Con la condena a siete anos de carcel del general retirado Manuel Contreras se cerro en Chile el caso mas relevante de la historia politico-judicial del pais, pero aun continuan abiertas las heridas del periodo de violaciones de los derechos humanos.
El fantasma de una "ley de punto final" que cancele todos los juicios y acusaciones pendientes por crimenes represivos, viene perfilandose desde el restablecimiento de la democracia en 1990 y resurgio en la fase final del caso Letelier.
El homicidio del ex canciller Orlando Letelier y la estadounidense Ronni Moffit, cometido en Washington el 21 de septiembre de 1976, fue la operacion de mayores repercusiones realizada por la Direccion de Inteligencia Nacional (DINA).
Pero este cuerpo de policia secreta creado en 1974 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y encabezado hasta su disolucion en 1977 por Contreras, acumulo un extenso listado de crimenes represivos.
A la DINA y al Comando Conjunto, el otro organismo represivo que actuo tras el golpe de estado de 1973, le corresponden la mayoria de los casi 3.000 crimenes y desapariciones ocurridos durante la dictadura.
En marzo de 1978 Pinochet expidio una polemica ley de amnistia que perdono los delitos contra los derechos humanos cometidos desde 1973 hasta esa fecha.
El caso Letelier fue dejado expresamente al margen de la ley de amnistia debido a las presiones de Estados Unidos, que en esos anos ordeno los primeros embargos de material belico para las Fuerzas Armadas chilenas.
Una vez disuelta la DINA en 1977, la labor represiva paso a manos de un nuevo organismo, la Central Nacional de Informaciones (CNI), que tuvo efimeramente a Contreras como su primer director.
Los crimenes contra los derechos humanos atribuidos a la CNI no estan protegidos por la ley de amnistia y mas de un centenar de ellos se tramitan en los tribunales, sumandose a causas por desapariciones en que esta involucrada la DINA.
Derrotado en el plebiscito presidencial de octubre de 1988, Pinochet inicio los preparativos para la transferencia del poder al ganador de los comicios de diciembre de 1989.
Desde el triunfo de Patricio Aylwin en esas elecciones se comenzo a sugerir la "ley de punto final" como uno de los instrumentos de la transicion democratica, lo cual fue rechazado por la triunfante Concertacion por la Democracia.
Pero el nuevo gobierno no pudo satisfacer las demandas de organismos humanitarios de derogacion de la amnistia de 1978, aunque Aylwin levanto una interpretacion sobre su inaplicabilidad en los casos de desapariciones.
El ex mandatario propugno que la amnistia solo procede una vez dictada la sentencia, es decir cuando se sancione a los culpables al terminar una investigacion judicial encaminada a encontrar al desaparecido o su cadaver.
Aylwin expidio asimismo una ley para traspasar el caso Letelier desde la justicia militar a los tribunales civiles e hizo tambien que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en el juicio a cargo del juez especial Adolfo Banados.
En mayo de 1993 el ex presidente sufrio francas presiones militares para dar termino acelerado a unos 160 procesos contra oficiales del ejercito por violaciones de derechos humanos, en especial casos de desaparecidos.
Una ley especial redactada para esos efectos fracaso, a raiz de discrepancias en la propia coalicion gubernamental, mientras la justicia militar insistia en aplicar la ley de amnistia sin investigar los casos de desapariciones.
El debate al respecto no esta aun resuelto y a ello se sumo, hace una semana, la decision de la Corte Suprema de procesar a un coronel y a un sargente retirados del ejercito por el secuestro y asesinato en 1976 del diplomatico espanol Carmelo Soria.
En este caso, podria sentarse jurisprudencia sobre la inaplicabilidad de la amnistia en casos de diplomaticos y de la preeminencia de convenciones internacionales de proteccion de derechos humanos sobre leyes locales.
"Espero que esta sentencia en el caso Letelier sea solo el primer paso para hacer justicia en las violaciones de derechos humanos", dijo este martes Carmen Soria, hija del asesinado funcionario espanol de la Organizacion de las Naciones Unidas.
La coincidencia de la reactivacion del caso Soria con el desenlace del caso Letelier ha hecho surgir en circulos castrenses inquietudes sobre un "efecto domino", lo cual acentuaria presiones por la busqueda de un "punto final".
En los tribunales chilenos se estan tramitando importantes causas por crimenes represivos que involucran a la CNI, como el asesinato del sindicalista Tucapel Jimenez en 1982 y la matanza de 14 jovenes izquierdistas en Santiago en junio de 1987.
Contreras, quien esta implicado en el caso Soria, es tambien juzgado en ausencia en Roma por el atentado que en octubre de 1975 dejo malherido al ex vicepresidente Bernardo Leighton y a su esposa Anita Fresno.
La familia del general constitucionalista Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires junto a su esposa en septiembre de 1974 en un atentado similar al que mato a Letelier, esta demandando asimismo una investigacion sobre este crimen atribuido a la DINA.
Asi, el desenlace del caso Letelier es al mismo tiempo la apertura de un gran interrogante sobre el futuro del tema de las violaciones de los derechos humanos en Chile bajo la dictadura de Pinochet, quien seguira al mando del ejercito hasta 1997. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/95
