El gobierno de Mauricio Macri sueña con que Argentina se convierta en líder mundial de la producción de litio. Pero no parece tan claro que la aspiración, apuntalada en el interés de las grandes compañías multinacionales del sector, también pueda ser un camino para el desarrollo de comunidades locales.
Con apenas dos emprendimientos en producción, Argentina aporta hoy unas 40.000 toneladas anuales de ese elemento químico clave para las baterías que se utilizan en el mundo para, por ejemplo, teléfonos celulares y automóviles eléctricos, lo que representa 16 por ciento de la producción global, según datos del ministerio de Energía y Minería argentino (MinEM).
Pero se espera que estos números aumenten significativamente en un futuro cercano, porque ya desembarcaron en Argentina las principales compañías internacionales dedicadas a ese negocio, fuertemente vinculado a la transición energética de los combustibles fósiles hacia las fuentes limpias.
Así, en los últimos dos años hubo inversiones extranjeras por cerca de 2.000 millones de dólares, y hoy existen nada menos que 53 proyectos en fase de exploración o de estudios de factibilidad técnica y económica, que cubren en total una superficie de 876.000 hectáreas en el noroeste del país, de acuerdo al MinEM.
“Hasta donde llegamos en la Argentina es hasta la extracción del carbonato de litio. El problema es que no tenemos la tecnología ni las patentes para el ensamble y el armado final de las baterías”, explica a IPS el economista Benito Carlos Aramayo.
“En consecuencia, el litio no va a cambiar la matriz productiva del noroeste del país, que está al nivel de materias primas. Apenas la ampliará un poquito, porque hoy dependemos fundamentalmente de la caña de azúcar y el tabaco”, agregó Aramayo, vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy.
Junto a Salta y Catamarca, Jujuy es una de las provincias del noroeste que concentran la mayor parte de las reservas de litio del país. De hecho, de los 53 proyectos que se espera que pasen próximamente a producción, 48 están en esas tres provincias, en una ecorregión denominada Puna.
Es una zona árida, con salares que alcanzan más de 4.000 metros de altura, que forma parte de lo que se ha denominado el “Triángulo del Litio”, que incluye el norte de Chile y el sudoeste de Bolivia. En los últimos años, distintos reportes científicos han señalado que la región guarda aproximadamente la mitad de las reservas mundiales de litio.
Justamente, Chile lidera en los últimos años el mercado mundial, pero en la actualidad los grandes capitales del sector parecen estar mirando a Argentina, en un contexto en el que se espera que la demanda mundial de litio se triplique para 2025, según publicó en junio pasado el semanario inglés The Economist.
La intensa actividad exploratoria realizada últimamente en la Puna argentina hizo que las reservas de litio del país, que apenas en 2015 se estimaron en 6,3 por ciento del total mundial, hoy representen el 13,8 por ciento.
Ese crecimiento fue reflejado en un informe realizado conjuntamente por los Servicios Geológicos de Estados Unidos y Argentina y que se hizo público a fines de noviembre pasado.
“Argentina puede llegar a convertirse en el primer exportador mundial de litio”, dijo también en noviembre Tom Schneberger, vicepresidente de la compañía FMC, que a través de su subsidiaria Minera del Altiplano produce unas 22.500 toneladas de litio anuales en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca.
Schneberger anunció inversiones por 300 millones de dólares con el objetivo de duplicar la producción en el salar para 2019, y dio dos razones para justificar la expectativa empresaria: la de un aumento de la demanda global y la de las “reglas claras” fijadas por el gobierno de Macri.
“Antes había pocas certezas en las políticas que mantenía el anterior gobierno”, afirmó.
La pregunta es si el desarrollo de las reservas de litio puede traer beneficios a los habitantes del noroeste argentino, una zona particularmente empobrecida que ha acentuado su decadencia en los últimos años.
De acuerdo a un trabajo de Aramayo, la participación de la provincia de Jujuy en el Producto Bruto Interno (PBI) argentino era del 1,3 por ciento en 1980 y en esta década se hundió al 0,6 por ciento.[related_articles]
El historiador Bruno Fornillo, quien ha investigado lo que llama “la geopolítica del litio”, escribió que “las ganancias de la industria de la energía del litio -como sucede con el tratamiento de cualquier materia prima desde que existe el capitalismo-, se encuentran en ir ascendiendo en la cadena de valor”.
Fornillo ve en el litio la posibilidad de ser herramienta de un nuevo modelo de desarrollo y por ello impulsa que la actividad local no se quede en la extracción del insumo básico, sino que avance hacia la fabricación de baterías, que requiere una fuerte producción de conocimientos científicos.
Se trata, claro, de la difícil tarea de romper con el perfil exportador y extractivista.
“Las extracción de litio tiene factores comunes con los demás extractivismos, que se disfrazan de industrias, pero no lo son, porque no producen nada sino que extraen”, dijo a IPS el naturalista Claudio Bertonatti, asesor de la fundación ambientalista Félix de Azara.
“Estas industrias tienen tal poder económico que suelen avasallar a las instituciones en las regiones pobres. Y hasta hace un tiempo se las asociaba con los gobiernos neoliberales, pero últimamente nos dimos cuenta que es tal el poder de estas empresas, que gobierne quien gobierne el extractivismo no cambia”, agregó.
El proceso de extracción del litio en los salares comienza con el bombeo de la salmuera y continúa con un largo proceso de evaporación. De esa manera, con el uso de sustancias químicas, se separa el litio de otras sales.
Es un método similar, aunque a escala industrial, al que han usado durante generaciones, para producir sal, las poblaciones indígenas de la zona, que habitan desde hace miles de años la región que concentra las reservas de litio.
La propiedad indígena de muchos de los territorios es también fuente de conflicto y, de hecho, 33 comunidades de las provincias de Salta y Jujuy presentaron ya en 2010 una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para intentar hacer valer su derecho a ser consultados, pero fue rechazada por el máximo tribunal por cuestiones formales.
Más adelante, en 2015, las mismas comunidades presentaron un protocolo de consulta que respeta los principios y los valores ancestrales de sus pueblos, pertenecientes a las naciones kolla y atacama, denominado Kachi Yupi (“Huellas de Sal”, en la lengua originaria de la zona). El documento fue entregado a las autoridades para su utilización en cualquier proyecto que pudiera afectarlos.
Editador por Verónica Firme
