VENEZUELA: Nuevas denuncias de venganza política en caso Pérez

La venganza política orienta la propuesta de condenar este mes al ex presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, a cuatro años de arresto, según un documento publicado hoy por destacadas figuras que avalan el liderazgo del ex dirigentye socialdemócrata.

Los 15 jueces de la Corte Suprema de Justicia decidirían en cuestión de días o semanas spbre la ponencia del magistrado Luis Palís, que pide condenar al ex mandatario (1989-1993) por malversación (desvío) de 17 millones de dólares de fondos secretos.

La fiscalía formuló además cargos por peculado (apropiación en provecho propio o de un tercero), por el uso parcial que se habría hecho de esos recursos para financiar una operación de auxilio policial a Nicaragua, pero Palís desechó ese segundo delito.

Pérez, quien cumplió 73 años en octubre y dedicó su vida a la política desde que era adolescente, ya estuvo dos años bajo arresto en su residencia de las afueras de Caracas, y según el proyecto de Palís recibiría otros dos años de castigo.

Según el semanario caraqueño Zeta, antiperecista, sólo tres magistrados están a favor del ex presidente, nueve en contra y hay tres indecisos, y esa correlación permite suponer que se impondrá la tesis de Palís para condenar a Pérez.

El ex mandatario y sus abogados sostienen que una condena sería "una aberración jurídica" con trasfondo político, a modo de ajuste de cuentas y decisión de mantener inmovilizado al dinámico político de muchedumbres que ha sido Pérez.

El documento divulgado este jueves sostiene que la propuesta de condenarle persigue "acabar con Pérez a cualquier precio", y pide a la Corte "no aceptar el criterio de algunos aberrados que pretenden que la justicia sea aliada de negocios políticos".

Los firmantes están encabezados por el vicealmirante retirado Wolfgang Larrazábal, líder del alzamiento castrense que derribó la última dictadura militar en Venezuela, en 1958, y años después senador por el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).

Pérez llegó dos veces al poder como candidato de AD, partido en que activó durante medio siglo pero que, apenas se ordenó su detención en 1994, lo expulsó de sus filas y efectuó una purga de dirigentes "renovadores" o perecistas.

Varios de sus ex colaboradores firman el documento de este jueves, pero también antiguos parlamentarios, académicos, ex magistrados de la Corte Suprema e incluso un jefe político de la guerrilla marxista en los años 60, Américo Martín.

El documento destaca que Pérez puede ser condenado mientras su ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, quien según las leyes es el administrador de la partida de gastos secretos, fue sobreseído en diciembre de 1994 por el presidente Rafael Caldera.

Izaguirre prácticamente ha guardado desde entonces, pero este jueves reiteró que fue "el único administrador de la partida secreta". "Lo hice, desde luego, en permanente y periódica consulta con el presidente", precisó.

"Este juicio ha estado alimentado, estimuldo, por los bajos intreses de la política venezolana", añadió Izaguirre.

El documento también reivindica el valor de la cooperación que se brindó a Nicaragua, la obligación constitucional que los gobernantes de Venezuela tienen de cooperar con otros estados de la región, y el evidente uso de los gastos reservados para ese fin por todos los gobernantes democráticos.

Pérez se ha confesado orgulloso de haber cooperado con Nicaragua, pero insiste en que la cooperación no se efectuó con los fondos cuestionados y que nada en el expediente lo prueba.

Hace una semana, políticos nicaraguenses de diversas tendencias, entre ellos Sergio Ramírez, Edén Pastora, Antonio Lacayo, Alfredo César y Domingo Sánchez, divulgaron una carta en la que abogan porque la Corte tome en cuenta los aportes de Pérez a la democracia en su país y a la paz en la región.

En predios de la Corte se especulaba que la mayoría de los magistrados, aún cuando partidarios de condenar a Pérez, buscarían reducir su condena de cuatro a tres o menos años de arresto. Como ya cumplió dos, el mandatario quedaría privado de libertad durante al menos otro año. (FIN/IPS/hm/dg/ip/96)

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