Una legisladora y un magistrado que participan en investigaciones al presidente de Colombia, Ernesto Samper, por el presunto aporte del narcotrafico a sus fondos de campana electoral, fueron amenazados, se informo hoy.
Catalina Daniels, integrante de la comision legislativa encargada de la investigacion del caso, recibio llamadas telefonicas amenazantes, en tanto el vicefiscal Adolfo Salamanca fue incluido en una lista de personas que serian sometidas a "juicio popular".
Daniels, perteneciente al gobernante Partido Liberal, renuncio a su escano en la Comision de Acusaciones de la Camara de Diputados por las llamadas telefonicas que dijo haber recibido de integrantes del grupo "Dignidad por Colombia".
Esta misma organizacion clandestina, presuntamente conformada por activistas de extrema derecha apoyados por el narcotrafico, reivindico en noviembre del ano pasado el asesinato del lider del Partido Conservador, Alvaro Gomez, y un frustrado ataque en octubre contra Antonio Cancino, abogado de Samper.
Estos ataques fueron atribuidos por el gobierno a "fuerzas oscuras" que pretenderian desestabilizar al presidente Samper.
"Cuando esta de por medio la estabilidad emocional de la familia esto se convierte en un factor decisivo" para adoptar una resolucion como la renuncia, afirmo Daniels al informar su dimision.
La diputada habia sido acusada de recibir aportes del Cartel de Cali para sus actividades politicas por Maria Izquierdo, senadora del Partido Liberal investigada por sus presuntos vinculos con narcotraficantes.
Heyne Mogollon, presidente de la Comision, lamento la renuncia de Daniels y afirmo que, al igual que ella, el y los restantes miembros del cuerpo legislativo recibidieron amenazas contra sus vidas.
Mario Rincon, diputado del Partido Conservador, afirmo que teme nuevas renuncias por parte de otros integrantes de la comision que tambien se sienten amenazados.
Las amenazas contra Daniels agravaron la critica situacion que enfrenta la Comision de Acusaciones de la Camara de Diputados, afectada por disensiones respecto de la participacion de otras fuerzas politicas en la instancia legislativa para garantizar mayor imparcialidad en la investigacion a Samper.
Las amenazas contra el vicefiscal Salamanca provinieron presuntamente del Ejercito de Liberacion Nacional (ELN), organizacion que, segun la policia, lo habria incluido en una lista de personalidades que seran sometidas a "juicio popular".
Segun fuentes de la policia, el ELN declaro a Salamanca "traidor de la causa popular y aliado incondicional del imperialismo norteamericano" a traves de un comunicado.
Salamanca fue comisionado del gobierno para la policia (con funciones de fiscalia) y el ano pasado suscito una controversia politica cuando afirmo que narcotraficantes vertieron aportes financieros a la campana electoral del Partido Liberal. (FIN/IPS/yf/mj/la ip/96)
