Fue una tragedia de errores, o de cinismo, que le resta credibilidad a la Justicia en Brasil. El Tribunal Superior Electoral (TSE) absolvió al presidente Michel Temer de corrupción electoral, en nombre de una estabilidad política invisible.
“Cuidamos el mandato, la soberanía popular” del voto, justificó Gilmar Mendes, presidente del TSE en su voto decisivo para asegurar una prorroga a la presidencia de Temer, al concluir el juicio que se celebró entre el 6 y el 9 de junio para parir una sentencia ya esperada, pero ampliamente rechazada.
“No se sustituye un presidente de la República a toda hora”, arguyó contra la inestabilidad histórica que vivió el país en las últimas décadas. Solo “situaciones inequívocas” justifican impugnar gobernantes elegidos y las pruebas sobre ilegalidades “no son suficientes” hacerlo ahora, sostuvo en su voto.
Tenía opiniones opuestas sobre la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), destituida en agosto de 2016, tras un turbulento proceso parlamentario que la sustituyó por Michel Temer, elegido vicepresidente en la fórmula que triunfó en las elecciones de octubre de 2014.
“Por primera vez en la historia un tribunal absolverá los reos por exceso de pruebas”, ironizó Jorge Bastos Moreno, veterano columnista del diario O Globo, atribuyendo el comentario a alguien no identificado que acompañaba el histórico juicio, antes de su dividido desenlace de cuatro votos contra tres.
Pareció un juego de cartas marcadas, ya se sabía desde antes que cuatro de los siete jueces no considerarían las pruebas que presentó el relator del proceso, Herman Benjamin. Son pruebas “oceánicas”, según él, al resumir su informe de 8.000 folios y votar por la condena.
El proceso buscaba anular las últimas elecciones presidenciales por “abuso del poder económico y político” de la fórmula vencedora. Lo demandó el partido del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), encabezado por el candidato derrotado, Aecio Neves.
El disparo apuntaba a Rousseff, pero con su destitución, terminó por herir a Temer y dejar cicatrices indelebles en la Justicia Electoral, en lo que sería una comedia de errores, no fuese la dramática situación de Brasil.
La demanda fue descartada por su primera relatora en el TSE, Maria Thereza Moura, en febrero de 2015, alegando insuficiencia de pruebas.
Pero el Tribunal decidió reabrir el proceso en octubre de 2015, por cinco votos contra dos. Se destacó el voto favorable de Gilmar Mendes que siete meses después asumiría la presidencia del TSE, lo que le permitió conducir este “juicio histórico”.
Arguyó que hechos nuevos, descubiertos por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos) que desnudó la corrupción sistémica en la política brasileña, deberían ser incluidos en el proceso, “en busca de la verdad de los hechos”.
Sus palabras de entonces fueron repetidamente recordadas ahora por el relator Benjamin, en un intento de cambiar su voto o destacar su contradicción. Esa táctica irritó a Mendes, forzándolo en su voto final a afirmar que “no tengo problemas en cambiar de opinión y lo hago con sinceridad”.
Pero son conocidas sus posiciones favorables a Temer, “un amigo de más de 30 años”, como admitió en otras ocasiones, y de sectores políticos conservadores.
Admitió en 2015 que nuevas investigaciones y pruebas sobre corrupción deberían hacer parte del proceso de impugnación. En aquel entonces estaban Rousseff y su izquierdista Partido de los Trabajadores en el poder.
Ahora que el blanco principal es el presidente Temer, Mendes descartó “nuevos hechos” en su voto. Es imposible evitar la conclusión generalizada de que su cambio de opinión se deba al nuevo titular en la presidencia de Brasil.
Mendes acompañó los argumentos de otros tres jueces, dos de ellos recién nombrados por Temer, de que el juicio electoral debe limitarse al objeto y evidencias presentadas en la demanda inicial.
Eso comprende el plazo fijado por el artículo 14 de la Constitución, de 15 días después de entregado el diploma a los electos, para acciones de impugnación por “abuso del poder económico, corrupción o fraude”.
En esa disposición se agarraron los cuatro jueces para “preservar el mandato de quien triunfó en las elecciones” contra “extrapolaciones” de la acción, aunque reconociendo las ilegalidades y la corrupción que se adueñaron del sistema electoral y político del país.
Hubo infracciones “extremadamente graves” pero que deben ser investigados y juzgadas por la vía criminal, no en la Justicia Electoral que debe “tener prudencia para no invalidar la decisión popular”, según el juez Napoleão Maia.
Los magistrados absolvedores descartaron como “hechos sin relación con la demanda inicial”, los testimonios de empresarios que revelaron sobornos en negocios petroleros y en elecciones, así como los publicitas João Santana y Mônica Moura, que condujeron la campaña electoral de Rousseff y Temer en 2014 y están colaborando con la Justicia.[related_articles]
Es decir, se juzgaron las posibles irregularidades en las elecciones, ignorando aportes de dos protagonistas del proceso, que confesaron haber recibido pagos ilegales, no declarados, desviados de contratos de la estatal petrolera e incluso depósitos en el exterior.
Benjamin destacó esas pruebas de abuso del poder económico, repitiendo que los investigó e que interrogó a esas personas porque así lo determinó el mismo TSE cuando fue nombrado relator, cumpliendo especialmente las orientaciones de Mendes.
El juez Luiz Fux fue el más contundente por la condena. “El TSE no es avestruz para meter la cabeza en el suelo e ignorar pruebas”, amonestó.
“No me sentiría cómodo usando un instrumento procesual para no encarar la realidad”, de “delitos gravísimos” reconocidos por todos y hartamente descritos por el relator Benjamin, dijo, con un llamado: “la hora del rescate es ahora”.
Otras maniobras se volvieron contra los hechiceros. El 4 de abril el tribunal decidió por unanimidad aplazar el juicio para nuevos testimonios, que al final fueron descartados. Es lo que permitió a Temer sustituir a dos jueces por otros que supuestamente le serian más favorables.
Sus votos se confirmaron, pero el juicio en este mes terminó por tener una repercusión más negativa para el oficialismo, con independencia del
Ello porque desde el 17 de mayo Temer enfrenta denuncias que lo dejan pendiente de una acusación penal que debe formalizar el Ministerio Público (fiscalía general) en las próximas semanas.
La absolución le asegura una prorroga a Temer en la presidencia, pero su inestabilidad en el poder se acentuó.
Una posible destitución de Temer por vía penal, será el próximo, penoso y largo desafío. Para enjuiciarlo, el Supremo Tribunal Federal, tras acoger la esperada acusación formal del Ministerio Público, tendrá que obtener autorización de la Cámara de Diputados.
Ello resulta improbable ahora, porque exige mayoría de dos tercios donde se concentra la fuerza política que sostiene a Temer. La posible deserción de aliados claves, como el PSDB, puede desatar un efecto manada similar al que derrocó a Rousseff en 2016, aunque el juicio podrá durar hasta seis meses.
Mientras, nuevas denuncias pueden acelerar la desestabilización.
Temer ni siquiera pudo celebrar el triunfo en el TSE. El día siguiente, 10 de junio, estalló otro escándalo. La revista Veja, de orientación derechista, divulgó que el gobierno ordenó a su Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espiar la vida de Edson Fachin, el magistrado del Supremo Tribunal responsable del caso Temer.
El objetivo sería debilitar las acciones anticorrupción que, además de Temer, involucran numerosos auxiliares directos del presidente, algunos de los cuales ya están detenidos y se disponen a colaborar con la Justicia, constituyendo otras amenazas a la estabilidad gubernamental que justificó el fallo del TSE.
Editado por Estrella Gutiérrez
