La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo del sistema de Naciones Unidas (ONU), elogió el miércoles 28 los esfuerzos antidrogas de Bolivia, Colombia, México y Perú.
El dictamen se dio a conocer 48 horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidiera la certificación de los países productores de drogas, cuya negativa le significó a Colombia la pérdida de distintos beneficios económicos, crediticios, arancelarios y militares.
El informe 1995 de la JIFE, órgano fiscalizador de los acuerdos contra las drogas adoptados en el marco de las Naciones Unidas, se centró en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
"Nadie sabe la magnitud del problema, pero se estima que cada año se integran a la economía formal centenares de miles de millones de dólares" procedentes del narcotráfico, dijo al presentar el informe en Caracas la venezolana Elba Torres, uno de los 13 miembros de la JIFE.
Torres dijo que ninguno de los 119 países que aprobaron la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de drogas, de 1988, objetó sus disposiciones sobre lavado de dinero, por lo que avanzan los ajustes de las respectivas leyes nacionales para combatir esa práctica.
El informe también pasa revista al estado de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes por regiones, y en el caso de América Latina y el Caribe señaló retrasos e inconsistencias en algunos países, pero también elogió sus esfuerzos.
Washington asegura que unos 15 países de la región son empleados para la producción y el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.
Se prevé que la "descertificación" de Colombia por parte de Estados Unidos agravará la crisis política generada por acusaciones contra el presidente Ernesto Samper por el aporte financiero de narcotraficantes a los fondos de su campaña electoral.
Varios países en la mira de Washington, como Bolivia, Colombia, México y Perú, recibieron elogios a su lucha contra el narcotráfico en el informe de la JIFE, pero Torres afirmó que ambos procesos son independientes.
"La JIFE observa con reconocimiento los esfuerzos renovados de los gobiernos de Bolivia y, en particular, de Colombia, para acelerar los programas de erradicación (de cultivos de insumos para la elaboración de narcóticos), incluso frente a una oposición local bien organizada", señaló el informe.
Sin embargo, la JIFE discrepa de "las opiniones y prácticas de los gobiernos de Argentina, Bolivia y Perú respecto al cultivo de la coca y el consumo de su hoja", pues convenciones internacionales desde 1961 abogan por su erradicación.
Bolivia se propuso actualizar su plan nacional de combata contra las drogas, y la JIFE "observa con satisfacción que Perú, donde se aprobó un plan de fiscalización de drogas en 1994, el gobierno ya aprobó legislación para un sistema nacional de prevención y lucha".
A pesar de ello, "se sigue produciendo pasta de coca, sobre todo en Bolivia y Perú, de donde se la saca de contrabando hacia Colombia para su transformación en clorhidrato de cocaína".
Respecto de Colombia, la JIFE elogió "la destrucción de gran número de lugares de cultivo ilícito de arbustos de coca y adormidera, y la incautación de varios laboratorios clandestinos y de cantidades sustanciales de drogas ilícitas".
"La JIFE aprecia mucho las medidas satisfactorias adoptadas en Colombia contra los poderosos carteles de drogas, que constituyen una constante amenaza para la estabilidad económica y política del país", asentó el informe.
Además, Colombia aprobó un plan nacional antidrogas que abarca la erradicación de cultivos ilícitos y disposiciones contra el blanqueo del dinero, y se adhirió a la Convención de 1988, aunque la JIFE lamentó que hizo importantes reservas a ese texto.
En cuanto a México "la JIFE observa con satisfacción que ha continuado su campaña multifacética contra el cultivo, la producción, la fabricación, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas", y ha asignado "recursos importantes" a las medidas de reducción de demanda y fiscalización.
También elogió "las medidas tomadas por el gobierno de México para eliminar la corrupción de funcionarios y fortalecer los controles jurídicos para prevenir el blanqueo de dinero, que toavía es un problema grave en ese país".
En el lado negativo está que "a pesar de la creciente cantidad de cannabis (marihuana) incautada por México, "ese país sigue siendo proveedor de los mercados ilícitos de Estados Unidos".
"La adormidera se cultiva en forma ilícita en México, y el opio que se produce se utiliza para la fabricación ilícita de heroína, que se introduce de contrabando en Estados Unidos", senaló el texto.
Finalmente, en América del Sur, la JIFE deploró "las enormes dificultades de la lucha contra el transporte de bienes ilícitos en la cuenca amazónica", y en particular pidió que Brasil, con la mayor porción de la cuenca, "adopte medidas a nivel nacional o regional para mejorar esa situación".
Y en América Central y el Caribe, la JIFE advirtió de un uso más intenso del istmo y las islas para el tráfico de drogas, y que el eje de actividades ilícitas Bahamas-Islas Turcas-Florida (Estados Unidos) se desplaza hacia el Caribe Oriental. (FIN/IPS/hm/jc-mj/he-ip/96)
