En un proceso de tensa espera salpicado por influencias políticas, esfuerzos diplomáticos y discursos nacionalistas, este viernes el gobierno de Estados Unidos hará de juez por décimo año consecutivo y exhibirá tarjetas amarillas y rojas a países con problemas de narcotráfico.
"Basada en parámetros totalmente relativos, la nación más poderosa y narcotizada del mundo señalará una vez más quiénes y cómo luchan contra las drogas", declaró a IPS Jorge Chabot, experto del área de estudios internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE).
Son 31 países, 12 de ellos latinoamericanos, que recibirán de Washington "certificaciones", "descertificaciones" o advertencias sobre el papel que jugaron durante el último año en el combate contra el narcotráfico. De la calificación dependerá la futura entrega de cooperación y asistencia financiera.
"Aunque para América Latina no se esperan tarjetas rojas sí podrían verse amarillas de advertencia, más que por una censura real para satisfacer a un público que comienza a involucrarse en la carrera presidencial de Estados Unidos", opinó Chabot.
La decisión que será conocida este viernes, cuando el gobierno del presidente Bill Clinton, obligado por la ley de "Control, educación y coerción contra las Drogas" aprobada en 1986, entregue al Congreso la lista de calificaciones, es un elemento de tensión periódica entre América Latina y Washington.
Por ser el mayor consumidor del drogas en el mundo, con un gasto anual de alrededor de 100.000 millones de dólares en ese rubro -según cifras de Chabot-, Estados Unidos no tiene autoridad para hacer de juez, dijo el mexicano Manuel Quijano, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (ONU).
Si un país de América Latina "no llegara a aprobar, Estados Unidos tampoco sería certificado porque no hace un esfuerzo para erradicar el consumo", expresó el funcionario de la ONU.
Algunos gobiernos como el de México, que las últimas semanas realizaron gestiones para conseguir la certificación, rechazan el proceso con el argumento DE que viola la sobernía, otros como el de Colombia lo critican y exigen más cooperación que imputaciones.
Según el analista del CIDE, México y Colombia serán probablemente países que reciban "tarjeta amarilla" de Washington este año.
Aunque México es socio de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las presiones electorales y del Congreso que recibe Clinton, quien aspira a la reelección en los comicios de noviembre, podrían influir para emitir una advertencia al país latinoamericano, opinó Chabat.
En el caso de Colombia, donde el presidente Ernesto Samper es acusado de haber recibido dinero del narcotráfico, "Clinton seguramente no deseará jugarse certificando sin reservas a un gobierno que luego podría caer", dijo.
"En realidad, los criterios que aplica Washington para evaluar son poco confiables, pues no parten de un parámetro claro. Este proceso tiene que ver más con política", expresó el experto del CIDE, una de las instituciones de mayor prestigio académico en México.
En los últimos años la descertificación total ha sido reservada a aíses con los que Estados Unidos tiene una relación limitada, como Afganistán, Burma, Irán, Laos y Siria.
"Etiquetar" a los países definitivamente no ha reducido en Estados Unidos el problema de las drogas, reconoció hace poco Mathea Falco, directora del centro Drug Strategies y ex secretaria adjunta para Asuntos de las Drogas del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Ronald Reagan.
Estados Unidos gasta millones de dólares para combartir el nacotráfico, sin embargo 12 millones de estadounidenses consumen enervantes mínimo una vez al mes, señaló Falco.
Sobre la reacción nacionalista que genera en varios países el proceso de certificación, Chabat considera que no tiene ninguna proyección real en Estados Unidos. "Son actitudes respetables pero intrascendentes", opinó.
Mientras Estados Unidos sea un país poderoso, con el que América Latina tiene la mayoría de su comercio, y exista un mercado de drogas contra el que supuestamente lucha Washington, las certificaciones continuarán haciendose pese a las protestas, agregó.
En México, el opositor Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política del país, propuso al Congreso aprobar una ley que obligue a las autoridades locales a certificar las acciones antidrogas de Estados Unidos.
"México y otros países que se ven vilipendiados por poderosos harían bien en arrogarse el derecho de certificar las conductas de las naciones que ocasionan fenómenos de patología social y económica en el mundo", dijo Porfirio Muñoz, presidente del PRD. (FIN/IPS/dc/dg/ip-03/96)
