Comenzaron a llegar a Argentina en los años 90 y la mayoría se integró con naturalidad al colectivo de vendedores callejeros de Buenos Aires y otras ciudades del país. Pero, en los últimos meses, los inmigrantes senegaleses han sufrido hechos de violencia por parte de la policía, denunciados como una campaña de persecución racial.
“Siempre tuvimos buena relación con los policías. Hasta me cuidaban la mercadería cuando yo iba al baño. Pero últimamente todo cambió”, dijo a IPS el senegalés Moussa Sow, de 35 años, que lleva 11 viviendo en Argentina.
“Nos sacan todo lo que tenemos a los negros, muchas veces nos pegan y a quienes están vendiendo al lado nuestro no les tocan nada”, agregó Sow, quien está casado con una argentina y se traslada por la extensa geografía de Buenos Aires y los barrios suburbanos, de acuerdo a donde encuentre menor presencia policial, vendiendo bisutería, anteojos y relojes.
Sow fue el único senegalés presente en un acto convocado por jóvenes argentinos e inmigrantes no africanos, para denunciar lo que está ocurriendo y reclamar que los dejen trabajar, que tuvo lugar el sábado 16 frente al Obelisco, el monumento más emblemático del centro de Buenos Aires.
“Los senegaleses no vinieron porque tienen miedo. Es evidente que desde el año pasado hay una orden de perseguir a los africanos, con la excusa de que cometen infracciones a la ley de marcas o que realizan actividad comercial en el espacio público”, aseguró Nemgumbi Sukama, un activista de derechos humanos nacido en República Democrática del Congo, que vive en Argentina desde 1995.
A comienzos de este mes, la foto de un golpeado Serigne Dame Kame, con un brazo destrozado y tendido en el suelo en un charco de sangre, en medio de policías, circuló ampliamente por las redes sociales. El joven senegalés, de 30 años, terminó internado en un hospital y operado de urgencia, pero detenido.
El hecho ocurrió en la avenida Avellaneda, una tradicional zona comercial en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y, según la versión de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dame Kame se cayó contra la vidriera de un local cuando intentó escapar para no ser detenido, por infracción a la ley de marcas.
Otros testigos aseguraron, en cambio, que los agentes policiales atacaron a golpes al inmigrante y que uno de ellos le cortó el brazo con una navaja que luego guardó rápidamente en su uniforme.
La situación fue denunciada por grupo de organizaciones de derechos humanos, entre las que están el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las más respetadas localmente, y Amnistía Internacional.
Las ciudades de Buenos Aires y La Plata, a 55 kilómetros, han visto en los últimos meses “operativos policiales desproporcionados para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores senegaleses”, dijeron las organizaciones en un comunicado.
“Tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil racial para la criminalización de los trabajadores senegaleses”, agregaron.
No hay cifras oficiales actualizadas sobre la presencia de inmigrantes africanos que viven en Argentina. El último censo, en 2010, contó apenas 2.738 personas de ese continente, pero especialistas precisan que la gran mayoría no fueron registrados.
La Dirección Nacional de Migraciones proporcionó a IPS datos que reflejan que son senegaleses más de la mitad de los africanos que viven en Argentina y la única nacionalidad con una comunidad significativa.
Entre 2004 y julio de 2017 se otorgó la radicación (residencia) permanente a 2.380 personas africanas, de ellas 62 por ciento senegalesas, mientras se concedió la radicación temporal a 5.536, de las que 79 por ciento fueron originarias de Senegal.
Arfang Diedhiou, presidente de la Asociación de Residentes de Senegaleses en Argentina (Arsa), dijo a IPS que estima que sus connacionales son unos 5.000 y que siguen llegando, en una cifra avalada en líneas generales por investigadores académicos del tema.
Las agresiones de la policía a los senegaleses y otros migrantes africanos parecen relacionarse con el endurecimiento por las autoridades, desde 2016, de su política contra la venta callejera, ante la presión de las cámaras de comercio. De hecho, no existen denuncias de hechos de violencia en situaciones ajenas a esa actividad.
