Escoger la cárcel y las condiciones de reclusión se ha convertido para algunos personajes de la alta política de Colombia en algo tan obvio como planear vacaciones o mudanza de residencia.
Es tal la dimensión que ha tomado el proceso 8.000, como se conoce la investigación que hace diez meses rastrea los presuntos vínculos de la cúpula del gobierno y de sectores parlamentarios con el narcotráfico, que para muchos de ellos la cárcel es un destino inminente.
Este viernes la comidilla en los mentideros políticos era el sitio donde será detenido el procurador general de la Nación, Orlando Vásquez, a quien la Fiscalía ordenó arrestar por el aparente delito de enriquecimiento ilícito.
Que Vásquez, responsable de la vigilancia de la administración pública, fuera suspendido de su cargo hace diez días bajo el cargo de obstruir la acción de la Fiscalía, pase a engrosar la lista de notables detenidos, era un secreto a voces desde hace varias semanas.
Por eso, la curiosidad, que a veces llega al morbo, desatada por la espectacularidad e implicaciones de la detención del procurador se centra en asuntos menos complejos que los vericuetos jurídicos y más prosaicos como el sitio y condiciones de reclusión.
Y es que a raíz del narcoescándalo, como si se tratara de una oferta hotelera para temporada de veraneo o del portafolio de una agencia inmobiliaria, el sistema penitenciario ha mostrado una variada gama de opciones para los ilustres detenidos.
Gracias a la inmunidad parlamentaria que cobija a siete legisladores ya presos y a otros 13 que podrían quedar eufemísticamente tras las rejas, la red de 175 presidios ha ampliado su capacidad en guarniciones militares, escuelas y estaciones de policía.
Algunas de las cárceles son verdaderas sedes campestres con canchas deportivas, amplios casinos y condiciones ostentosamente confortables, comparadas con las de hacinamiento crónico que afecta a la mayoría de cárceles del país donde malviven 30.500 reos, casi la mitad de ellos sin condena.
Fernando Botero Zea, ex ministro de Defensa y ex gerente de la campaña que condujo a Ernesto Samper a la presidencia en 1994, es uno de los detenidos de clase alta.
Sus condiciones privilegiadas de reclusión son motivo de malestar, aún en círculos del gobierno, de cuyas entrañas salió Botero Zea para convertirse a los siete meses de detenido en el principal testigo de cargo contra el presidente.
Convites de exquisito refinamiento gastronómico, a veces atendidos por su cocinera particular, visitas familiares con pernoctada incluida, sesiones de fisoterapia, profesores de yoga y hasta un entrenador para su perro fueron reseñados ésta semana por el diario El Espectador.
Al amparo de la jurisdicción militar, Botero Zea cuenta con su propio medio de comunicación, «Desde mi celda», del que ya ha publicado tres números de 2.000 ejemplares cada uno, en los que ha llegado a proponer un golpe militar «técnico» para que salga Samper y asuma el vicepresidente Humberto de la Calle.
El anticuario Santiago Medina, ex tesorero de la camapña samperista, quien primero denunció la financiación del Cartel de Cali en la segunda vuelta electoral, para lo que aportó un voluminoso paquete de recibos y documentos, es por ahora quien goza de mayores beneficios.
Tras pasar los primeros meses de detención en la cárcel Modelo de la capital, Medina obtuvo de la Fiscalía el beneficio de la casa por cárcel, por lo que ahora cumple su reclusión en su propio palacete afrancesado.
Aunque ha tenido que intercalar elementos de refinada decoración con placas de acero antibalas, en prevención de atentados, y abstenerse del disfrute de su piscina privada, Medina responde a los críticos con un argumento de estricto derecho: "no tengo la culpa de tener una casa elegante".
Un recorrido por los patios de alta seguridad de los penales donde está recluida la cúpula del Cartel de Cali también deja al descubierto que el sistema penitenciario es fiel reflejo de la sociedad circundante.
Como en el mundo en libertad, en las cárceles hay estratos del uno al seís y sus residentes hacen uso de los derechos que les confiere su propia fortuna, no importa que tan bien o mal habida sea.
Sin llegar a lo que en su momento la prensa estadounidense llamó «hotel de cinco estrellas» para referirse a La Catedral, lugar de reclusión de Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín muerto en 1992, los capos de la mafia de Cali han acondicionado su propio hábitat.
Recientemente la prensa local publicó fotografías de la que llamó con cierta ironia «celda neoclásica» de Miguel Rodríguez Orejuela, en la cárcel la Picota, de Bogotá.
Las imágenes daban cuenta de la recursividad de los decoradores al camuflar con cortinas las rejas de la ventana y con generosas arandelas compañeras la lámina de cemento que sirve de cama. Uno que otro cojín completaban el ambiente.
Es tal la competencia que a todos los niveles ha suscitado el proceso 8.000 que la ex senadora María Izquierdo, quien se convirtió en testigo de cargo, se quejó de no haber recibido a cambio por lo menos el derecho a un baño privado en la estación de policia donde está recluida.
Las condiciones favorables para los presos por narcotráfico o delitos conexos resultan más protuberantes, si se compara con la situación general de los detenidos y del sistema penitenciario, en cuanto a destinación de presupuestos para penales según el rango de los posibles detenidos.
Un estudio del Ministerio de Justicia indica que, en general, la superpoblación carcelaria es de 10 por ciento, con mayor concentración en la capital y las ciudades de Medellín y Cali.
También que mientras la cárcel de Cúcuta, en el noreste, la más moderna para delincuentes comunes, no tiene servicio de agua potable, en los últimos cinco años la inversión en cárceles de alta seguridad -para narcotraficantes-, fue de 23 por ciento del total del sector.
Con ese porcentaje se cubrieron apenas 434 cupos, mientras que el 77 por ciento restante corresponde a la inversión para los 13.000 detenidos comunes.
Se estima que la inversión en infraestructura carceleria para detener a un solo narcotraficante es de unos 45.000 dólares, de lo que se deduce que en libertad y en prisión, los mafiosos se paran en los metros cuadrados mas costosos del país. (FIN/IPS/mig/dg/ip/96)
