "podría generar complicaciones en el proceso penal", consideró Isauro Puente, presidente de la comisión legislativa de Medio Ambiente.
"Los errores del pronunciamiento pueden enmendarse rápidamente", pues "lo importante es la naturaleza del documento y su entrega puntual", manifestó Puente, y advirtió que "el juez norteamericano no puede esperar más" una decisión de la comisión de Asuntos Internacionales del Congreso.
Numerosas organizaciones ambientalistas, encabezadas por Acción Ecológica, denunciaron que detrás de la negativa del gobierno ecuatoriano se encuentra la firma de un acuerdo para la reparación de daños ambientales entre el Estado y Texaco.
En este acuerto, que se firmó en mayo de 1995, la petrolera se comprometió a realizar labores de rehabilitación ambiental por un monto de un millón de dólares en los zonas de explotación directa.
Sin embargo, según técnicos especializados de Petroecuador, a cuatro meses de que concluya el contrato de rehabilitación, los trabajos no se han realizado y las autoridades del ministerio de Energía y Minas ya dieron por recibidas obras supuestamente terminadas. (FIN/IPS/mg/jc/en-ip/96
