No importa cuál sea el tema. Cada vez que un policía argentino es víctima de los humoristas gráficos del diario Página 12 lleva en la mano una caja de pizza, símbolo de la corrupción institucional de la policía nacional.
Pero en los últimos días, la delincuencia policial pasó a mayores y ya no hay espacio para las bromas. En apenas dos días se produjeron tres episodios de violencia policial de tal magnitud que a muchos recordó la éepoca de la dictadura militar (1976-83), cuando había impunidad para matar civiles.
"La gente percibe que la policía se está volviendo peligrosa y que hay sectores de la institución que no están bajo control superior", explicó a IPS Sofia Tiscornia, antropóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales.
No obstante, no se trata sólo de percepción. Un informe realizado por el Centro señala que los casos de violencia policial aumentaron 60 por ciento en 1995 respecto al año anterior.
La cúpula de la Policía intenta diferenciar a la institución de algunos agentes a los que califica de delincuentes, pero algunos observadores se preguntan cómo es posible que esos delincuentes porten armas y estén dentro de la organización encargada de combatir el crimen.
El día 14, un hombre que cometió el delito de manejar a alta velocidad en el conurbano de Buenos Aires para llegar con su hija enferma al hospital recibió un balazo mortal en la nuca disparado por un policía que no pudo ser controlado por los agentes que lo acompañaban.
El día anterior, otro agente había herido gravemente en la cabeza a un joven que bebía cerveza en la calle, en un barrio de la capital argentina. La víctima, que está ahora hospitalizada, había intentado escapar cuando le requirieron los documentos, y el policía le disparó a quemarropa.
El agente detenido asegura que el supuesto delincuente "sacó un arma", pero Tiscornia señala que no sería la primera vez que, para defenderse, la policía coloca un revólver junto al cuerpo de su víctima.
Ese mismo día, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, policías hirieron a periodistas, dirigentes humanitarios y estudiantes. Once agentes, entre ellos cuatro oficiales, fueron puestos a disposición de la justicia esta semana.
Las fuerzas de seguridad habían detenido sin causa a 237 estudiantes, a algunos mientras caminaban por las calles, para evitar que con su protesta impidieran la realización de una Asamblea Universitaria.
La defensa de los detenidos por parte de sus compañeros desató la ira de los uniformados, que se lanzaron con palos, balas de goma y gases lacrimógenos contra los jóvenes.
La imagen de un policía descontrolado que pega con saña a un periodista que intenta documentar la represión es la que hoy identifica la violencia en La Plata. El oficial, que propinaba culatazos de Itaka al cronista, era el encargado del operativo, Julio Sáenz Saralegui.
Otro de sus compañeros, al advertir que la escena estaba siendo filmada, baleó en la pierna a un camarógrafo, que salió del hospital siete días después. El hecho fue condenado por todas las agrupaciones políticas, sociales, periodísticas y humanitarias del país.
Pero el fenómeno no es nuevo. Hace un año se produjo un caso "paradigmático", señaló Tiscornia. "Hubo un robo a un supermercado y el delincuente escapó en un auto, en la persecución hubo confusión y el vehículo policial terminó siguiendo al coche equivocado", relata.
"Eso no fue lo más grave. Cuando dieron la voz de alto, se bajaron del vehículo tres personas inocentes con los brazos alzados y fueron fusiladas por la policía". El caso se conoce como la "masacre de Wilde", el nombre de la localidad donde se produjo el episodio.
Uno de los policias agresores de Wilde había sido ya dadio de baja por homicidio, pero estaba visitando a sus ex compañeros cuando éstos salieron a cumplir su misión. La justicia entendió que se trataba de una confusión y todos fueron liberados.
Según un estudio del CELS, los casos de violencia policial registrados en la prensa en 1995 aumentaron 60 por ciento respecto de los consignados en 1994.
El escaso entrenamiento policial más la presión de las jerarquías y de algunos sectores de la sociedad para que se combata con mano firme a la delincuencia son algunas de las explicaciones de este fenómeno de violencia creciente, indica el informe.
Tiscornia señaló que la práctica de los agentes en el uso de armas dura apenas tres meses y está destinada casi exclusivamente a oficiales, aunque luego son sus subordinados los que terminan utilizando los revólveres y metralletas.
El estudio aporta datos reveladores de un problema institucional.
En 1995 hubo 114 civiles muertos en ejecuciones policiales o por uso excesivo de la fuerza, 14 por uso extrafuncional de la fuerza, cuatro personas murieron si ntener nada que ver con los hechos y cinco por malos tratos, al estar bajo custodia.
La mayoría de las víctimas fueron perseguidas por robos, y hay algunos casos de muerte por "actitud sospechosa".
En el mismo período, murieron en enfrentamientos 24 policías, de los cuales sólo seis estaban cumpliendo su servicio, es decir que habría un fenómeno de "venganza o justicia por mano propia".
El aumento de casos de violencia policial también fue registrado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que creó un servicio de consulta y asistencia telefónica a jóvenes víctimas del abuso.
A fines de 1995, el número de llamadas se duplicó por la "cada vez mayor utilización de métodos ilegítimos por parte de la policía", denunció la diputada Lucía Alberti, dirigente de la Asamblea.
Según reveló el director ejecutivo de America's Watch, José Vivanco, Argentina es uno de los países del continente más denunciado por violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"El 70 por ciento de las denuncias son por violencia policial e irregularidades procesales", puntualizó Vivanco, a cargo de la rama americana de Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
La gran cantidad de casos de agresión policial en los últimos años tuvo también su correlato en el surgimiento de nuevos organismos humanitarios, creados particularmente para enfrentar este tipo de delitos.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional busca dar respuestas al problema del "gatillo fácil", de los agentes, las detenciones arbitrarias, los secuestros y desapariciones, la represión a movimientos políticos, sociales, sindicales y barriales.
También surgió la Comisión de Familiares de Víctimas de la Policía, presidida por la madre de un joven baleado.
Pero igualmente organismos creados durante la dictadura, como el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Agrupación Madres de Plaza de Mayo, cambiaron ahora su objetivo y centrar sus programas en atacar la violencia policial.
Ante este panorama, el policía que estaciona el auto de la institución frente a la pizzería para forzar al dueño a que le obsequie la mercaderia, es apenas un juego de niños que aunque irrita y corrompe, parecería un mal menor.
"La violencia desplazó el tema de la corrupción del centro de la escena, pero no hay que perderla de vista, ya que en la mayoría de los casos en que se descubren bandas delictivas, hay siempre un policía formando parte de ellas", advirtió Tiscornia. (FIN/IPS/mv/dg/ip-pr/96)
