La confesión de un militar uruguayo que reconoció que los desaparecidos durante la dictadura están muertos volvió a agitar la bandera de los derechos humanos y reveló un atípico enfrentamiento entre los uniformados golpistas.
Jorge Tróccoli, un alto oficial de la Marina en retiro, irrumpió públicamente este domingo con una carta publicada por el diario El País, el de mayor circulación, en la que confesó haber torturado a presos políticos.
Exhortó a reconocer que los desaparecidos están muertos, pero advirtió que sus expresiones no son "un canto de arrepentimiento ni una confesión".
En 1973 un golpe de Estado derrumbó la democracia en Uruguay, que se recuperó en 1985 luego de un proceso pactado entre los militares y la mayoría de los dirigentes políticos, en el marco de un amplísimo rechazo popular y un total aislamiento político del régimen golpista.
Durante ese lapso los militares llegaron a encarcelar a más de 5.000 personas, que según los organismos internacionales de derechos humanos, destacaron a Uruguay como la nación con mayor número de detenidos por habitante.
El número de desaparecidos superó el centenar, dentro de fronteras y como resultado de la coordinación de los uniformados uruguayos con los argentinos y brasileños, amparados por la doctrina de la seguridad nacional imperante.
Trocoli fue jefe del servicio de inteligencia del cuerpo de infantes de marina, un destacamento de elite, y se le atribuye haber intervenido en Argentina en el llamado "Pozo Orletti" un centro de detención clandestino en el que fueron recluidos y torturados la mayoría de los uruguayos secuestrados en ese país.
El militar reconoció haber "tratado inhumanamente a mis enemigos" y exhortó a no seguir utilizando el vocablo desaparecidos porque "todos sabemos que murieron defendiendo lo suyo".
Troccoli sostuvo que no mató a nadie, pero afirma que "no soy un hipócrita, reconozco que las Fuerzas Armadas a las que pertenecí, lo saben y lo hicieron".
La postura del ex marino cayó "como un balde agua fría" entre sus colegas golpistas, que "no aceptamos esa afirmación bajo ningún punto de vista", dijo a IPS un general retirado que pidió reserva de su nombre.
El oficial dijo que el "asunto" será "procesado" en un debate interno y "luego veremos si respondemos públicamente".
Ivan Paulós, un ex general de activa participación durante el régimen de facto, dijo la semana pasada a una emisora radial que no le consta que hayan existido muertos ni desaparecidos durante ese período.
Las expresiones de Paulós tuvieron su origen en un reportaje realizado por la revista Posdata a dos militares anónimos, que lo acusaron junto con Tróccoli y otros oficiales de ser los responsables de torturas en el Fusna.
A fines de abril, durante una reunión en un centro social, los principales jefes militares de la dictadura reivindicaron su actuación y dijeron que no tenían nada de qué arrepentirse.
Sin embargo, ya en 1990, el ex teniente general Hugo Medina, había reconocido que durante la dictadura se perdieron los puntos de referencia y existieron apremios a los detenidos.
El periodista Samuel Blixen, del semanario Brecha, se preguntó ¿Cuál es la idea que tienen algunos sobre el sinceramiento que supuestamente completará la paz en el país?. ¿La del general Iván Paulós, que con cascado acento cuartelero recita el jurásico discurso del comunismo subversivo y rechaza la existencia de violaciones a los derechos humanos?.
"Sobre las víctimas se sabe todo, sobre los victimarios nada", recordó Blixen, que estuvo preso durante varios años.
Matilde Gutiérrez, viuda del ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, también rechazó las expresiones de Tróccoli.
La mujer dijo que no puede aceptarse un "mea culpa" sin saber "dónde están enterrados los muertos y quién fue el responsable de ello".
En cambio el senador del gobernante Partido Colorado, Luis Hierro, elogió hoy el "sinceramiento personal" de Tróccoli y recordó que ya se laudó en 1986 sobre eventuales investigaciones.
Su colega Rafael Michelini, hijo del ex senador Zelmar Michelini, un carismático líder político asesinado junto a Gutiérrez Ruiz, ha venido reclamando en los últimos meses un "sinceramiento" de las Fuerzas Armadas.
La madre del senador, junto con Matilde Gutiérrez y familiares de los desaparecidos se disponen a presentar al gobierno un documento planteando el derecho de petición establecido en la Constitución, para investigar los sucedido en esos años.
Este mecanismo administrativo parace ser el único posible para conocer la verdad, porque una ley de amnistía de 1986 anuló la posibilidad legal de perseguir a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. (FIN/IPS/rr/jc/hd/96)
