El proceso de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que en su tramo final bordea la capital argentina, muestra progresos notables, pero el mayor reto sigue siendo la limpieza del curso de agua lastimado por siglos de desidia, reconocen las partes involucradas en la tarea.
"En el río no logramos todavía que se vean cambios químicos", admitió a IPS el bioquímico Oscar Deina, presidente ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), creada en 2006 y que está conformada por representantes del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 14 distritos de la contigua provincia homónima.
Desde su intervención, los márgenes del tramo del río que marca el límite sur de la ciudad de Buenos Aires están despejados, arbolados, sin basurales ni asentamientos humanos irregulares. La chatarra que había en el lecho fue extraída y se realizan controles sistemáticos a las industrias y obras para el tratamiento del agua residual.
Ya no se ven islas de basura flotando ni esqueletos de barcos oxidados. Pero el agua tiene el mismo nivel de contaminación que cuando empezaron las mediciones hace cinco años. Falta oxígeno y abundan nitrato, fósforo, aceites, hidrocarburos y metales pesados como arsénico, plomo, cromo o cobre.
El río nace con el nombre de Matanza y corre por el noreste de la provincia de Buenos Aires hasta cambiar por el de Riachuelo al constituirse en frontera con la capital federal argentina y desembocar en el Río de la Plata, junto al famoso barrio La Boca.
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Los 64 kilómetros de extensión de este curso de agua y sus 232 afluentes forman una cuenca de una superficie de 2.240 kilómetros cuadrados, donde alrededor de seis millones de personas conviven con unos 25.000 establecimientos comerciales e industriales.
La contaminación de este río de llanura, con escaso caudal y movimiento, es más que bicentenaria. A sus aguas se arrojó basura, efluentes industriales y aguas servidas sin tratamiento, convirtiéndolo así en el curso de agua más tóxico del país. Un fallo de 2006 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó un punto de inflexión.
La Corte ordenó entonces recomponer el ambiente de la cuenca y mejorar la calidad de vida de los vecinos más afectados y designó al juez Luis Armella para que se encargara de hacer cumplir la sentencia y de reportarle periódicamente el estado del proceso de limpieza.
Más allá de los obstáculos, como por ejemplo la necesidad de apartar en 2012 a Armella por sospechas de corrupción, el plan de saneamiento está en curso y las organizaciones no gubernamentales que siguen de cerca el proceso reconocieron progresos y mejoras como nunca antes se habían registrado.
Pero a más de seis años del fallo, preocupa la falta de avances en la calidad del río. Este mes, la organización ambientalista Greenpeace dio a conocer un informe titulado "Las aguas siguen bajando turbias" en el que repasa los resultados de los análisis realizados en los 60 puntos de seguimiento que instaló la Acumar para los controles.
El estudio profundiza en un análisis de la Asociación de Vecinos de La Boca, en la que se reconocía que "es la primera vez en toda la nefasta historia de dos siglos de contaminación que se concretan mejoras en la cuenca", pero también se señalaba la continuidad en los vertidos contaminantes.
"El análisis de Greenpeace demuestra que la calidad de las aguas superficiales no ha tenido avances concretos ni una tendencia que evidencie el mejoramiento", sostiene el estudio, para luego denunciar que las normas de la Acumar "son muy poco exigentes" con los desechos industriales.
El reporte también cuestiona la poca ambición del plan de saneamiento, que apunta a lograr un "uso recreativo pasivo" del río. Es decir, se trabaja apenas para la apreciación del paisaje entre quienes navegan el curso o caminan por sus orillas, pero no para que pueda ser posible algún tipo de contacto con el agua.
"Hay puntos en los que se ve una mejora (de la calidad del agua), pero esos progresos se revierten en controles posteriores, o sea que la tendencia no es favorable", explicó a IPS la coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, Lorena Pujó.
La experta cree que la Acumar debería estudiar la capacidad del río para depurarse y el nivel de efluentes que puede tolerar, porque, si se fijan estándares poco exigentes, las industrias se ponen en regla con solo diluir los contaminantes y el río seguirá contaminado y sin oxígeno.
"La idea no es que las empresas se vayan a contaminar a otro lado sino que cambien su manera de producir, empezando por las más grandes porque eso va a generar el mayor impacto", dijo Pujó. "Sabemos también que esto no se logra de un día para el otro, pero, si trabajamos bien, en 25 años estaríamos mucho mejor", vaticinó.
Para conocer las expectativas de los responsables del saneamiento, IPS entrevistó a Deina quien, lejos de negar las críticas, admitió que los objetivos del plan están "en revisión".
"Apuntar al uso recreativo fue un piso para empezar a trabajar, pero hoy aspiramos a mucho más. Es verdad que en el curso de agua no logramos todavía que se vean cambios químicos, pero sacamos chatarra, pilotes, durmientes y basura, recompusimos los márgenes y taludes y limpiamos el espejo", remarcó el presidente ejecutivo de la Acumar.
"El tema industrial es el que más nos cuesta, porque tenemos que lograr la reconversión", reconoció. Deina sostuvo que 1.700 de los más de 25.000 establecimientos censados eran agentes contaminantes y unos 800 ya terminaron con las obras requeridas para adecuarse, pero todavía falta, anotó.
"Ya estamos hablando con las empresas para que sepan que las exigencias de ahora son un piso, pero más adelante, según el lugar de ubicación de la empresa y el caudal del río, vamos a fijar en cada caso cuánto pueden verter", detalló.
Deina añadió que en la cuenca alta registraron que la biota se recupera, pero admitió que se trata del sector menos afectado por la contaminación y donde es más fácil revertirla. "En la cuenca media y baja las complicaciones son mayores", afirmó.
También aseguró que la categorización de uso del río puede ser modificada y también acotarse los parámetros sobre vuelcos de materiales peligrosos permitidos, pero indicó que para eso necesitan conocer mejor la cuenca. "Estamos buscando conocer mejor el caudal y la dinámica del río", sintetizó.
En mayo se estudiará con un equipo de expertos provenientes de universidades ubicadas en la cuenca qué hacer con los lodos, que concentran la mayor contaminación en el lecho del río.
"Hay cuatro o seis metros de sedimentos. Algunos dicen que no hay que tocarlos para que no interactúen con la columna de agua, pero otros sostienen que se pueden sacar. Tenemos que analizarlo", prometió.
