Amnistia Internacional (AI) pidio hoy al gobierno de Mexico acoger "sin demora" una serie de recomendaciones y demostrar mayor decision politica para combatir las violaciones a los derechos huamanos, que se mantienen en niveles que considera graves.
"Pese a la adopcion en los ultimos anos de medidas administrativas y juridicas destinadas a la proteccion y respeto a los derechos fundamentales, siguen denunciandose violaciones graves de estos derechos con una frecuencia realmente alarmante", senala AI en su informe correspondiente a 1995.
Los principales problemas que preocupan son la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos, la lentitud y arbitrariedad en la administracion de justicia y los ataques a los activistas humanitarios, dijo en conferencia de prensa, Derek Evans, portavoz de AI.
Evans indico que "alentado por el compromiso del presidente Ernesto Zedillo en el Estado de Derecho", su organizacion recomienda a Mexico reglamentar las detenciones, impedir las incomunicaciones, controlar los procedimientos de interrogatorio e invalidar las confesiones obtenidas bajo tortura.
Ademas pide facilitar la supervision judicial en las detenciones, otorgar salvaguardias medicas a quienes sean encarcelados, respetar y proteger a los defensores de derechos humanos e indemnizar a las victimas de las torturas.
"En Mexico rara vez se dictan sentencias judiciales contra los responsables de violaciones a los derechos humanos. Ni siquiera se han resuelto satisfactoriamente algunos de los casos mas sonados de este tipo de violaciones", apunto AI.
Un ejemplo reciente son las irregularidades observadas en el caso de la ejecucion de 17 campesinos en el estado de Guerrero en junio pasado, donde pese a existir evidencias de la responsabilidad policial aun no se actua contra los culpables, senalo AI.
"Amnistia Internacional considera que unicamente una decision politica firme del gobierno mexicano para acabar con la impunidad hara posible la erradicacion de practicas como la tortura y otras violaciones de derechos humanos", apunta el informe.
Evans pidio al gobierno alentar reformas legales para anular una norma que otorga al Ministerio Publico poderes discrecionales para practicar arrestos sin orden judicial y mantener a personas detenidas durante periodos de hasta 96 horas antes de presentarlas a un tribunal.
El portavoz se quejo de que las autoridades no han frenado la practicas de detencion arbitraria y tortura. Ademas reclamo que en los informes forenses "nunca se hace constar" la presencia de lesiones que puedan sustentar los cargos contra los responsables.
Finalmente, AI denuncio que los defensores de derechos humanos sufren acoso y amenazas por causa de sus actividades.
En este punto califico de preocupanten los periodicos ataques que recibe el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, mediador en los dialgos de paz entre la guerrilla y el gobierno y la expulsion de sacerdotes extranjeros que trabajaban con el, bajo la acusacion de que realizaban activismo politico. (FIN/IPS/dc/dg/hd/95
