El cogobernante Partido Socialista (PS) de Chile es hoy blanco de impugnaciones, tanto de la oposicion como de sus propios aliados, luego de que obligo a postergar el tramite legislativo de un proyecto sobre desapariciones forzadas.
La iniciativa, consensuada entre el gobierno y el Partido Renovacion Nacional (PRN), el mayor de la oposicion, debia ser votada en general el martes por la Comision de Constitucion del Senado para dar inicio al debate parlamentario.
El PS, sin embargo, interpuso 16 reparos o indicaciones que generaron un largo debate hasta que el senador Anselmo Sule, del tambien cogobernante Partido Radical Socialdemocrata (PRSD), propuso que se postergara la votacion hasta el martes 5 de diciembre.
La posicion socialista genero duras replicas de senadores opositores y oficialistas en la sede del Congreso en Valparaiso, 120 kilometros al oeste de Santiago, y ratifico la existencia de discrepancias al interior de la coalicion de gobierno.
A miles de kilometros de distancia, el presidente Eduardo Frei, quien realiza una gira oficial por paises de la region Asia- Pacifico, hizo desde Manila "un ultimo llamado" a "abandonar posiciones inflexibles" en una implicita critica al PS.
Los socialistas estiman que el proyecto acordado entre el gobierno y el PRN no garantiza el establecimiento de la verdad ni el hallazgo de los restos de las victimas en un millar de casos de desapariciones forzadas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
El proyecto de ley establece un mecanismo para agilizar unos 600 procesos por esas desapariciones, en que estan implicados efectivos militares, sobre todo del Ejercito, arma que mantiene a Pinochet como su comandante en jefe.
La iniciativa, cuyo principal redactor fue el senador Miguel Otero del PRN, abre una via para que los jueces puedan cerrar los procesos sin establecer responsabilidades penales ni individualizar a los autores de los crimenes represivos.
De esta forma, se aspira a superar el debate sobre la aplicacion de la ley de amnistia que Pinochet expidio en 1978 y cuya "correcta aplicacion" es reclamada por los militares a traves de diversas formas de presion.
El proyecto establece que los procesos se tramitaran bajo un regimen de absoluta reserva sobre los acusados y que una vez cerrados no quedara constancia escrita de las declaraciones y otros tramites judiciales.
Los jueces podran dictar el sobreseimiento (cierre) de los juicios, una vez que estimen en conciencia que se han agotado exhaustivamente todos los recursos para encontrar los restos de los desaparecidos.
Esta norma es rechazada por los socialistas, que proponen un sobreseimiento rigurosamente condicionado al esclarecimiento de la verdad y al hallazgo de los restos de las victimas, y rechazan tambien la permanencia de algunos procesos en la justicia militar.
Las 16 indicaciones que el PS hizo en ese sentido en la Comision de Constitucion del Senado, "desnaturalizan" el proyecto, segun Otero, quien sostuvo que una iniciativa generada por un acuerdo politico no debe ser modificada.
El senador Juan Hamilton, del Partido Democrata Cristiano (PDC), al cual pertenece Frei, coincidio con Otero en las criticas al PS, al igual que el presidente del Senado, Gabriel Valdes, tambien democristiano.
Pero otro senador del PDC, Ricardo Hormazabal, no solo defendio el derecho de los socialistas a interponer sus reparos, sino que ademas anticipo que el tambien hara indicaciones durante el debate legislativo.
El diputado Camilo Escalona, presidente del PS, considero positivo el postergamiento de la votacion y advirtio que el empeno en que no se hagan indicaciones da la razon a quienes en la derecha afirman que el proyecto es de hecho una "ley de punto final" a los juicios por crimenes represivos.
Escalona dijo que su partido utilizara estos 15 dias de postergacion para generar un debate en todo el pais en torno a este proyecto que, a su juicio, no permite restablecer "principios de convivencia nacional que permitan superar las profundas heridas del pasado".
Sergio Bitar, senador del Partido Por la Democracia (PPD), tambien de la coalicion gobernante, respaldo la posicion socialista en el sentido de que se traspasen a la justicia civil los casos de desaparecidos radicados en cortes militares.
El proyecto no solo ha puesto en evidencia discrepancias en el oficialismo, sino tambien en la oposicion, donde la directiva del PRN enfrenta el rechazo interno de sus corrientes mas conservadoras y de sus ex aliados de la Union Democrata Independiente (UDI). (FIN/IPS/ggr/dm/hd-ip/95
