Venezuela se propone desde este ano organizar el uso de los recursos que incauta en la lucha contra el narcotrafico para con ellos financiar los programas de prevencion, represion, tratamiento y rehabilitacion frente al consumo de drogas.
"Empezaremos a cumplir una nueva norma, segun la cual dinero y bienes decomisados por delitos relacionados con el narcotrafico deben financiar los programas que propongamos", dijo a IPS el medico Guillermo Romero, presidente de la comision presidencial contra el uso ilicito de las drogas (Conacuid).
Esos programas, a disenarse con la participacion de la Conacuid, seran desarrollados por los ministerios de Educacion, Salud, Justicia, Juventud, Familia, los cuerpos de seguridad, y los de control financiero para los casos de lavado de dinero, explica Romero.
Venezuela elaboro una ley antidrogas en 1984 y la modifico en 1993, principalmente para incluir disposiciones contra el lavado de dinero y la norma que pauta el uso preciso de los bienes muebles e inmuebles incautados a narcotraficantes.
Los jueces, atendiendo al principio de la unidad del tesoro, deben poner esos bienes a la orden del Ministerio de Hacienda para que este los destine a prevencion, control, fiscalizacion, tratamiento, rehabilitacion, reincorporacion social y represion.
La represion ha sido hasta ahora la mas directamente favorecida en la asignacion de bienes, pero "eso debe cambiar", segun Romero.
Venezuela, hasta la decada pasada "pais puente" del trafico de drogas, derivo en los 90 en "base de operaciones" y en 1994 debuto como productor, segun mostro el hallazgo y destruccion de rusticos laboratorios y de 1.000 hectareas sembradas con coca, marihuana y amapola en la frontera occidental.
Por otra parte, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) estimo que en el pais se "lavan" hasta 3.000 millones de dolares provenientes del narcotrafico, lo que abonaria un cuadro que destaca al trafico y puede colocar en la sombra el drama del consumo local y la necesidad de su prevencion.
El jurista Asdrubal Aguiar, gobernador de Caracas, estima que sin dudas el auge delictivo en el pais -que en 1994 produjo la cifra record de 5.000 homicidios- esta asociado al del trafico minorista y al consumo de drogas.
Sin embargo, "el aspecto represivo es el mas llamativo y mas captura atencion de la prensa", dice Romero, atribuyndoe a esa matriz de opinion la tendencia de privilegiar a los cuerpos de seguridad en materia de dotaciones para combatir el flagelo.
"Usualmente, lo que hemos hecho en nuestras sentencias es entregar estos bienes a la policia", senalo a IPS la jueza Norma Cabrera, que ha tratado varios de los casos de narcotrafico mas relevantes en el pais.
Pero indico que "a veces existe el problema de que no cuentan los organismos custodios con recursos para el mantenimiento de esos bienes".
Un problema senalado por Cabrera es que mientras marcha el proceso hasta la fase de sentencia firme, segun preve la ley antidrogas, los bienes se deterioran y surge la necesidad de colocarlos bajo custodia donde puedan ser mantenidos.
Se yuxtaponen entonces los problemas propios de la justicia venezolana que, indica Cabrera, "como sabemos es escrita, a diferencia de la oral anglosajona, y por ello engorrosa". Aunque los lapsos procesales son cortos su cumplimiento se torna largo por la extension de los expedientes, senala la jueza.
Romero es optimista y observa que actualmente hay a ordenes de tribunales 190 vehiculos decomisados a narcotraficantes, 100 con sentencia firme, de donde se drenarian recursos para financiar programas de prevencion.
"Ahi hay otro problema, porque la Conacuid hasta ahora ha sido debil en programas" y la situacion era mas agil antes de 1993, ya que "daba margen para que en caso de falta de programas el tribunal adjudicase los bienes", sostiene Cabrera.
Romero se defiende admitiendo que han faltado programas, porque la Conacuid ha tratado de respaldar y coordinar los de despachos oficiales y organizaciones no gubernamentales pero sobre todo "porque no hemos tenido un diagnostico serio y cientifico del drama del consumo de drogas en Venezuela".
Al frente de la Conacuid desde hace diez meses, Romero destaca que precisamente ahora su despacho hara un primer estudio nacional bajo la forma de una encuesta que cuantifique y establezca perfiles del consumo de drogas en Venezuela.
Para ello, indico a IPS, se aguarda el arribo de la experta colombiana Yolanda Torres, de la Universidad de Antioquia, quien supervisara la aplicacion de la encuesta.
"Hasta tener ese estudio ni siquiera podemos estimar con seriedad cuantos consumidores de drogas ilicitas hay", afirma Romero, para quien son "poco serios" calculos como los de jefes policiales que dan cuenta de 500.000 adictos en este pais de 21 millones de habitantes.
Luego del estudio, la Conacuid propondra estrategias y procurara insertarlas en los programas de despachos que contactan masivamente a la poblacion, para desde 1996 lograr que los recursos incautados al narcotrafico financien la lucha contra sus efectos. (FIN/IPS/hm/dg/dn/95
