Organismos humanitarios de México y el extranjero rechazaron el informe de un fiscal que exculpó a autoridades del estado de Guerrero por la matanza de 17 campesinos en una acción policial y exigieron continuar con las investigaciones.
El fallo del fiscal Alegandro Varela, conocido el martes, es "gravísimo y ha causado alarma en diversos sectores de la comunidad internacional", dijo Morris Tidball-Binz, portavoz de Amnistía Internacional.
Según el fiscal, que consideró inocentes al gobernador de Guerrero, Ruben Figueroa, y a sus inmediatos colaboradores por la matanza ocurrida el 28 de junio de 1995, la responsabilidad de las muertes recae sobre los policías que actuaron con "impericia" al emboscar a los campesinos, miembros de un grupo opositor.
La decisión del fiscal, respaldada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece Figueroa, no alienta esperanzas de que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo acabe con la impunidad vigente en materia de derechos humanos, señaló el representante de Amnistía.
La oposición y los familiares de los campesinos asesinados, que aseguran que la matanza fue ordenada por Figueroa, anunciaron que realizarán acciones de resistencia civil para demandar que se reabra el caso.
La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que el caso de la matanza de Guerrero, 411 kilómetros al sur de la capital mexicana, no puede considerarse cerrado, pues aún hay elementos que deben investigarse.
Susannah Sirkin, directora del grupo alemán Médicos por los Derechos Humanos, dijo sentirse "consternada" por la decisión del fiscal.
Para el Centro de Justicia y Derecho Internacional, el fallo "reafirma la necesidad de seguir impulsando la denuncia de esa matanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
A mediados de julio de 1995, el opositor Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política del país, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, una denuncia contra el gobierno de México por la matanza de los campesinos.
Tanto los organismos humanitarios como la oposición mexicana sostienen que las autoridades de Guerrero manipularon las evidencias y editaron un video para establecer que fueron los campesinos quienes provocaron la matanza.
Investigaciones periodísticas confirmaron que tras la matanza la policía editó un video de la emboscada, introduciendo tomas donde aparecían los campesinos muertos con armas en sus manos, y quitando otras donde se observaba que el ataque se produjo contra gente desarmada.
Los campesinos muertos, quienes pertenecían a una organización opositora que el gobernador Figueroa dice investigar por tener vínculos con grupos guerrilleros, recibieron un ataque "totalmente abusivo", señaló Luis Gonzalez, visitador general de la CNDH. (FIN/IPS/dc/dg/ip-hd/96).
