Una largamente debatida ley de amnistía para ex colaboradores del derrocado general Manuel Noriega, volvió a encender la polémica en Panamá luego que la oirganización humanitaria Amnistía Internacional (AI) advirtió que ese proyecto perpetuaría la impunidad.
"El caso panameño", recurrente desde diciembre de 1989, cuando una invasión estadounidense derrocó a Noriega, es similar a otros que acaparan la atención de la sociedad civil en Honduras y Guatemala respecto a los presuntos abusos cometidos por militares en el ejercicio del poder.
Alberto Alemán, diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), puntualizó que la amnistía "debe ser general y completa para que haya una verdadera reconciliación entre todos los panameños".
Sin embargo, partidos de la oposición, la Iglesia Católica y Amnistía Internacional aducen que una ley con esos alcances podría fomentar la impunidad.
En el grupo de los opositores a una amnistía general también se encuentra el presidente Ernesto Pérez Balladares, quien es a su vez secretario general del PRD.
"Me parece innecesaria una amnistía con esa amplitud", señaló el mandatario este lunes.
Entre septiembre de 1994 y ese mismo mes del año pasado el gobierno otorgó dos indultos en favor de 352 procesados por presuntos delitos políticos, la mayoría de los cuales eran civiles.
La jerarquía católica -que ha rechazado otras iniciativas similares anteriores- senaló a través de su vocero Carlos Lee, que una ley general de amnistía, "lejos de buscar la reconociliación y una mejor imagen del país lo que hará será desmejorarla".
AI afirmó en un comunicado divulgado la semana pasada en Panamá que "tolerar los abusos y evitar la comparecencia de sus autores ante la justicia sólo contribuye a la perpetuidad de los delitos".
Las reacciones del sector oficialista y abogados penalistas no se hicieron esperar.
El ex Procurador general de Panamá Carlos Rafael Rodríguez estimó que "es más injusto mantener a personas arrestadas por más de seis años sin haber sido llamadas a juicio que permitir que salgan libres aunque haya dudas sobre su inocencia".
Si los miembros de Amnistía "permanecieran sólo dos días en la Cárcel Modelo (de ciudad Panamá) seguramente cambiarían de parecer", por las precarias condiciones en que sobreviven los alrededor de 1.800 detenidos en ese lugar.
El legislador Miguel Bush, del PRD, tras indicar que la amnistía "es un compromiso" adoptado por su partido en 1993, consideró que AI "no tiene moral para opinar sobre el asunto".
"Amnistía Internacional no tiene la estatura moral para criticar, porque en 1990 no prestó ayuda a los familiares de quienes murieron durante la invasión (estadounidense de 1989), ni investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército norteamericano" en aquella ocasión, apuntó Bush.
Durante la intervención estadounidense de 1989 perecieron alrededor de 2.200 civiles y otros 12.000 fueron heridos gravemente por las tropas invasoras.
Bush precisó que la amnistía que proponen los parlamentarios del PRD "procura poner fin a la campaña de odio y venganza que se dio en el país" luego de la invasión y caída de Noriega, cuando más de 8.000 miembros del actual partido gobernante fueron internados en campos de concentracón o encarcelados.
A pesar de que han pasado seis años desde la invasión y de los dos indultos impartidos por Pérez Balladares, unas 600 personas, la mayoría ex militares, tienen todavía procesos en marcha por la comisión de presuntos delitos y de ellos unos 40 permanecen en prisión preventiva.
El caso más notorio es el del ex jefe del estado mayor de Noriega, el coronel Marcos Justine, quien lleva más de seis años en la cárcel sin haber sido sometido a juicio, acusado de un delito por el cual, de ser hallado culpable, sólo podría ser condenado a una pena de tres años, dijo Bush.
En medio de la polémica, la diputada del PRD Balbina Herrera anunció que presentará una nueva propuesta para reconciliar a todas las partes.
Ese planteo, ya rechazado por Bush y Alemán, consiste en dejar al margen de la amnistía a todas las personas procesadas por homicidios, robo, peculado o graves casos de violación a los derechos humanos. (FIN/IPS/sh/dg/ip-hd/96)
