A cinco meses del estallido de las multitudinarias protestas en Nicaragua, además de los más de 300 muertos, son consecuencias visibles de la crisis el incremento de la pobreza y de la migración, así como el aislamiento internacional del gobierno y una ola represiva que no cesa.
El director de la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, desde su exilio en Costa Rica por razones de seguridad, precisó a IPS que las perspectivas de Nicaragua, en sus aspectos de desarrollo, democracia y gobernabilidad son “absolutamente negativos”.
“No puede haber desarrollo económico en un país que a nivel regional y mundial, está quedando en evidencia con el uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil y la violación de todos los derechos humanos, no es posible crecer con el mundo en contra”, dijo.[pullquote]3[/pullquote]
El defensor de derechos humanos es uno de los más de 30.000 nicaragüenses que, extraoficialmente, se estima han emigrado legal e ilegalmente desde el inicio de la rebelión social el 18 de abril.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitó a Leiva a exponer este mes la realidad de Nicaragua en el marco de las protestas que, según ANPDH, causaron 481 muertes, casi 2.000 heridos y más de 1.200 detenciones ilegales, secuestros, desapariciones forzadas y encarcelamientos políticos.
Las cifras de Leiva contrastan con otras organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que cifra en 322 las muertes, mientras que el Estado de Nicaragua reconoce 198 decesos y achaca la autoría de ellos a los manifestantes antigubernamentales.
“No se puede liderar el desarrollo de un país sobre un cerro de cadáveres. Ya en los organismos internacionales, potenciales donantes y países que antes eran aliados de Nicaragua, se ejecutan acciones de cese de cooperación y en algunos casos como Estados Unidos, sanciones económicos. Nada contribuye a sacar adelante el país mientras persista esta situación”, advirtió Leiva.
La economía de este país centroamericano ha sido socavada por los cinco meses de disturbios sociales, cuya espoleta fue el rechazo al decreto de reforma de la Seguridad Social en abril, que pronto derivó en rebelión y exigencias de renuncia del presidente, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Nicaragua, gobernada por Ortega desde 2007, tiene a 47 por ciento de sus 6,3 millones de habitantes en situación de pobreza, y según el Banco Mundial es el tercer país más pobre del continente americano, por lo que especialistas coinciden que los efectos económicos de la crisis precarizarán más aún a la población más vulnerable.
Los economistas estiman que se han perdido más de 215.000 empleos, de ellos 70.000 en el sector turístico, que en los dos últimos años se convirtió en la principal fuente de divisas del país.
Desde que comenzó la crisis, más de 900 millones de dólares se han fugado del sistema financiero, la oferta turística ha quedado en ruinas con el desplome de 55 por ciento de la actividad en julio frente al año anterior, según el Banco Central de Nicaragua.
Inversiones en turismo, en construcción, en desarrollo agrícola, en actividades bursátiles y otros rubros de la economía, se congelaron desde abril. También alimentaron el frenazo de la economía la suspensión o reducción de los vuelos de aerolíneas internacionales y varias sanciones económicas y políticas en el ámbito internacional.
El impacto económico de la crisis ha sido cuantificado por las diferentes cámaras empresariales en más de 1.200 millones de dólares, en un país con un producto interno bruto (PIB) que bordea los 14.000 millones de dólares.
Después de un crecimiento de 4,9 por ciento en 2017 y una previsión para este año de cuatro por ciento, pero ahora la perspectiva se redujo a uno según el Banco Central y cero por ciento según economistas independientes.
La crisis, a criterio del sociólogo y economista Cirilo Otero, podría incluso incidir en la seguridad alimentaria del país, debido a la destrucción de miles de hectáreas de tierras productivas que fueron tomadas por invasores en demanda de viviendas sociales.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó que más de 4.855 hectáreas de terrenos privados fueron invadidas con esa fórmula por partidarios del gobierno, en lo que califica de venganza por su respaldo a los manifestantes.
Esa agrupación es parte del Consejo Superior de la Empresa Privada, cabeza de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que desde abril propició varios intentos fallidos de diálogo con el gobierno para buscar una salida a la crisis, donde también participaron la Iglesia Católica y organizaciones sociales y estudiantiles.
Más de 90 por ciento de las fincas invadidas se destinaban a agricultura, ganadería y mejoramiento genético de alimentos, se asegura, aunque los invasores los califican de lotes baldíos.
“El panorama del país, a corto, mediano y largo plazo, es tenebroso, oscuro, peor que Venezuela, porque allá al menos tienen petróleo; aquí dependemos de la producción agraria y turística, dos rubros severamente golpeados por la crisis que Ortega generó con la represión”, dijo Otero a IPS.
La crisis económica, planteó el economista, se percibe en la caída de toda la actividad económica, académica, cultural, en la fuga de capital y la migración.
En las oficinas de Migración y Extranjería de Nicaragua se volvieron cotidianas las grandes filas de personas buscando pasaportes para migrar.
Alejandro José Mairena, del norteño departamento de Matagalpa, fue uno de los que a mediados de septiembre hacia gestiones en Managua para obtener sus documentos de migración con el objetivo de viajar a Panamá a buscar suerte.
“A mí lo que me interesa es el trabajo, sin trabajo no hay vida y aquí en Nicaragua no hay trabajo, ni seguridad ni progreso. Todo eso se acabó”; dijo a IPS.
El presidente Ortega, quien respondió al estallido social con una represión calificada de brutal por organismos humanitarios locales e internacionales, ha reconocido a medios extranjeros que los disturbios dañaron la economía del país y achaca esos daños a los manifestantes, a quienes sigue estigmatizando en sus discursos como terroristas y asesinos.
Y mientras los señala de terroristas en sus discursos, la represión del Estado sigue ahora en el plano judicial y policial: cada día se denuncian detenciones ilegales, desapariciones forzadas de personas que luego de semanas aparecen acusadas de terrorismo y otros delitos en juicios a puertas cerradas.
A las oficinas de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos, en Managua, llegan a diario las denuncias de acoso y detenciones de policías y fuerzas paramilitares.
Los denunciantes son líderes estudiantiles, líderes campesinos, exmilitares y exguerrilleros, activistas de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y pobladores que en algún momento se sumaron a las protestas.
“Es una verdadera cacería humana, con denuncias de torturas, abusos sexuales, aberraciones jurídicas e implantación de pruebas para condenar a la gente a penas de más de 20 años de cárcel”, denunció Leiva.
Pese a la elevada cifra de muertos y heridos, las movilizaciones contra el gobierno, que abanderaron los estudiantes universitarios, con el apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos y población opositora, fracasaron en conformar una plataforma alternativa con la fuerza suficiente para forzar un cambio político.
Ello, junto con la represión sin miramientos de las fuerzas regulares e irregulares del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha ido acallando las protestas en las calles.
Las marchas multitudinarias contra Ortega de los meses iniciales se han reducido a pequeñas concentraciones que son aplacadas por la policía y fuerzas de choque armadas del gobierno.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el miércoles 12 de septiembre, en el occidental departamento de León, donde policías y fuerzas de choque del gobierno asediaron una protesta de estudiantes de medicina, aunque en esta ocasión no hubo detenidos.
La Alianza Cívica denunció este viernes 14 que en siete días la policía detuvo ilegalmente a 17 jóvenes del movimiento estudiantil a quienes han acusado de terrorismo y otros delitos graves, sin presentar pruebas.
Edición: Estrella Gutiérrez
