Las amenazantes declaraciones contra Panamá hechas el lunes por el secretario de Estado asistente para Asuntos de Narcotráfico de Estados Unidos, Robert Gelbart, desató hoy una tormenta política en altas esferas del gobierno local.
Gelbart afirmó a un diario panameño que si Panamá "no toma medidas enérgicas para limpiar su sector financiero se haria más difícil que Estados Unidos respalde la actividad internacional financiera a través de ese país".
También advirtió que cuando se retiren las bases militares de Estados Unidos, en diciembre de 1999, el gobierno debe "prevenir una repetición de lo que ocurrió cuando (el depuesto general) Manuel Antonio Noriega puso a Panamá al servicio de los narcocarteles" de la droga, en la década pasada.
Gelbart puso como ejemplos los casos de Colombia, que "es un ejemplo muy triste del poder que ejercen estas fuerzas", y México, que se ha convertido en el más importante centro de lavado de narcodólares en la región.
"Nos preocupamos por países que son pequeños y frágiles y que son vulnerables a ser tomados por intereses criminales", añadió el funcionario estadounidense al justificar sus palabras.
Las respuestas no se hicieron esperar.
El habitualmente poco comunicativo director de la oficina de Seguridad Nacional de Panamá, Gabriel Castro, afirmó que Gelbart no puede pretender que este país haga en dos años lo que ellos no pudieron hacer en 50.
"La figura de Noriega es irrepetible, ya que él no llegó a la dictadura producto del narcotráfico sino como un empleado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos)", replicó.
Noriega, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos tras ser condenado en 1993 por un tribunal de ese país a 40 años de prisión por actividades de narcotráfico, admitió durante el juicio juicio que desde 1963 figuraba en la planilla de asalariados de la CIA.
Castro subrayó que, contrariamente a las advertencias de Gelbart, Panamá "se encuentra capacitada para enfrentar la amenaza de los narcotraficantes después del retiro del Comando Sur" de las riberas del canal, como lo acordaron ambos países en los tratados canaleros de septiembre de 1977.
El 31 de diciembre de 1999 debe cesar la presencia civil y militar de Estados Unidos en Panamá, traspasando sus actuales cinco bases y otras instalaciones a la jurisdicción del país huésped.
El vicecanciller Omar Jaén adujo que, contra lo que sugiere Gelbart, la lucha "feroz y denodada" contra el narcotráfico realizada en los últimos años por Panamá "ha sido reconocida por varios países, entre ellos el propio Estados Unidos".
Las declaraciones de Gelbart ocurren en momentos que se encuentran paralizadas las conversaciones exploratorias entre Estados Unidos y Panamá para analizar la permanencia de tropas estadounidenses en el canal luego de diciembre de 1999.
Washington procura mantener dicho contigente con el fin de vigilar y controlar el tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos a través del istmo centroamericano, así como para realizar treas de salvamento en la región.
Sin embargo, la resistencia que provocó esa propuesta en influyentes sectores del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la negativa del Departamento de Estado de Estados Unidos a pagar una renta por el uso de las bases dejó en suspenso las conversaciones.
Roberto Gómez, ex secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios, aseguró que "no tienen justificación alguna" la permanencia de las bases como generadoras de empleo, como plantean algunos expertos locales, riqueza o para la lucha contra el narcotráfico.
La permanencia de tropas extranjeras luego del año 2000 "es contraria a las luchas históricas del pueblo panameño y al signo de la época, que es la desaparición del colonialismo en el mundo en todas sus formas", afirmó. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96)
