Dirigentes de organizaciones profesionales de médicos, de los sindicatos y de grupos vecinales de Chile pidieron hoy aal gobierno y al parlamento unaa mayor fiscalización del funcionamiento de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres).
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos, y el presidente subrogante del colegio Médico, doctor Pablo Araya, se reunieron este martes para analizar el alza de aranceles de las instituciones privadas de salud, que en algunos casos llega a 300 por ciento.
Tanto Bustos como Araya exigieron al Congreso trabajar en una modificación de la actual ley de Isapres que permita terminar tanto con las constantes alzas de los planes de salud como con la discriminación hacia grupos etarios, como las mujeres en período fértil y los mayores de 60 años.
"Los parlamentarios no pueden ser sordos ante la población porque ellos viven de lo que nosotros votamos, y hoy los estamos llamando para que nos expliquen y que nos escuchen", señaló Araya.
El dirigente médico afirmó, además, que el incremento del costo de los planes de salud afecta tanto a los tres millones de afiliados al sistema de asistencia privado como a los que pertenecen al sector público, el cual también atraviesa por graves problemas
Araya añadió que el colegio Médico continuará su campaña de información y llamó a la población a denunciar sus problemas con las Isapres.
Bustos y Araya coincidieron en la necesidad de convertir al estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en un sistema previsional competitivo.
"Es urgente que el Estado proponga un plan de salud que sea realmente competitivo y que con el aporte de los trabajadores se cree un servicio de salud bueno y seguro", señaló Bustos.
El dirigente sindical aclaró que su intención no es terminar con el sistema privado sino combatir los abusos contra los usuarios, la especulación y las alzas indiscriminadas de los aranceles.
Según Bustos, el gobierno se demora en entender que solucionar el problema de la salud en Chile no pasa sólo por entregar más recursos monetarios sino que requiere elaborar una propuesta real de salud pública.
Asimismo, organizaciones vecinales y de derechos humanos de Santiago solicitaron al gobierno la convocatoria a un debate nacional en defensa del sector de salud pública y en contra de las "trampas legales" del sistema de isapres. (FIN/IPS/ag/dg/he-pr/96)
