MEXICO: Amplio respaldo a investigación de matanza de campensinos

Políticos y grupos humanitarios de México saludaron hoy la decisión del gobierno de pedir a la Corte Suprema de Justicia que investigue la muerte de 17 campesinos en una acción policial, luego de que un fiscal cerrara el caso.

El pedido a la Corte, derecho presidencial que no habia sido ejercido en los últimos 50 años, es un paso importante para restablecer el orden y la confianza frente a la ley, dijo Porfirio Muñoz, presidente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política del país.

Tras una ola de protestas provocada por el cierre del caso, que fue presentado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno anunció el lunes que solicitó la intervención de la Corte por ser "un hecho de excepcional gravedad".

El pedido del gobierno "es una respuesta necesaria para satisfacer los reclamos de la opinión pública nacional y de las instituciones humanitarias internacionales", señaló el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.

La muerte de 17 campesinos de una organización opositora en una emboscada preparada por la policía del sureño estado de Guerrero, el 28 de junio pasado, fue producto de la impericia de las autoridades, según el fiscal que investigó el caso.

El informe del fiscal fue presentado luego de la difusión de un video, tomado en el lugar de la masacre, que desvirtuó la tesis oficial de que fueron los campesinos quienes atacaron a los policías. En el video se ve claramente que fue la policía la que atacó a los campesinos desarmados.

La oposición y los familiares de los asesinados acusan al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, de haber ordenado la matanza.

Los muertos pertenecian a una organización que Figueroa reconoció que investigaba por presuntos vínculos con grupos guerrilleros.

La matanza de los campesinos y las investigaciones posteriores han sido seguidas con detenimiento por varios grupos humanitarios internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos por los Derechos Humanos. (FIN/IPS/dc/ag/ip-hd/96)

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