Las autoridades financieras cubanas no buscan suprimir negocios como los restaurantes privados pero les ponen tantas trabas que los colocan al borde de la quiebra.
Según comentaristas locales, lo que el gobierno pretende evitar es la ampliación de la brecha social y el enriquecimiento excesivo de un sector de la población.
"Cerrado, señor", respondió con tristeza la dueña del restaurante privado Doña Eutimia a uno de los tantos turistas que en estos negocios buscan, sobre todo, precios más bajos que los de los hoteles.
Doña Eutimia es uno de los más de 15 restaurantes privados que según autoridades de la Dirección Provincial de Trabajo en La Habana clausuraron sus servicios en las últimas semanas de mayo porque ya no eran rentables.
"Entre los impuestos y la gente que ya no tiene dinero es imposible tener ganancias", afirmó el dueño de una de estas "paladares", como se les conoce comunmente.
La mayoría de los casi 1.000 restaurantes privados de la isla mantienen sus negocios a pesar de quew en los bolsillos de los cubanos el dinero escasea.
"La inversión inicial de una paladar es muy grande para renunciar a ella rápidamente y quienes se deciden a hacerlo son personas en su mayoría con un respaldo financiero considerable", dijo Carlos Prez, director provincial de Trabajo.
Estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) revelan que la inversión necesaria es de un promedio de 10.000 pesos cubanos, o 400 dólares, a razón de 25 pesos por dólar según la cotización actual en las casas de cambio.
Sin embargo, muchos de los cerca de 205.000 trabajadores privados critican el aumento de los impuestos decidido por el gobierno y temen la quiebra de sus negocios.
"Si aumentan los impuestos ya no podemos subir mucho los precios de nuestros productos porque no se venden", explicó preocupada Alicia Martínez, comerciante de frutas y vegetales en uno de los mercados agrícolas libres de La Habana.
Trabajadores, órgano oficial de la central sindical única, advirtió que si suben los precios no venden y "tendrán que conformarse con ganar un poco menos".
Cálculos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) revelan que sólo los privados deberán aportar este año más de 140 millones de pesos al presupuesto estatal.
"Como la economía estatal empieza a crecer, al parecer los privados molestamos y nos están presionando sutilmente para que cerremos porque nuestra competencia es grande", comentó preocupado un comerciante de dulces.
En un informe al Buró Político del Partido Comunista en marzo último, el segundo hombre del gobierno y Ministro de Defensa Raúl Castro alertó sobre los posibles impactos negativos del trabajo privado en la isla.
Para el hermano del presidente Fidel Castro, estos negocios podrían estimular "viejas formas delictivas y fomentar otras nuevas, propiciar el enriquecimiento abusivo en nuestra situación de escasez".
También pueden promover "la asociación y actuación de formas organizadas ajenas al Estado" o servir de base para "la labor subversiva del enemigo".
A pesar de estas alertas, las autoridades indicaron que la entrada en vigor este mes del nuevo reglamento para regular el trabajo por cuenta propia desmiente los rumores sobre su desaparición.
"Esta medida promoverá un marco de mayor legalidad y permitirá reordenar este sector para su mejor desenvolvimiento", aseguró Luis Francisco Suero, director de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios.
Especialistas locales consideran que el gobierno pretende también frenar la evasión de impuestos y el enriquecimiento abusivo de posibles "nuevos ricos".
Según Paz Martínez, jefa del Departamento de Auditoría Fiscal de la ONAT, los privados deben al fisco en lo que va de año unos 2,1 millones de pesos.
"Los gravámenes preocupan más a los privados, acostumbrados a a las ganancias libres", considera Silvio Gutiérrez, funcionario del Ministerio de Finanzas y Créditos.
Las nuevas regulaciones establecen que un dueño de una paladar debe pagar mensualmente 1.000 pesos cubanos y 750 dólares, además de 200 pesos y 175 dólares por cada "ayudante familiar".
El reglamento prohibe el empleo de trabajadores asalariados y sólo autoriza en el caso de los restaurantes privados el apoyo al dueño por parte de los familiares que conviven en su casa, quienes también deben disponer de sus propias licencias.
Tampoco permite a los profesionales universitarios ejercer en sus especialidades el trabajo privado. Sólo lo autoriza a estomatólogos, médicos, quiropedistas o veterinarios graduados antes de 1964.
Los privados que deseen mantener sus negocios tendrán un plazo de seis meses para reinscribirse oficialmente, pagando unos 30 pesos por el trámite, y tal vez hasta reciban un carné de acreditación de su oficio, según fuentes cercanas de la ONAT.
Expertos locales consideran que el gobierno no desea suprimir esta fuente de trabajo, pues más de la mitad de los 205.000 privados estaban desempleados, según indicó el ministro de Trabajo Salvador Valdés, pero busca impedir que surja una clase de "nuevos ricos". (FIN/IPS/rn/dg/if-pr/96)
