Sólo el uno por ciento de la población conoce la actual Ley de Defensa del Consumidor, según Tatiana Cisneros, directora de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios.
En una entrevista divulgada enla capital ecuatoriana, Cisneros señaló la importancia de reformar esa ley, existente desde 1990 pero ineficiente, "para defendernos de lo que está pasando y de lo que va a pasar".
Con esto último, la directora de la Tribuna se refería al reciente ingreso de Ecuador a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Entre otras cosas, "nuestros países tendrán que dar permiso para el ingreso de productos usados, y en el caso de Ecuador las reglas son muy débiles y corremos el riesgo de convertirnos en el basurero de los países desarrollados", agregó.
Cisneros enfatizó que para crear conciencia, "tiene que quedar claro que los consumidores tenemos un poder oculto que hasta ahora no hemos ejercido, pero es indispensable que comencemos a ejercerlo sin demora".
La Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios está impulsando actualmente la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor con la presentación de una propuesta que está siendo estudiada por diversos sectores del país.
La obligación para que los productos nacionales y extranjeros tengan el certificado de calidad que otorga el Instituto Ecuatoriano de Normalización para su comercialización en el país, es uno de los puntos destacados de la propuesta.
Los cambios que se plantean están basados en la necesidad de una nueva normativa desde el punto de vista de los intereses de los consumidores, considerando el ingreso de Ecuador a la OMC.
De acuerdo a la asesora legal de la Tribuna, María José Troya, los países en desarrollo "estamos en desventaja y existe el riesgo de convertirmos en destinatarios de productos que, por razones de calidad, no pueden venderse en países cuya normativa es exigente".
La irrenunciabilidad de los derechos de los consumidores, y la especificación de quiénes son los destinatarios finales, para evitar que los intermediarios se acojan a la ley, son otras de las reformas propuestas.
Otra sugerencia se refiere a la creación de Tribunales Provinciales del Consumidor, integrados por representantes del Estado, de los consumidores y de los proveedores. (FIN/CI/96
