Como lo ha hecho a lo largo de su historia, Argentina ha recibido en los últimos años un gran número de inmigrantes. La mayoría se instala en Buenos Aires y no logra insertarse en el mercado formal del trabajo.
Ahora, el director nacional de Migraciones, Horacio García, dice que esta realidad no le sirve al país ni a los migrantes y que llegó el momento de orientarlos hacia el interior, de acuerdo a la demanda laboral.
“Durante los últimos dos años y medio, hemos otorgado radicaciones (permisos de residencia) a unas 520.000 personas, de los cuales el 83 por ciento se instaló en la capital y los del alrededores. Esto es una catástrofe”, dijo a IPS en una entrevista el responsable de la política migratoria argentina.[pullquote]3[/pullquote]
El funcionario, designado por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su gobierno, en diciembre de 2015, agregó: “La mayor parte de quienes llegan no tienen acceso al trabajo o a la vivienda ni posibilidades de progresar. No hemos tenido política migratoria; simplemente hemos amontonado gente”.
En Buenos Aires se llama villas a los asentamientos precarios donde se hacinan cientos de miles de personas sin acceso a la vivienda. La más céntrica de todas, y la más codiciada por quienes llegan sin dinero para un alquiler formal, es la Villa 31.
Está pegada al cotizado barrio de La Recoleta, uno de los más caros de la ciudad, y en sus 320 hectáreas, entre vías del ferrocarril y autopistas, viven unas 40.000 personas.
De ellas, 53 por ciento son extranjeras, de acuerdo al último relevamiento oficial, realizado en 2015.
Paraguayos y bolivianos encabezan la lista entre los extranjeros que llegan a la Argentina. Durante 2017 los ciudadanos de esos dos países limítrofes sumaron más de la mitad de los 212.845 extranjeros que obtuvieron radicación permanente o temporaria, según datos proporcionados por la Dirección Migraciones a IPS.
Fueron 61.342 los paraguayos y 48.165 los bolivianos, muchos de los cuales van a poblar las villas.
En el tercer lugar de la lista tradicionalmente aparecían los peruanos, pero desde el año pasado fueron desplazados por los venezolanos, como consecuencia del colapso económico y social de ese país. Fueron 31.167 los que obtuvieron radicación en Argentina durante 2017.
El gobierno de centroderecha argentino, enfrentado con el definido como izquierdista de Nicolás Maduro, presenta como un gesto político su apertura hacia los venezolanos.
A los ciudadanos de ese país les da las mismas facilidades para radicarse que a los ciudadanos de países del Mercado Común del Sur (Mercosur), a pesar de que Venezuela está suspendida como miembro de esa organización de países sudamericanos.
De hecho, el propio Macri elogió a los inmigrantes venezolanos. “Nos duele a todos lo que está pasando. Lo mínimo que podemos hacer es recibirlos”, dijo el presidente el 19 de julio, durante una comunicación con sus seguidores en la red social Instagram.
Pero los venezolanos, igual que los paraguayos o bolivianos, no la tienen fácil en su nuevo país.
Gerson Sánchez, un ingeniero agrónomo venezolano de 39 años, llegó a Argentina en noviembre de 2016 y en menos de dos meses ya había conseguido su radicación temporaria.
En su país trabajaba en una compañía petrolera pero hoy en Buenos Aires es cocinero en La Pulpería del Cotorro, un restaurante popular del barrio de Parque Patricios, en el sur de la ciudad.
“Tuve que aprender de cero a cocinar las comidas argentinas que yo no conocía, como el locro”, contó a IPS este migrante, quien sueña con realizar un emprendimiento agrícola junto a colegas venezolanos que también están en la Argentina, pero todavía no da con mecanismos para acceder a tierra ni a crédito.
“Yo ya asumo a Argentina como mi país. Siento que nuestro aporte aquí es apreciado”, agregó Sánchez.
Él vive en un barrio de la comunidad boliviana de Villa Celina, en las afueras de Buenos Aires, junto a su esposa y sus tres hijos de 12, 15 y 16 años, quienes rápidamente se integraron a la escuela pública argentina.
Las migraciones en Argentina se rigen por la Ley 25.871, promulgada en 2004, que garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros independientemente de su situación migratoria y ha sido elogiada por organizaciones de derechos humanos.
De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destaca que este país sudamericano es el mayor receptor latinoamericano de migrantes, en proporción a su población, de 44 millones de habitantes, 4,8 por ciento de ellos nacidos en el extranjero.
Sin embargo, en enero de 2017 el gobierno modificó esa ley por medio del decreto 70 y endureció las políticas hacia los extranjeros, al establecer la posibilidad de que sean expulsados del país, en trámite sumario, aquellos involucrados en una investigación penal, aunque estén acusados de un delito leve e independientemente de su situación familiar.
Una Cámara (tribunal) Federal de Apelaciones declaró inconstitucional el decreto en marzo de este año, ya que consideró que viola los derechos de los migrantes y que el tema debió ser discutido en el legislativo Congreso Nacional.
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión y, mientras se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la norma se sigue aplicando. Según dijo García a IPS, ya fueron expulsados unos 1.000 extranjeros en trámite sumario desde el año pasado.[related_articles]
“Hoy el gobierno hace todo lo posible para deportar a los inmigrantes”, dijo a IPS la peruana Lourdes Rivadeneira, que vive hace 25 años en Argentina y que es activista de la organización Frente Patria Migrante.
Rivadeneira agregó: “Los turnos para tramitar las radicaciones en Migraciones están demorando casi un año, con lo cual los recién llegados se manejan durante tres meses con su visa de turista y luego quedan indocumentados, expuestos a todo tipo de arbitrariedades”.
El director de Migraciones lo niega y dice que hoy el gobierno mantiene el espíritu de la Constitución Nacional, dictada en 1853, que abre el país a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
“Tenemos un marco jurídico que favorece la llegada de inmigrantes, pero seguir agregando casi 300.000 por año a Buenos Aires y el Conurbano es una bomba para la Argentina”, precisó García a IPS.
En la capital argentina viven tres millones de personas, que se elevan a 15 millones al sumar su área metropolitana, conocida como el Gran Buenos Aires, lo que representa 34 por ciento de la población total del país.
“Tenemos que empezar a construir un sistema migratorio que no deje a las personas libradas a su suerte. La política debe hacerse carne de esta cuestión pero le tiene miedo. Migraciones es un tema tabú; nadie quiere hablar, porque el que lo hace es acusado de xenófobo”, agregó.
El funcionario aseguró que conversó el tema con el presidente Macri, quien está de acuerdo, y añadió que ya contactó a las autoridades de la provincia de Río Negro, en el sur del país, para establecer allí un grupo de migrantes.
Las autoridades rionegrinas se mostraron entusiasmadas con la posibilidad de recibir trabajadores sin calificación para trabajar en la cosecha de frutas, como también profesionales, ya que les faltan médicos, por ejemplo.
García dijo que tiene en su agenda conversar con autoridades de las provincias de Neuquén, San Juan, Salta y Jujuy.
Hoy, sin embargo, no está claro cómo este trabajo se va a llevar adelante, si es que se pone en marcha. El propio García reconoce: “Tendrá que ser un trabajo artesanal. No existe la magia”.
Edición: Estrella Gutiérrez
