México carece de un sistema eficaz de seguimiento de organismos genéticamente modificados pese a que está regulado por ley desde mediados de la década pasada, aseguran expertos. En el caso del maíz, esta situación imposibilitó obtener datos que hubieran trabado su siembra comercial, alertan.
“Los monitoreos gubernamentales debieron comprobar los riesgos, pero no se atreven a reconocer que hay daños a la salud y al ambiente”, advirtió Álvaro Salgado, miembro de la no gubernamental Red en Defensa del Maíz.
“Ello puede justificar las intenciones de la industria. La contaminación (de cultivos convencionales) no es casual, es deliberada. No hay que hacer tanto monitoreo, sino directamente cerrar la entrada” a los organismos genéticamente modificados (OGM), enfatizó Salgado en entrevista con IPS.
Desde la década pasada, la Red ha hecho sondeos en el norteño estado de Chihuahua y en los sureños Hidalgo, Veracruz y Oaxaca detectando, asegura, la presencia de material genéticamente modificado. Ahora se enfoca en el análisis de especies híbridas, por ser la fuente posible de contaminación.
Las secretarías (ministerios) de Agricultura, Salud Pública y Medio Ambiente (Semarnat), así como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), son los encargados de inspeccionar la presencia de material genético en el país, según la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de 2005.
Esta norma especifica que las plantaciones “piloto y experimental” deben hacerse en áreas controladas, guarecidas para impedir la contaminación, con evaluaciones de riesgo. En particular para el maíz, implementa un régimen de protección especial que, basado en los centros de origen y diversidad del grano y sus parientes silvestres, veda la liberación en determinadas áreas.
[related_articles]La queja de las organizaciones de la sociedad civil es que el mapa resultante de esta disposición no está completo y que prácticamente debe abarcar todo el país como centro de origen, por el número de variedades existentes y por su distribución geográfica.
Por eso los especialistas dudan del alcance de la vigilancia de las autoridades y de la veracidad de sus resultados.
“Faltan muchos datos sobre el monitoreo. No se está reportando adecuadamente», criticó ante IPS la coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de la oficina mexicana de Greenpeace, Aleira Lara.
Esta organización ambientalista tenía preparado para aplicar un protocolo de inspección en Chihuahua, donde apareció contaminación transgénica en 2007, pero no pudo instrumentarlo por el nivel de inseguridad existente en esa zona.
Las firmas estadounidenses Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences presentaron en septiembre pasado seis solicitudes de plantación comercial de maíz transgénico para más de dos millones de hectáreas en el noroccidental estado de Sinaloa y en el oriental Tamaulipas. Pero el plazo legal venció en febrero sin que el gobierno respondiera, ante lo cual se reiteraron las solicitudes.
Además, esas corporaciones y Syngenta presentaron otros 11 pedidos para la siembra piloto y experimental de maíz transgénico en 622 hectáreas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California.
Adicionalmente, Monsanto solicitó tres avales para la plantación comercial de ese grano en el norte del país sobre una superficie no especificada.
Desde 2009, el gobierno mexicano autorizó 177 permisos de siembra experimental y piloto sobre una extensión de 2.664 hectáreas. Los avales para este tipo de plantaciones requieren el seguimiento de las zonas aledañas para constatar la fuga de material transgénico.
Organizaciones de la sociedad civil buscan mediante comunicaciones directas con el gobierno y solicitudes de información pública la postura oficial hacia los OGM, pero su respuesta es que las liberaciones existentes han cumplido con la ley y que la decisión sobre el aval comercial se basará en criterios científicos.
El proyecto de regulación gubernamental sobre la entrega de resultados de las liberaciones de OGM se encuentra aún en consulta pública.
El estudio del Inecc de 2012 «Indicadores para el monitoreo de efectos de la liberación de maíz genéticamente modificado en el norte del país» indica que no se cuenta «con información de línea base sobre el estado de las comunidades de organismos no blancos presentes en los sitios de liberación».
También señala que «no se tiene calibrada la respuesta de alguna especie de maíz no blanco presente en los sitios de liberación a las proteínas insecticidas o las diferentes prácticas de manejo asociadas a los cultivos genéticamente modificados y convencionales».
Como la ley no especifica el tipo de seguimiento a realizar, se tendría que ejecutar uno en particular, derivado de una evaluación de riesgo sobre una variante de OGM, y uno general, para detectar efectos no previstos en la evaluación de riesgo.
México, centro de origen del maíz, produce unos 22 millones de toneladas anuales de 59 razas nativas y 209 variedades, pero debe importar más de ocho millones, según estadísticas de la Secretaría de Agricultura. De hecho, el país le compró a Sudáfrica aproximadamente dos millones de toneladas de este grano genéticamente modificado en los últimos dos años y planea comprar otras 150.000 toneladas.
Este país de 117 millones de habitantes, tiene unos tres millones de agricultores maiceros que siembran una extensión de ocho millones de hectáreas. Pero más de dos millones destinan sus cosechas al consumo familiar. El cultivo se centra en especies de granos blancos, mientras el amarillo, empleado en alimentación animal, se importa.
Organizaciones ambientalistas, científicas y de campesinos, que se oponen a los OGM, han hallado contaminación del cultivo nativo en al menos cinco estados, atribuida a granos importados y que reparte el gobierno en su campaña contra la pobreza.
Por ello, la sociedad civil y la academia activaron las alertas ante la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto apruebe la siembra comercial de maíz transgénico, por entender que implica riesgos para la salud humana, el ambiente y la riqueza biológica.
En concreto, organizaciones de productores, indígenas, apicultores, ambientalistas y consumidores presentaron el 5 de este mes una acción colectiva para que los tribunales frenen esa posibilidad.
Argumentaron que los límites establecidos en la ley son ineficaces, pues existe contaminación transgénica en varios estados, y que la liberación comercial solicitada sobrepasará los límites y restricciones legales y lesionará los derechos a un ambiente sano y de accesos a los recursos naturales de diversidad biológica de maíces nativos.
El documento del Inecc expuso que la pertinencia, viabilidad e información del seguimiento de los OGM «deben ser consideradas de forma explícita en el diseño e implementación de los protocolos de muestreo y programas de monitoreo».
