En 1995, la Procuraduria de los Derechos Humanos de Guatemala recibio 17.000 denuncias, 3.000 mas que el ano anterior, senala un informe de ese organismo presentado al Congreso.
La mayor parte de las violaciones a los derechos humanos comunicadas por el procurador Jorge Garcia Laguardia fueron cometidas por miemrbos de las Fuerzas Armadas.
En su informe, sobre el cual el Congreso debe expedirse en los proximos 15 dias, Garcia reitero su exigencia de disolver las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), acusadas de asesinatos de opositores, al igual que integrantes del Ejercito.
El ano pasado fueron presentadas 40 denuncias dando cuenta de la existencia de cementerios clandestinos en los que estarian enterradas personas ejecutadas por las fuerzas de seguridad, indica el documento.
Los cementerios clandestinos "son testimonios vergonzosos de la inhumanidad que ha prevalecido durante las tres decadas de guerra sucia", destaco Garcia, agregando que "no se podra hablar de paz ni reconciliacion si estos horribles sucesos no se resuelven".
La falta de seguridad ciudadana, la persistencia de la violencia, la impunidad, la corrupcion, la proliferacion de armas y el narcotrafico fueron mencionados por el procurador como los mayores obtaculos para que Guatemala avanece hacia la democracia.
En ese sentido, puso especial enfasis en la impunidad. Los responsables de graves delitos "son favorecidos por la complicidad del silencio y el encubrimiento, la solidaridad institucional y la persistente intimidacion contra jueces y funcionarios del Ministerio Publico", senalo.
Comentando el documento, el vocero del Ejercito coronel Guillermo Caal sostuvo que para que cesen las violaciones a los derechos humanos se debe poner fin definitivamente a la guerra entre el Estado y la guerrilla.
"Si llegamos a un proceso de paz lo mas pronto posible, estamos seguros de que estas violaciones por causa del conflicto armado van a disminuir", estimo.
La diputada Nineth Montenegro, del izquierdista Frente Democratico Nueva Guatemala(FDNG) y reconocida activista de derechos humanos, coincidio con el procurador en la necesidad de desmilitarizar la sociedad y terminar con la impunidad.
No obstante, lamento que la Procuraduria de Derechos Humanos no tenga fuerza coercitiva.
Garcia destaco en su informe el insuficiente presupuesto de la institucion a su cargo. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/96)
