Los biocombustibles modernos se han convertido en algo habitual en la búsqueda de negocios y estilos de vida rentables y ambientalmente sostenibles. Pero para ser realmente sostenible, la producción de biocombustibles debe lograr encontrar el equilibrio entre sus beneficios y sus potenciales costes ocultos, así como armonía entre seguridad energética y seguridad alimentaria.
Con las políticas adecuadas no deberíamos vernos en la tesitura de elegir entre una u otra opción. Puede ser una situación en las que todos ganemos. Y a eso es a lo que debemos aspirar.
Es previsible que la preocupación por el incremento de los precios de los combustibles fósiles, el aumento de las facturas de importación de energía, los cambios geopolíticos y las cuestiones medioambientales como el cambio climático no desaparezcan en el corto plazo, si es que alguna vez lo hacen.
Uno de los principales retos a los que las autoridades y los creadores de políticas se seguirán enfrentando al abordar estas cuestiones, es la producción de biocombustibles protegiendo a la vez el suministro y los precios de los alimentos, especialmente en países en desarrollo y economías emergentes.
Al igual que las fuerzas que actúan en oposición en la naturaleza para crear equilibrios, las políticas pueden ser más efectivas si son lo suficientemente flexibles como para contrarrestar las variaciones del mercado y responder a las cambiantes necesidades humanas.
Varios países ya han desarrollado y ejecutado políticas para hacer que sus mercados nacionales de biocombustibles sean más flexibles, a fin de dar cabida a los cambios en las materias primas agrícolas y en los mercados de combustibles fósiles. Hay mucho margen de mejora en estas opciones y posibilidades de extenderlas a otros mercados.
Más de 60 países cuentan con legislación que especifica el porcentaje de contenido del combustible que debe provenir de fuentes renovables.
Donde existen estas regulaciones, permitir una flexibilidad adicional sería una forma de minimizar la presión sobre los precios de los alimentos. Por ejemplo, las directivas anuales sobre el contenido de combustible renovable podrían alargarse para cubrir períodos más largos de tiempo: una opción es ajustarse a mandatos de cinco o 10 años en lugar de a mandatos anuales.
Una mejor coordinación de políticas entre los gobiernos también es importante. La coordinación entre Estados Unidos, la Unión Europea y las políticas de Brasil podría evitar grandes flujos de comercio de etanol. También podría reducir la demanda adicional de ciertas materias primas cuando los precios ya son altos.
También se podría lograr mayor flexibilidad directamente en los puntos de repostaje a través de mayor promoción de la tecnología de los vehículos de combustible flexible (FFV, por sus siglas en inglés).
Este enfoque permitiría tanto a los mezcladores de combustible como a los consumidores responder a los cambios en los precios relativos alternando entre los combustibles fósiles y los biocombustibles, según el caso.
No se trata solo de que los regímenes existentes sean más flexibles sino también de que las políticas sobre biocombustibles puedan ser utilizadas para generar fondos que permitan a los consumidores de alimentos de los países pobres hacer frente a los posibles efectos adversos de las subidas de los precios. Una opción podría ser la puesta en práctica de una cuota variable en los requisitos de las mezclas.
Hay incluso medidas más directas que se podrían usar para ayudar a aquellos que sufren inseguridad alimentaria a desenvolverse en entornos de precios de los alimentos altos y volátiles. Aquí es donde los sistemas de protección social pueden marcar una mayor diferencia.
Estos sistemas pueden contribuir a nivelar el campo de juego para las personas cuya capacidad de compra de alimentos o de inversión en actividades generadoras de ingresos pueden estar en oposición con el aumento de precios.
En algunos países las transferencias de efectivo y otros esquemas similares han proporcionado importantes salvaguardias para familias de pequeños productores agrícolas en comunidades vulnerables.[related_articles]
Además de hacer que las políticas existentes sean más flexibles, el segundo gran desafío es aprovechar al máximo el potencial de los biocombustibles para la seguridad alimentaria.
En muchos países en desarrollo la falta de acceso al suministro de energía continua y asequible es el factor más importante en la limitación de la productividad agrícola y, a su vez, la seguridad alimentaria sostenible.
En muchas partes sin litoral de África subsahariana los agricultores llegan a pagar dos o tres veces el precio que los combustibles fósiles tienen en los mercados internacionales. A menudo hay carencia total de electricidad o dependencia de generadores que funcionan con combustibles fósiles caros.
La inestabilidad y los elevados costes en el suministro de energía de combustibles fósiles no permiten a los agricultores mecanizar la producción e incrementar la producción de alimentos. Más bien pueden incluso aumentar el despilfarro y el deterioro. Proporcionar a los campesinos diesel hecho a base de jatrofa (Jatropha curcas) o de aceite de palma podría ser una solución eficaz.
El apoyo a la inversión y a la capacitación en la producción y el uso de biocombustibles también podrían generar beneficios año tras año.
La producción de biocombustibles y la seguridad alimentaria no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, pero hay que reconocer el intrínseco vínculo que existe entre ambas en el proceso de formulación de políticas con el fin de mantener un equilibrio constante entre seguridad energética y el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, asequible y nutritiva.
Sin duda, la conciliación de la alimentación y la seguridad energética en tantos ámbitos distintos es una tarea difícil. Pero introducir mayor flexibilidad en la aplicación de las políticas existentes y hacer más esfuerzos para aprovechar el potencial de los biocombustibles para los agricultores en contextos de escasez de alimentos y energía es una oportunidad que no se debe perder.
José Graziano da Silva es el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
