Peru e Italia suscribieron hoy un convenio de cooperacion en la lucha contra la corrupcion administrativa, uno de cuyos primeros objetivos concretos es la colaboracion en el caso de las comisiones ilegales pagadas en el marco del proyecto de construcion del tren electrico de Lima.
El presidente del Tribunal de Cuentas de Italia, Giuseppe Carbone, y su par Victor Caso Lay, contralor general de Peru, firmaron este martes el convenio que oficializa los acuerdos de cooperacion iniciados en abril pasado.
"El momento que atraviezan Italia, Peru y muchos otros paises no es ordinario. Si bien nos da verguenza que se hayan descubierto en nuestro pais tan graves casos de patologia administrativa, es motivo de orgullo que sea en Italia donde ha surgido un movimiento ejemplar para ponerle fin", dijo Carbone.
Ademas del intercambio tecnico sobre procedimientos de control de la administracion publica, la cooperacion se ocupara tambien de casos especificos, preciso.
"El asunto del tren electrico de Lima es ciertamente uno de los principales objetivos concretos de la cooperacion que estamos protocolizando", dijo.
El caso de las "comisiones ilegales" pagadas a politicos de ambos paises por las empresas italianas que participaron en ese proyecto es investigado por los tribunales y los parlamentos de Italia y de Peru.
Las investigaciones iniciadas en Roma sobre las desviaciones de los recursos del fondo de cooperacion de Italia a los paises del Tercer Mundo, que comprometieron a importantes politicos de ese pais, revelaron que tambien dirigtentes politicos de Peru podrian estar involucrados en esos casos.
El ex presidente Alan Garcia es la figura peruana de mayor relieve que ha aparecido involucrada en las investigaciones.
Garcia fue acusado por Sergio Siragusa, funcionario de la empresa italiana que construyo el primer tramo del tren electrico de Lima, de haber pedido y cobrado un millon de dolares como "comision irregular".
Asilado en Colombia desde 1992, despues de que el ejercito allano su caso al producirse el llamado "autogolpe" del presidente Alberto Fujimori, Garcia sostiene que la acusacion es una patrana montada con fines de persecucion politica. (FIN/IPS/al/dg/cd/94
