Representantes de pueblos indígenas donde se realizará la primera consulta previa en Perú sobre un proyecto en su territorio, obtuvieron el compromiso de las autoridades de que serán tenidos en cuenta en cada paso del proceso. Pero la palabra ya no les basta y la desconfianza sigue viva.
«Si quieres que te respeten, también respeta las decisiones que tomamos. No es solo respetar directamente al hijo, sino primero al padre», aseguró el indígena achuar Andrés Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco).
Sandi lucía una corona de plumas rojas y amarillas, símbolo de su estatus de «apus» (líder), cuando habló con IPS días después de una ronda de encuentros con autoridades en Lima entre el 24 y el 31 de enero, junto con otros dirigentes de organizaciones indígenas del norteño departamento amazónico de Loreto.
El objetivo de su viaje a la capital peruana desde las profundidades de la Amazonia fue el de reiterar a las autoridades que no puede haber consulta, si antes no se respeta a los representantes de esas organizaciones.
Los líderes denunciaron que técnicos de PeruPetro, la compañía estatal responsable de la licitación del lote petrolero 192 de Loreto, conocido como Lote 1AB, pretendían ingresar al territorio a fines de enero sin tomar en cuenta a los líderes. «Paralizamos todo si no somos escuchados», advirtieron.
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Ese proyecto estrenará en Perú la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios en todas las actuaciones dentro de sus tierras ancestrales, promulgada en agosto de 2011 y cuyo reglamento solo quedó aprobado en abril de 2012.
Feconaco forma parte de la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), que agrupa a otras tres organizaciones de indígenas achuar, urarina, kukama kukamira, secoya, matsés y quechua.
«Las autoridades de PeruPetro han tenido que replantear su intervención porque no se puede obviar la forma en que estas comunidades están organizadas y toman sus decisiones», señaló a IPS la legisladora Verónika Mendoza.
La diputada integra el grupo de trabajo legislativo sobre el proceso de consulta. El 4 de febrero, esta comisión convocó a las autoridades de PeruPetro para dialogar sobre el tema. En esa sesión los congresistas pidieron una rendición de cuentas a la empresa y esta se comprometió a tener informados a los indígenas sobre cada paso.
El reglamento de la ley fija que la consulta debe hacerse de manera directa a los miembros de los pueblos indígenas afectados por las actividades económicas que se desarrollan en su territorio.
La ley representa el demorado cumplimiento peruano del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en vigor en 1991 y que Perú ratificó en 1994.
El tratado de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y obliga a mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat.
Para Mendoza, una cosa es la ley y su reglamento y otra lo que realmente sucede sobre el terreno. Realizar el proceso sin involucrar a los apus, lo considera inviable.
«Pese a todo, se han dado pasos significativos», acotó Mendoza al resaltar un punto que figura en la presentación que llevó PeruPetro al Congreso: que si se evalúa que hay impactos en los derechos colectivos de los pueblos, podrán incorporarse «ajustes en los textos de las bases y modelo del contrato» con la nueva empresa operadora del lote.
En 2015 se extingue la concesión actual del Lote AB1y el proceso de licitación para la nueva concesión y el contrato con el ganador deberán incluir los planteamientos de los indígenas en la consulta previa.
El 30 de enero los representantes de las cuatro organizaciones indígenas plantearon sus observaciones y sugerencias sobre la situación presente y futura a la operadora actual, Pluspetrol Norte, en una reunión en la sede de PeruPetro.
«Exigimos que no nos sorprendan las autoridades», remarcó Sandi, de Feconaco, y sintetizó los temores de los nativos con una analogía. «El pueblo indígena perdió la confianza en el Estado es igual que a un niño al que has pegado y luego le dices: ya no te voy a pegar. No sabes si será falso o verdadero», afirmó.
Los líderes demandan mayor apertura a las autoridades responsables de la implementación de la consulta. Parte de sus críticas van dirigidas al Viceministerio de Interculturalidad, que es el organismo técnico del proceso y que ha elaborado la base de datos de los pueblos que serían consultados, aunque todavía no la ha publicado.
IPS solicitó una entrevista con el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, pero este declinó declarar por el momento.
Según trascendidos, su despacho ha identificado 52 culturas indígenas en el país, 48 de ellas amazónicas y cuatro andinas. También se ha anticipado que este año esa dependencia proyecta realizar cinco consultas sobre otros tantos proyectos.
En octubre, el Viceministerio de Interculturalidad anticipó que la primera consulta sería en febrero o marzo, pero la desconfianza indígena y los vaivenes del Estado complican la meta.
Al menos, los representantes indígenas y PeruPetro acordaron sostener una reunión en la segunda quincena de febrero en la ciudad de Iquitos, la capital de Loreto, para coordinar el cronograma y la implementación de la primera consulta. De allí podría salir su fecha.
Pero el acuerdo no solo es una cuestión de revisar el calendario. En forma paralela, los pueblos indígenas de Loreto demostraron técnicamente a las autoridades el impacto ambiental en sus aguas y territorio, como resultado de 40 años de explotación petrolera.
Tienen videos, fotos, informes técnicos elaborados por sus monitores ambientales. Para ellos, la implementación de la consulta no puede desconocer este aspecto, vinculado con sus derechos fundamentales.
Por ello, en Lima se reunieron con representantes de la comisión multisectorial responsable del tema ambiental y social de los pueblos indígenas, encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros.
En la cita, señalaron que la nueva concesión del Lote 1AB no es posible sin que antes haya soluciones concretas para remediar los pasivos ambientales.
La presión de estas organizaciones permitió que las entidades encargadas de la vigilancia ambiental realizaran un análisis del grado de contaminación en la zona. La tarea empezó con la cuenca del río Pastaza y el resultado fue alarmante.
A inicios de febrero, estas organizaciones recibieron un informe preliminar del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el que señala que en algunos casos la concentración de agentes tóxicos en las aguas del Pastaza superaban hasta 90 veces los estándares ambientales permitidos.
Las organizaciones indígenas aún no recibieron la versión final del estudio, pero ya están revisando el borrador para advertir de esta situación a sus comunidades.
«Vamos a pedir primerito que hagan este tipo de estudios. Que ingresen a las demás cuencas, que hagan esos resultados y le vamos a decir al Estado: ahora responsabilízate en limpiar estas cosas», manifestó Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.
«No podemos aceptar así una consulta, sin que haya un compromiso», dijo a IPS, acompañado de una comitiva de apus, todos ellos ataviados con sus coronas rojas y amarillas.
