Como si la humanidad aun se encontrara suspendida en la epoca medieval, autoridades de la region occidental de Panama reflotaron el uso de los odiados cepos para castigar a los indios rebeldes, segun una escandalosa denuncia presentada por un organismo humanitario.
Activistas del catolico Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) mostraron una coleccion de fotos de una improvisada galera de castigo donde aparece un cepo para aprisionar a adultos, mujeres y ninos indigenas acusados "de violar la ley".
El cepo esta constituido de dos pesadas piezas de madera con uno o dos cortes en forma de medialuna en una de sus caras, que al unirlos inmovilizan al individuo por el cuello, los pies o los brazos.
El coordinador de Serpaj, Jose Mendoza, dijo a IPS que hasta ahora han sido descubiertos cuatro sitios donde los corregidores utilizan ese medieval instrumento de castigo para aprisionar por los pies a los presuntos infractores.
Explico que activistas de Serpaj "comprobaron" el uso de cepos en las corregidurias de Chorcha, distrito de San Felix, en Cerro Iglesia, en el distrito de Remedios y en Cerro Puerco, en el distrito de Tole, todos ellos ubicados en la occidental provincia de Chiriqui, fronteriza con Costa Rica.
Tambien esta instalado un cepo en la comunidad de El Prado, distrito de Las Palmas de esa misma provincia, subrayo Mendoza.
Las victimas de esa practica de castigo son los indigenas ngobe- bugle, que desde hace mas de 20 anos mantienen un litigio con el gobierno por la autonomia de un territorio de 11.000 kilometros cuadrados localizado en Chiriqui y las tambien occidentales provincias de Veraguas y Bocas del Toro.
El coordinador de Serpaj indico que los indigenas son sometidos a tormento generalmente en razon de conflictos por la tierra que mantienen con ganaderos y agricultores no aborigenes afincados dentro del territorio autonomo que ellos reivindican.
Subrayo que a pesar de que "las autoridades de Chiriqui tienen conocimiento del uso del cepo, no hacen nada para impedirlo".
El Ministerio de Gobierno y Justicia -bajo cuya autoridad actuan los corregidores- y el Ministerio Publico, encargado de investigar los delitos contra el Estado, "mantienen absoluto silencio" sobre la denuncia de Serpaj, alerto Mendoza.
A pesar de que Panama se independizo de Espana en 1928, el cepo de la era colonial continuo siendo utilizado contra los indigenas hasta finales de la decada de 1960.
Mendoza preciso que "esta es una forma cultural no indigena contra la cual hubo lucha (de los aborigenes) para que fuera erradicada".
Sin embargo, observo que "ante el descontento creciente por el problema de la tierra, los funcionarios estan imponiendo una administracion de justicia especial para indigenas".
Serpaj recordo en un comunicado que "el uso del cepo es ilegal, delictivo y viola las leyes que proscriben los tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Las penas, segun Mendoza, van de unas pocas horas, un dia y hasta cinco dias, pero se han dado casos en que se castiga con un dia de cepo a una aborigen por un litigio de limites con un terrateniente, "pero se sanciona con solo cinco horas a otra persona que cometio una violacion carnal".
En otras ocasiones se somete al cepo a un individuo porque no cuenta con cinco dolares para pagar una multa por una infraccion menor, indico el coordinador de Serpaj.
Advirtio que el problema se habia mantenido oculto porque "a los sancionados se les amenaza con volverlos a meter en el cepo si denuncian lo ocurrido ante los grupos humanitarios" o ante la justicia.
Mientras tanto -puntulizo el comunicado de Serpaj-, los indigenas siguen siendo victimas de desalojos forzosos y sus tierras son ocupadas por personas extranas a su territorio. "Los procesos (legales) duran decadas sin ninguna solucion", senalo.
Esa situacion, segun el organismo humanitario de la Iglesia Catolica, se ve agravada por la actitud del Instituto de Reforma Agraria, "que manifiesta no tener abogados, transportes y recursos para atender las demandas de los indigenas".
Mendoza adelanto a IPS que en los proximos dias el Serpaj presentara la denuncia ante el organismo respectivo de las Naciones Unidas por "esta escandalosa violacion de los derechos humanos". (FIN/IPS/sh/dg/pr-hd/95)