Las agresiones de la policía a los senegaleses y otros migrantes africanos parecen relacionarse con el endurecimiento por las autoridades, desde 2016, de su política contra la venta ambulante, ante la presión de las cámaras de comercio. De hecho, no existen denuncias de hechos de violencia en situaciones ajenas a esa actividad.
En los 90 comenzó la historia
Este país sudamericano, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es el mayor receptor latinoamericano de migrantes, en proporción a su población, de 44 millones de habitantes, con 4,8 por ciento de ellos nacidos en el extranjero.
Un documento publicado en 2017 por esa agencia de las Naciones Unidas precisa que el flujo migratorio senegalés comenzó con algunos “pioneros” en los años 90 y que a partir de entonces, comenzaron a sumarse más inmigrantes a partir de la información “boca a boca”, a la que los senegaleses le otorgan más importancia que a la que circula por canales institucionales.
También contribuyeron durante los últimos años los obstáculos cada vez mayores para ingresar a países de la Unión Europea.
Las dificultades siempre fueron muchas. Al llegar, lo único que muchos senegaleses conocían de Argentina era que es la tierra del astro del fútbol Diego Maradona.
Los inmigrantes son, en su mayoría, hombres solos y jóvenes, que planean una reunificación familiar que suele tardar muchos años en concretarse. De los senegaleses que viven en Buenos Aires, detalla la OIM, “63,74 por ciento de ellos posee entre 20 y 34 años. Únicamente 1,19 por ciento es mayor de 60 años”.
La socióloga Gisele Kleidermacher, que desde hace años investiga la inserción de los migrantes senegaleses en Argentina, afirmó a IPS que “se dedican mayormente aquí a la venta callejera porque esa es una actividad tradicional en su país, que tiene una economía mayormente informal”.
“A eso se suma que tienen dificultades para encontrar otro trabajo, debido a que no saben el idioma y a que en general tienen una situación migratoria precaria”, indicó.
Kleidermarcher agregó: “Si bien ha habido en los últimos meses una escalada de violencia muy grande, la situación no es completamente nueva. Ya hace varios años hubo un juicio contra tres policías por agredir senegaleses y el tribunal advirtió a los agentes sobre sus prejuicios raciales”.
En enero de 2013, y gracias a la presión de una Mesa de Trabajo integrada por organizaciones de la sociedad civil, el gobierno argentino lanzó un plan de regularización migratoria especialmente diseñado para senegaleses y dominicanos.
Durante los seis meses que duró ese programa, fueron unos 1.000 los senegaleses que pudieron regularizar su situación en este país sudamericano.
Desde entonces, “todos los que llegaron están sin papeles”, aseguró Diadhiou, padre de tres hijos, uno de ellos nacido ya en Argentina.
Una situación que según muchos colaboró a crear el clima para la violencia policial contra los senegaleses es el decreto modificatorio de la Ley de Migraciones, que el gobierno dictó a comienzos del año pasado.
Esta nueva norma acelera los trámites de expulsión de los extranjeros imputados por la comisión de algún delito y restringe el acceso a la nacionalidad argentina.
El decreto fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que señalaron que asocia a los migrantes con delincuencia.
Varias de esas organizaciones recurrieron a la justicia y consiguieron que una Cámara de Apelaciones declarara en marzo su inconstitucionalidad. Ahora, la decisión final sobre la aplicabilidad del decreto deberá tomarla la Corte Suprema.
Demián Zayat, coordinador del programa de violencia institucional de la Defensoría General de Buenos Aires, explicó a IPS que “últimamente la policía busca generar conflictos con los senegaleses. Intentan secuestrarles la mercadería, ellos la defienden y entonces los detienen bajo la acusación de resistencia a la autoridad”.
“Entendemos que hay una estrategia de llenarlos de causas penales, los que los complica muy especialmente porque la mayoría no están en situación migratoria regular”, agregó el funcionario de la dependencia adscrita al Ministerio Público.
Zayat contó que muchos senegaleses han narrado que fueron víctimas de violencia policial y que actualmente en la Defensoría están armando una denuncia que será presentada próximamente, que englobará a varios casos.
“Lo haremos de esta manera porque lógicamente ninguno quiere hacer una denuncia individual, ya que tienen miedo a las represalias”, explicó.
Edición: Estrella Gutiérrez
