Una ofensiva iniciada hoy en Argentina por el bloque oficialista en el Congreso amenaza con precipitar la renuncia del ministro de Defensa, Oscar Camilion, por el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador durante la guerra con Peru en 1995.
La diputada del Partido Justicialista Patricia Bullrich presentó este lunes un pedido de juicio político al ministro que se suma a la demanda en ese sentido hecha por los dos principales partidos de oposición, la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario.
Bullrich fue más lejos que el diputado oficialista Jorge Matzkin, quien admitió que Camilion debería abandonar el cargo antes que la justicia pida su desafuero para declarar personalmente en la causa que investiga la venta ilegal de unos 60 millones de dólares en armamentos.
Matzkin consideró que se debe llegar a la verdad "lo antes posible" y para ello la comisión de juicio político tratará el martes la solicitud de enjuiciamiento de Camilion.
Pero el ministro, que se considera "víctima de una campaña de prensa", reiteró una vez más que no renunciará.
"Es indispensable mi permanencia, no hay que dar por sentado que el gobierno es cómplice del contrabando", remarcó Camilion este lunes.
En este sentido, tanto la oposición como la mayoría de los legisladores oficialistas creen que incluso en el caso de que el ministro haya sido engañado, como se desprende de sus declaraciones, debería presentar su dimisión por las graves fallas observadas en el proceso de control de la operación.
"Si el ministro no asume un gesto personal, entonces habrá un gesto institucional", advirtió Bullrich, quien encabeza una ofensiva desatada ante la polémica decisión presidencial de publicar los decretos secretos de ventas de armas durante el gobierno del radical Raúl Alfonsin (1983-89).
La estrategia de atacar a la oposición fue un bumerán, porque demostró con documentos secretos que el gobierno radical nunca vendió armas a países con embargo como hizo el actual. De allí que los parlamentarios oficialistas decidieran asumir una posición dura ante el Poder Ejecutivo, indicaron analistas.
La venta de 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones a Ecuador fue denunciada por la prensa peruana en marzo de 1995. Luego la prensa argentina reveló que la operación fue realizada por Fabricaciones Militares, una compania que depende del Ministerio de Defensa.
Fabricaciones Militares vendió los pertrechos a una compañía intermediaria -Hayton Trade- que aparentó colocarlos en Venezuela. Pero el verdadero destino de las armas fue Ecuador, pese al embargo que pesaba sobre ese país, que libraba una guerra no declarada con Peru, originada en un conflicto limítrofe.
El propietario de Hayton Trade, el corponel retirado Diego Palleros, se encuentra prófugo.
Esa misma empresa colocó otro cargamento de armas argentinas en Croacia, pese al embargo internacional. En ese caso, la operación figuró con destino a Panamá, donde no hay fuerzas armadas.
La justicia ordenó el procesamiento del interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, quien habría autorizado las dos operaciones.
Pero se requirió, además, un decreto con la firma del presidente Carlos Menem y los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Economía, todos aparentemente engañados por la triangulación.
El dueño de la empresa ecuatoriana Prodefensa, Roberto Sassen, aportó hace dos semanas nueva información que incrimina a autoridades argentinas. Aseguró haber tratado con Sarlenga y otro directivo de Fabricaciones Militares sobre un saldo pendiente de entrega, en abril de 1995.
El ministro admitió que el brigadier Juan Paulik, jefe de la Fuerza Aérea, le hizo saber que las armas que supuestamente iban a Venezuela podrían estar siendo descargadas en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, pero no hizo caso de la advertencia por considerarla un rumor.
Según se conoció este lunes, en el informe que realiza la auditoría de las Fuerzas Armadas y que acaba de ser entregado al ministro, declararon subordinados de Paulik que aseguraron haberle comunicado a su jefe sus fuertes sospechas de tráfico de armas a Ecuador.
En el informe tambien consta que el dueño de la empresa ecuatoriana Prodefensa dijo que Sarlenga y el coronel Edgberto Gonzalez de la Vega le pidieron "paciente prudencia" para completar la operación, una vez que Menem consiguiera la reelección en mayo de ese año.
Los acontecimientos se precipitaron en los últimos días, cuando se conoció la posibilidad de que el juez convoque a declarar a Camilión.
El paso requiere el pedido de desafuero del ministro, que será tratado el miércoles próximo en la Camara de Diputados. Pero en verdad, el Congreso está trabajando en el juicio político.
"? Como es posible que nadie en el Poder Ejecutivo haya llamado por teléfono a la Embajada de Venezuela o a la de Panamá para preguntar si efectivamente ellos estaban comprando armas?", se pregunto la senadora Graciela Fernandez Meijide, del Frente País Solidario.
Menem, de gira por América Central desde este lunes, evitó recomendar a los parlamentarios oficialistas que respalden al ministro, como él mismo hizo hasta ahora, un gesto interpretado por algunos analistas como presagio de inminentes cambios en el gabinete. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96)
