La justicia se ha convertido en Ecuador en la protagonista de las principales noticias y ha desplazado en la expectativa de los ciudadanos a la campana previa a las elecciones presidenciales que se celebraran el 19 de mayo.
La ciudadania y la prensa siguen con interes al menos tres procesos judiciales. Dos de ellos se refieren a escandalos de enriquecimiento ilicito con fondos del Estado y otro a la acusacion contra siete campesinos de la zona nororiental por asesinato y actividades terroristas.
En el primero de esos juicios gira en torno al presunto empleo fraudulento de unos 10 millones de dolares en fondos secretos que manejaba el ex vicepresidente Alberto Dahik, quien renuncio el ano pasado y esta actualmente profugo en Costa Rica.
El segundo se relaciona con ciertas importaciones de combustible que habrian causado perjuicios al Estado por entre 20 y 30 millones de dolares, e involucra al ex ministro de Energia Francisco Acosta Coloma, tambien profugo.
En cuanto a los siete campesinos -seis hombres y una mujer-, se los acusa de realizaron una emboscada en la que murieron once soldados y policias en un rio fronterizo con Colombia en diciembre de 1993.
Decenas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, religiosas y otros grupos proclaman la inocencia de estos campesinos, algunos de ellos analfabetos, y han comprobado que la unica prueba en su contra consiste en confesiones arrancadas mediante torturas.
El juicio que mas expectativa concita desde hace tres meses es el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solorzano, sigue en contra del ex vicepresidente Dahik y otros altos funcionarios.
Dahik, hombre poderoso en el gobierno de Sixto Duran Ballen iniciado en 1992, fugo a Costa Rica el 11 de octubre tras conocer la orden de prision en su contra. Dahik dejo escrita su renuncia, que fue aceptada por el Congreso.
Antes de Dahik, se habian esfumado sus dos secretarios particulares, Juan Mario Crespo y Gladys Merchan, y el ex canciller Diego Paredes.
La justicia ha ordenado la prision preventiva de todos ellos por los indicios de su participacion en el desvio de fondos de la partida de gastos secretos de la Vicepresidencia, que se manejaron a traves de cuentas corrientes abiertas en un banco privado de Quito a nombre de los secretarios de Dahik.
Se preve que Solorzano cerrara esta semana la etapa sumarial del juicio. Pero mas alla de tecnicismos juridicos, lo que la poblacion espera con cierta impaciencia es saber a quien va a inculpar el principal juez del pais.
El propio Duran Ballen podria sera acusado por Solorzano de encubrimiento, ya que impidio por varios medios que el juez accediera a documentos clave del juicio, en particular los microfilmes de las cuentas en que Merchan y Crespo manejaron los fondos publicos.
La ciudadania espera ahora saber si habra otros acusados ademas del Presidente de la Republica, pues el juez, que al fin pudo acceder hace pocas semanas a los microfilmes, recibe este lunes el informe de dos peritos que designo para que revisaran el movimiento de las cuentas.
Quienes se beneficiaron de los cheques girados por los secretarios del ex vicepresidente, cuyos nombres aun no se conocen, podrian ser acusados de dolo o, al menos, obligados a devolver el dinero, se especula en Quito.
Todo aquello sera revelado esta semana, pues Solorzano, cuya fama como juez probo y tenaz lo convirtio en "hombre del ano" segun varios medios de comunicacion locales, ha anunciado que la etapa sumarial del juicio no se extendera mas, pues ya cuenta con toda la informacion importante sobre este caso.
Tambien hay varios profugos y ningun preso en el otro juicio por peculado.
Acosta Coloma, quien fue ministro de Energia hasta inicios del ano pasado, es acusado junto a su primo Alfonso Darquea de haber perjudicado al Estado en una suma que podria ser de entre 40 y 60 millones de dolares, en ventas de combustible que realizaron el ano pasado a traves de su compania privada Hiperoil.
Tambien estan acusados, y profugos, funcionarios de la compania estatal Petrocomercial, filial de Petroecuador, que fue la que compro cuatro embarques de gas oil y dos de gasolina a esa compania privada.
La compra habria estado llena de irregularidades al amparo de la supuesta situacion de emergencia que vivia Ecuador debido a la sequia que provoco el racionamiento de energia entre agosto y noviembre y otros periodos el ano pasado.
Las ordenes de prision dictadas por el juez penal demoraron tres dias en llegar a la policia. Pero Acosta y Darquea habian viajado semanas antes, cuando los medios de comunicacion destaparon el escandalo, uno a Miami, Estados Unidos, y el otro a Ipiales, Colombia.
La audiencia final del juicio contra los siete campesinos acusados de guerrilleros y asesinos se realizara el dia 31, en la ciudad amazonica de Tena, 185 kilometros al oeste de Quito, y luego se dictara la sentencia.
Diversas organizaciones no gubernamentales que estan pendientes del desenlace formaron un comite de defensa a "los siete del Putumayo", como se conoce a los campesinos.
"Las declaraciones obtenidas por tortura durante el arresto y las investigaciones en recintos militares y de la policia no pueden ser invocadas como pruebas", dijo a IPS el obispo catolico Gonzalo Lopez Maranon.
Amnistia Internacional, la Comision Interamericana de Derechos Humanos, America's Watch, la Washington Office on Latin America (WOLA) y otros organismos internacionales han intervenido ya en el caso, con envio de misiones de investigacion y cartas a los organismos judiciales y al gobierno de Ecuador.
Patrullas conjuntas de la policia y el ejercito ecuatorianos fueron sorprendidas por una emboscada el 16 de diciembre de 1993 en Piedra Colorada, cerca del rio Putumayo, en la frontera con Colombia y Ecuador. Como consecuencia de los disparos murieron, en total, 11 efectivos de la fuerza publica.
Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reivindicaron la emboscada, pero el Ejercito de Ecuador inicio una redada en las establecimientos rurales de la zona y detuvo indiscriminadamente a varias decenas de campesinos.
Once de esos campesinos fueron retenidos durante mas de ocho dias, durante los cuales, como se confirmo despues, fueron sometidos a torturas. Los militares los entregaron luego a la autoridad civil, acusados de haber confesado ser guerrilleros y haber asesinado a los 11 policias y soldados.
A lo largo del proceso han salido en libertad cuatro de los 11, pero seis permanecieron, mientras otro esta libre aunque acusado de encubrimiento.
"Lo que mas indigna es que el propio fiscal de la provincia de Pichincha reconocio en diciembre de 1994, expresamente, que los siete habian sido torturados. Y la unica prueba en contra de ellos es la autoinculpacion, arrancada por la tortura", dijo a IPS Luis Angel Saavedra, del comite de defensa de los campesinos.
La supuesta declaracion de los campesinos, varios de ellos analfabetos, cae por la propia redaccion y los terminos utilizados, que revelan un estilo militar y palabras desconocidas en el medio rural, dijo el obispo Lopez Maranon.
El sacerdote y otros miembros del comite procuran que periodistas y personalidades del pais esten presentes en Tena en la audiencia final del juicio, para contrarrestar las "presiones militares" que, sostienen, se ejerce sobre los jueces que deberan dictar la sentencia.
En fuentes del comite se dijo que era probable la presencia de figuras internacionales de la defensa de derechos humanos, como el argentino Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. (FIN/IPS/goc/mj/ip-hd/96)
